Martín exige a Calatrava que asuma el arreglo del Auditorio de Santa Cruz
El socialista reclama a la presidenta, Rosa Dávila (CC), que «defienda los intereses de Tenerife» y pida al arquitecto que acepte su responsabilidad

El Auditorio de Tenerife, en una imagen tomada el pasado fin de semana. / ARTURO JIMÉNEZ
El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, reclama a la presidenta de la Corporación insular, la nacionalista Rosa Dávila, que «defienda los intereses de Tenerife y exija de una vez a Santiago Calatrava que asuma su responsabilidad» por los graves daños que sufre el Auditorio de Santa Cruz, que ascenderán a varios millones de euros y son consecuencia de vicios ocultos en el edificio.
Martín critica que el Cabildo haya dado «un año de gracia» a Calatrava, una de las figuras más importantes y polémicas de la arquitectura mundial, «para que finalmente este diga que no se hará cargo de la dirección de la obra y tampoco asuma el coste de la reparación» del revestimiento del inmueble, la principal imagen del skyline de la capital tinerfeña. «¿Qué es lo que gana el interés público de Tenerife con este acuerdo?», se preguntó Martín.
El líder de los socialistas tinerfeños se refiere al paso dado por el Gobierno de Rosa Dávila para desbloquear la rehabilitación del Auditorio Adán Martín. El Cabildo ha recibido al fin el proyecto de Santiago Calatrava, quien diseñó un edificio que está considerado el más singular de Canarias. Consistirá en reparar las grietas y abombamientos detectados ya pocos años después de que se inaugurara el inmueble –hace 22 años–en el revestimiento, concretamente en el denominado trencadís, la superficie ornamental en forma de mosaico con fragmentos de cerámica tan característica del arquitecto valenciano.
En un farragoso proceso que ha terminado en la Justicia, el Cabildo exige al propio Calatrava, los aparejadores y las empresas que construyeron el Auditorio –Acciona, Dragados y Punta Larga– que se hagan cargo del coste de la rehabilitación, calculada en un primer momento en 18 millones de euros y que ahora habrá que ajustar con el proyecto del arquitecto.
En cuanto a la dirección de la obra y después de que Calatrava se haya negado a dirigirla, la Corporación insular, para no dilatar más el procedimiento y rehabilitar lo más pronto posible el Auditorio, ha decidido proceder a la ejecución subsidiaria de esta etapa, sacando a concurso la contratación de una empresa especializada. El coste de la dirección de obra será repercutido al arquitecto, siempre a expensas de lo que se decida en el proceso judicial que se desarrolla de forma paralela.
Al respecto, el PSOE tinerfeño recuerda en un comunicado que «después de años de inacción, en mayo de 2022, el grupo de gobierno presidido por el propio Martín acordó en Consejo de Gobierno requerir al arquitecto valenciano la redacción del proyecto de reparación, además de asumir su coste». Se le impuso un plazo de 19 meses para presentar el documento, que «debía haber estado a disposición del Cabildo de Tenerife en enero del año pasado». «Sin embargo, y sin motivo que justificara tal decisión», siempre según la nota del PSOE, «el grupo de gobierno (CC y PP) decidió en noviembre de 2023 dar Santiago Calatrava un nuevo margen para redactar el proyecto de reparación». Esta decisión fue recurrida por Calatrava ante los tribunales, recurso que perdió.
«No solo eso, sino que, además, y según ha admitido el Cabildo, será este el que, con recursos públicos, asuma el coste de la dirección facultativa y de los trabajos de manera subsidiaria, lo que es un nuevo obstáculo para que, en algún momento, sea la parte privada quien pague por estas obras, además de que el proyecto ha sido entregado con retraso, circunstancia que la corporación alega a la dana sufrida en Valencia», explica el PSOE en el comunicado, para añadir: «Si bien Calatrava es valenciano, sus estudios de arquitectura se encuentran en Zúrich, Nueva York y Dubai».
No hay que olvidar, precisan los socialistas, que «la última estimación del coste de la reparación se hizo en 2022, en un informe técnico emitido en mayo y que eleva a 24 millones de euros los costes directos e indirectos de las reparaciones». En realidad son 18 millones más 5 por las consecuencias que ocasionaría tener que cerrar el Auditorio durante las obras. El Gobierno de Rosa Dávila, no obstante, va a recalcular el coste con la intención de que la rehabilitación se haga sin que se tenga que cerrar el recinto.
Pedro Martín reivindica a Rosa Dávila que «deje de permitir que el arquitecto tome el pelo al conjunto de la sociedad tinerfeña y le exija que asuma sus responsabilidades en una obra fundamental para la Isla, que tuvo un enorme coste económico y que, sin embargo, sufre unos daños incomprensibles por los que, en principio, va a pagar el Cabildo de Tenerife y no sus causantes».
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