Un robot inspecciona el emisario de Tenerife que sigue sin ser reparado y está detrás del desastre medioambiental de Playa Jardín

El mal estado del emisario de la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, sigue sin resolverse. Y eso que han pasado más de cuatro años del primer aviso oficial de que este conducto sufría fugas.

Precisamente las malas condiciones de este emisario son una de las causas del cierre al baño de Playa Jardín, decretado el pasado 3 de julio, hará este domingo cuatro meses, por vertidos de aguas fecales, uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de Tenerife.

El Consejo Insular de Aguas, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife que tiene las competencias en el control y mantenimiento de este emisario, ha tenido que recurrir a un robot submarino para determinar el alcance de las fugas tras fallar en los primeros intentos de reparar las grietas. Desde este jueves y durante tres días, el robot, dotado de alta tecnología, captura imágenes y vídeos en las zonas donde se ha detectado la rotura de la tubería.

Según explica el gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, el objetivo de esta nueva inspección es «conocer en detalle la longitud de la fisura y evaluar si es posible llevar a cabo otra solución provisional tras haber intentado hace algunas semanas la inyección de mortero sin éxito».

El 6 de julio de 2020, el propio Consejo Insular de Aguas envió un oficio a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias en el que le comunicó que había detectado una fuga en el emisario submarino de la depuradora comarcal de Punta Brava, que inicialmente evaluó como «menor».

Los trabajos para repararlo, sin embargo, no comenzararon hasta semanas después de que se cerrara Playa Jardín, cuyas calas de arena negra se encuentran justo al lado de las viviendas de Punta Brava. Estos trabajos comenzaron el pasado 11 de agosto, un mes después del cierre de Playa Jardín, pero aún no han dado sus frutos.

Queda pendiente una reforma más profunda de este mismo emisario, que también va con mucho retraso. En concreto, se trata de la rehabilitación de 240 metros de los 980 del conducto. El Cabildo de Tenerife admitió este jueves que lleva 15 meses –desde mayo de 2023– esperando por un informe del departamento de Costas del Gobierno de Canarias para poder acelerar la ejecución de unas actuaciones que ya tienen proyecto y ficha financiera.

Incluso hay apoyo económico para esta reforma más profunda del emisario por parte del Gobierno de Canarias. El pasado lunes, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional aprobó una modificación presupuestaria que permitirá a la Consejería de Política Territorial destinar 2,7 millones de euros al Cabildo de Tenerife para la sustitución del tramo de 240 metros del emisario de aguas residuales de Punta Brava, con la que mejorar su resistencia y anclaje al fondo submarino.

La obra tendrá una duración de unos 16 meses, siempre en función del estado del mar en esta zona de Puerto de la Cruz. Pero sigue sin arrancar a la espera de que otro departamento del Gobierno canario, el de Costas, emita el informe por el que se lleva esperando 15 meses para ejecutar los trabajos, vitales para acabar con la grave contaminación que sufren las aguas de Punta Brava y Playa Jardín.

La ampliación de la depuradora de Punta Brava, que trata parte de las aguas residuales de Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, otro proyecto vital para acabar con el desastre medioambiental de Playa Jardín, también va con retraso. Tanto que se planteó su urgencia antes de los vertidos que obligaron a cerrar esta zona de baño y aún no hay fecha para su ejecución. El Cabildo admitió ayer que esta planta de tratamiento de aguas negras, construida en los 90, hace años que se quedó obsoleta. En concreto, recibe más de 10.000 metros cúbicos al día cuando solo tiene capacidad para tratar 6.700.

La Corporación insular lo admite en una moción presentada por el Grupo Socialista que fue aprobada en el pleno de este jueves. Insta a «articular el procedimiento que ofrezca mayor celeridad» tanto para poner en marcha la tan demandada ampliación de la depuradora como para la rehabilitación integral de los 240 metros del emisario, construido para verter las aguas residuales ya descontaminadas al mar. La tardanza de estas actuaciones previstas hace años hace prever que el cierre de Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, puede ir para largo.

Este desastre medioambiental ha provocado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. El ministerio público trata de determinar si hay delito en el origen, aún por determinar, de la concentración desproporcionada de patógenos, microorganismos que se encuentran en las aguas negras y que provocan enfermedades, en toda esta parte de la costa portuense, que incluye el barrio de Punta Brava.

Francisca Sánchez, de la unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, abrió la investigación después de que el pasado 23 de julio recibiera una denuncia sobre la situación de esta playa del norte de la Isla por parte de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales.

El 5 de agosto envió un escrito al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en el que solicita información sobre la depuradora comarcal que se encuentra muy cerca de Playa Jardín, en Punta Brava, y sobre el estado de la red de saneamiento de este barrio, a cuyas deficiencias se ha achacado parte de la culpa de los vertidos de aguas residuales.