Tenerife, sobre aviso tras la aprobación del "basurazo" en Las Palmas: 150 euros anuales por vivienda

La recuperación de la tasa de basuras en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras 35 años sin aplicarla, ha puesto sobre aviso a los municipios de Tenerife en cuanto a la subida que a partir de abril se impondrá de manera obligada en toda la geografía española.

La aprobación inicial de la ordenanza reguladora anticipa un coste anual de 149,33 euros por vivienda -una cuota básica de 108,45 euros más otra por generación de residuos-.

Si bien ningún municipio tinerfeño se aproximará a esa cifra, los vecinos de la isla enfrentan un panorama complicado por este inminente aumento de tarifas conocido como el "basurazo".

La normativa europea establece que todos los municipios del país deben implementar tasas que cubran los costes de recogida y tratamiento de residuos y, a su vez, fomentar el reciclaje. Sin embargo, el impacto económico en las administraciones locales y en los ciudadanos ha generado un amplio debate.

El caso tinerfeño

La situación en Las Palmas sirve como un espejo de lo que podría suceder en Tenerife, si bien hay una salvedad: la capital grancanaria era una de las tres ciudades españolas que aún no aplicaban una tasa para la recogida de residuos -algo que no sucedía en ninguna de las localidades de la isla- si bien podría considerarse que ya se repercutía al ciudadano al en el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Según un informe del cabildo tinerfeño del pasado año, los municipios deberán afrontar un aumento medio del 59% en los costes por tratamiento de residuos, lo que supone un desembolso adicional de 15 millones de euros al año a partir de 2025.

Este incremento, inevitable por ser una normativa de obligado cumplimiento, forzará a los consistorios a trasladar el coste a los ciudadanos, incrementando significativamente el impuesto de la basura.

Subidas adaptadas

En municipios como Santa Cruz de Tenerife, donde actualmente se paga una tasa de 66,28 euros anuales, se prevé un encarecimiento del 55,8%, pasando de 3,7 millones a 6,1 millones anuales que deberán abonarse al cabildo.

En Arona, según la ordenanza, el importe varía en función de factores como el tipo de inmueble y su uso, pero se prevé que la subida sea del 62,12%, cinco puntos menos que en el vecino municipio de Adeje, que se irá a un incremento del 67,15%.

La diversidad entre municipios respecto a la subida se debe a que se calcula considerando varios factores. Entre ellos están el tratamiento y la gestión de los residuos sólidos urbanos generados, el coste de ese tratamiento -establecido por el cabildo- y la eficiencia en el reciclaje.

Los costes totales incluyen tarifas insulares, impuestos estatales y gastos operativos, y se ajustan según las normativas europeas.

Cada municipio luego decide cómo repercutir esos costes en los ciudadanos, lo que supone que algunos municipios sufran mayores subidas que otras.

Descontento

El descontento entre los representantes políticos se hizo patente desde que se conoció la noticia. Caso paradigmático es el de Granadilla, gobernada por el PSOE al igual que sucede en el Gobierno central, que aprobó una moción exigiendo la derogación del "basurazo" debido a su impacto negativo en las familias y la falta de claridad en su aplicación.

Por su parte, Santiago del Teide expresó su "profundo rechazo" al considerar que esta normativa castiga a los ciudadanos con costes inasumibles.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, criticó duramente la normativa nacional, asegurando que supone un "quebranto económico" para las familias y un castigo para los cabildos, mientras que el Parlamento de Canarias también solicitó sin éxito que se elimine la obligatoriedad del "basurazo", dejando en manos de los ayuntamientos la decisión de implementar o no esta tasa.

Ante la creciente presión, el Cabildo de Tenerifeabrió una ronda de contactos con los municipios para buscar fórmulas que minimicen el impacto de esta subida. Queda por saber si dichas fórmulas tendrán el efecto deseado y como afectará finalmente a los ciudadanos de la isla.