Tenerife reclama que la gratuidad en el transporte público se ‘ancle’ en el REF

Tenerife reclama que la gratuidad en el transporte público quede anclada en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y que «esta buena medida» pase de «coyuntural» como hasta ahora a «estructural» al margen de «vaivenes» políticos o la herramienta de Decreto Ley. El Cabildo recuerda en el texto de la moción, presentada por el gobierno insular de CC y PP, el gran impacto positivo que la medida instaurada en la Isla el 1 de enero de 2023 ha generado en la economía familiar de los tinerfeños y en la movilidad sostenible. El resultado parece unánime y así quedará reflejado en la posteridad de los acuerdos y las actas, pero antes hubo mucha discusión. De hecho el Grupo Socialista– no fue una mañana afortunada en cuanto al respaldo a sus propuestas– retiró la anterior moción, similar, después de casi una hora, precisamente porque «se hurtó el debate». Vox votó en contra para «no ser cómplice del sanchismo». 

Argumentario

El vicepresidente, José Miguel Ruano (CC), diseñó y defendió la moción con la idea de que «no es necesario modificar la legislación del REF» para incluir la gratuidad. El argumentario alude a que «la realidad de la frágil minoría parlamentaria en el estado se ha impuesto y se ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley con un tercio de las medidas que contenía el derrotado por el Congreso el pasado 22 de enero». Se trata del Real Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban «medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad».

Estructural

En el acuerdo alcanzado se advierte que «las decisiones que afectan a la vida diaria de la ciudadanía no pueden depender de la situación de inestabilidad del Gobierno de España y exige que algunas de estas decisiones de gran impacto social garanticen su continuidad, en una Comunidad con la situación social de Canarias”. En particular, desde las competencias que afectan al Cabildo Insular de Tenerife -así como al resto de los Cabildos insulares- como son las de transporte terrestre, “es necesario garantizar que se mantienen las ayudas destinadas al transporte terrestre en el Archipiélago de forma estructural o permanente. Y con ello la gratuidad de este para los viajeros frecuentes”, recoge el texto. Por tanto, concluye el acuerdo que “es esa específica previsión y el gran impacto que la gratuidad ha generado en la economía familiar de los tinerfeños y tinerfeñas y en la movilidad sostenible en la isla, la que exige que este Cabildo haga un explícito pronunciamiento para que la gratuidad de guaguas y tranvías sea una medida definitiva para los viajeros frecuentes en Tenerife».

Ordenanza de residuos

El pleno insular también aprobó la nueva ordenanza de la tasa por gestión de residuos con los votos a favor de CC y PP, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox. A partir del próximo 10 de abril se aplicará por parte del Gobierno de Canarias la normativa europea para cubrir los costes lo que implicará un aumento de casi 15 millones al año para los municipios. El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, apuntó que se crea un impuesto de vertidos y otro sobre el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero y una tarifa única fijada en 90, 39 euros por tonelada entregada en el Complejo Ambiental de Tenerife, ubicado de Arico. Recordó Pérez que el Cabildo ha venido sufragando, por casi 36 millones de euros, los costes desde el 1 de enero de 2023 hasta el próximo 9 de abril cuando se acaba la moratoria. Matizó que a partir de ahora también asumirá los costes de gestión de los puntos limpios, cifrados en 3,6 millones al año, lo que supondrá un «alivio» para los ayuntamientos. Frías recalcó que «la ordenanza estaba congelada desde 2019 y se debe subir para evitar que sea deficitaria».

A favor y en contra

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, descartó diferencias con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con la que «se ha ido de la mano igual que con los ayuntamientos y sus alcaldes» a los que se informó del modelo en los Consejos Territoriales, los CIAT. Aarón Afonso, portavoz del PSOE –repartió tiempo y mociones con Pedro Martín– mantuvo una tesis divergente con Ruano. Para este el impuesto no grava con la tasa única los residuos que llegan ya separados en origen, sino solo los que van a vertedero;es decir a enterrar. El portavoz de CC responsabilizó al Gobierno de Sánchez por cómo ha desarrollado la trasposición de la directiva europea de obligado cumplimiento. Manuel Fernández (PP) se opuso a lo que denominó «tasazo de basuras» del que también acusó directamente «con nombre y apellidos» a Pedro Sánchez. En su opinión, el presidente del Gobierno de España escogió «el camino más corto» que es «subir los impuestos a los ciudadanos». Aarón Afonso valoró: «El modelo no premia la recogida selectiva». Criticó al grupo de gobierno por «no promover reuniones con los ayuntamientos más allá del CIAT de noviembre, no hacer un estudio de costes y no dar apoyo técnico a los municipios de menos de 5.000 habitantes». Subrayó: «Cualquier residuo estará sometido a la tasa y es un retroceso». Naím Yánez (Vox) se mostró contrario a «la imposición del Gobierno sanchista» que «afecta directamente al bolsillo de los tinerfeños» por culpa del «fanatismo climático» de la UE y el Ejecutivo.

Emoción e ideología

Emoción e ideología fueron factores que primaron en la moción del Grupo Mixto para apoyar a los venezolanos. La primera la puso Efraín Medina al recordar los versos de Manuel Navarro Rolo sobre la travesía de El Telémaco. También afloró el sentimiento en Ana Salazar (Vox), quien tildó de «criminales e investigados» a los consejeros socialistas –de este lado acusaciones de «racistas u homófobos»–. No lo retiró, pese a la indignación y la mediación de la presidenta. Nauzet Gugliotta defendió la enmienda del PSOE «para completar», rechazada por el peso de la ideología junto al manido «y tú más». Al final respaldo unánime al apoyo específico a la comunidad venezolana. Diez millones en la diáspora, 500.000 en el estado, 75.000 en Canarias y 50.000 en la Isla.

Otros asuntos

Naím Yánez, consejero de Vox –y concejal en Arona– vio aprobada su dedicación parcial con segunda actividad. Votó en contra el PSOE en desacuerdo con el acceso a esa condición (Yánez se ausentó). Los socialistas vieron rechazadas sus mociones sobre el convenio de Dependencia y la ayuda a los comerciantes de Playa Jardín (Puerto de la Cruz). Tampoco aportó novedad la aclaración sobre la tasa en los espacios naturales o la subvención a entidades de reparto. Una respuesta más concreta dio José Miguel Ruano sobre el PRUG del Teide:No aprobaremos el Plan Valbuena por ir contra intereses de la Isla en la movilidad o la apicultura», aunque «se ha avanzado» con la Consejería de Transición Ecológica. Javier Rodríguez aludió a que tal vez el retraso se deba a que el consejero Zapata «está lejos de ser un influencer. Ruano fue más escueto con la pregunta de Yánez respecto a unas declaraciones de Rosa Dávila sobre la migración y le invitó a acudir a la fuente original de las noticias. En cuanto a la Pasarela Peatonal del Padre Anchieta, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, anunció que culminará en septiembre con el inicio del curso y retraso sobre lo previsto –abril o mayo– por «razones técnicas».

Ni fondo ni formas

En un tono agrio y áspero, incluso entre personas tan moderadas como los populares Lope Afonso o José Carlos Acha, aunque sin perder las forma, se fueron cuatro horas de un pleno insular que no pasará a la historia. Hasta Rosa Dávila pareció con prisas por acabar ayer –no olvidó felicitar por el Día de la Patrona el domingo 2 y a todas las candelarias–, tanto que hurtó el último turno de palabra a Dámaso Arteaga para luego rectificar en uno de los pocos momentos de humor en esta sesión bronca en las formas y el fondo, plana en el debate, pobre en resultados y apagada en el diapasón general. Será cosa de la cuesta de enero y de la que dicen que es la época más triste del año. Llega febrero y el Carnaval.

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