Fin a cuatro años de acusaciones sobre el mayor geriátrico de España: el juez archiva la causa contra Santa Rita

«¿Ahora quién repone el enorme daño que se ha hecho al Hogar Santa Rita, la mayor residencia para mayores de España?». Esto se pregunta Tomás Villar, presidente de la Fundación Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz, después de haber recibido una noticia que llevaba esperando tanto tiempo. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acaba de comunicar que archiva de forma definitiva la denuncia de la Fiscalía contra esta residencia de mayores llamada Hogar Santa Rita por presuntas graves irregularidades en la atención a los usuarios durante la pandemia de la covid que han quedado completamente descartadas.  

En realidad, la investigación al Hogar Santa Rita, que atiende en este momento a 470 mayores para una capacidad de 600, fue sobreseída hace casi un año, el 20 de marzo de 2024, por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto de la Cruz. Pero ha sido ahora, en una diligencia firmada el pasado 21 de enero y a la que ha tenido acceso EL DÍA, cuando la Audiencia Provincial ha confirmado el archivo al no presentarse ningún recurso y no hallarse ningún indicio delictivo.

"Todo era mentira"

Tomás Villar ha esperado cuatro años hasta recibir esta confirmación para manifestar la «enorme impotencia y frustración» que ha sentido todo este tiempo en el que Santa Rita «ha sufrido todo tipo de acusaciones», desde haber desatendido a los mayores durante la pandemia hasta no haber alimentado bien a algunos internos.

«La justicia ha concluido que todo era mentira pero el daño ya es irreparable», lamenta el principal responsable de un geriátrico que abrió en 1991 gracias a la labor del sacerdote Antonio María Hernández (La Orotava, 1936; Puerto de la Cruz, 2011), más conocido en Tenerife como padre Antonio, quien se hizo famoso porque llegó a vender trocitos de cielo a los vecinos de la Isla para conseguir fondos con los que montar este gran centro.

Según el juez Íñigo Herrero, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto de la Cruz, los gestores del centro hicieron todo lo que debían hacer para cuidar de sus internos y descarta cualquier irregularidad o delito, como el de homicidio imprudente, que se llegó a barajar en el procedimiento al que acaba de darse carpetazo definitivo contra Tomás Villar.

El inicio

Todo comienza en diciembre de 2020, nueve meses después de que se decrete en España el estado de alarma por la pandemia de la covid-19. Hasta ese momento, Santa Rita era considerada una instalación ejemplar y muchas familias de Tenerife querían ceder los cuidados de sus mayores a la fundación del padre Antonio. Incluso durante los 10 primeros meses de la pandemia, el centro no protagoniza ninguna incidencia reseñable a pesar de las dificultades que entraña abordar una crisis sanitaria tan grave y con unos usuarios tan expuestos a los contagios como los que atendía.

Pero todo empieza a cambiar ese fatídico mes de diciembre del año 2020. El Hospital Universitario de la Candelaria, uno de los dos principales centros sanitarios de Tenerife, envía un equipo de apoyo a Santa Rita al detectarse en varios controles rutinarios desplegados durante la pandemia un repunte presuntamente anómalo de casos de covid-19. La Gerencia de la Candelaria realiza posteriormente un informe en el que alerta de casos de desnutrición y deshidratación, un brote de sarna y un servicio en general «muy deficiente». 

Este informe con revelaciones muy preocupantes llega a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que abre una investigación de la misma manera que fiscalías de otras provincias españolas hacen lo mismo con otros centros de mayores. En los controles sanitarios efectuados al centro portuense los días 3 y 4 de diciembre de 2020, los resultados arrojan un total de 80 residentes contagiados.

Intervención del centro

Por ello, Salud Pública del Gobierno de Canarias acuerda la intervención de Santa Rita, de tal forma que el 8 de diciembre de 2020 el Hospital Universitario de la Candelaria «se hace cargo de dicha intervención», que mantendrá hasta febrero de 2021 con un equipo que acude frecuentemente al geriátrico. 

Tras analizar los informes médicos de la Candelaria y recabar más información, el ministerio público confirma que ha presentado una denuncia sobre presuntas irregularidades en diciembre de 2021 y centra sus acusaciones en el máximo gestor de Santa Rita, Tomás Villar.

Lo anuncia la entonces fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, exactamente el 10 de diciembre de 2021 en una entrevista a la cadena SER en Tenerife. Tal y como detalla Farnés, «se incoaron diligencias de investigación que han sido judicializadas porque hay una fiscal decana y una sección de fiscales de lo civil que se dedican específicamente a las personas mayores y residencias».

La Fiscalía advierte de una mala praxis generalizada: carencia de protocolos de emergencia, falta de control para evitar los contagios, déficit de medios humanos y materiales para abordar una situación tan extrema... Culpa de ello al principal gestor del centro, Tomás Villar, presidente de la Fundación Hogar Santa Rita. No entra, sin embargo, en otros aspectos que expone la Gerencia de la Candelaria como los presuntos casos de desnutrición y deshidratación y un brote de sarna.

En cualquier caso, las noticias sobre las presuntas pésimas condiciones de Santa Rita, incluidos los supuestos casos de faltas graves de atención, empiezan a aparecer en los medios de comunicación en el verano de 2021, cuando la Fiscalía no ha confirmado aún que está investigando. El caso genera un amplio seguimiento mediático, en coincidencia con las sospechas dades de otros centros de mayores del país.

Irregularidades descartadas

El juez de Puerto de la Cruz al que llega la causa abre las pesquisas. Llama a declarar a los responsables de la fundación, así como a personal de Santa Rita y de la Candelaria. Las conclusiones que le llevan a descartar las irregularidades son contundentes: «A la vista de las diligencias practicadas no cabe concluir falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones exigibles a Santa Rita».

En el auto de marzo de 2024 de archivo, el magistrado Íñigo Herrero defiende que «no se aprecian indicios de comportamiento imprudente ya que el investigado denunciado [Tomás Villar] venía cumpliendo con las obligaciones contenidas en las normas jurídicas de aplicación». «Es por ello que no han resultado incidiariamente acreditadas las deficiencias manifestadas por el Ministerio Fiscal en orden a evitar los contagios por covid-19 que determinó inmediatamente después el fallecimiento de varios residentes por cuanto resulta que sí se acordó por parte del investigado el uso de mascarillas, existía un protocolo sobre aislamiento y sectorización, así como visitas y salidas, y su cumplimiento correspondía según se pusieran de manifiesto las circunstancias exigidas», desarrolla el juez.

El magistrado aclara, además, que los gestores de Santa Rita «cumplieron las directrices de Salud Pública, así como la normativa vigente», por lo que entiende que «no cabe concluir que existan indicios razonables de la comisión del delito del investigado por la gestión del centro en las fechas referidas por el Ministerio Fiscal». «Se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa», concluye el auto de hace 11 meses, dado por definitivo el pasado 21 de enero de 2025 por la Audiencia Provincial. Es decir, la Justicia archiva el caso sin siquiera llegar a juicio.

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