Archivada una querella contra Luis García, concejal de Urbanismo de Arona, y dos técnicos

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife archiva de manera definitiva la denuncia del empresario José Ramón Ansorena contra la decisión de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, adoptada en 2018, de declarar suelo consolidado de uso comercial una nave construida en una parcela de Guaza.

En la querella se señalaba que Luis García, entonces concejal de Urbanismo de Arona por el PSOE (ahora ocupa el mismo cargo pero bajo las filas de Más por Arona), así como Damián Hernández, arquitecto municipal y jefe del Servicio de Urbanismo (sigue en el cargo) y un técnico que firmó un certificado pudieron cometer los delitos de prevaricación contra la ordenación del territorio, falsedad documental y coacciones al apoyar la consolidación de esa parcela como uso comercial cuando estas naves estaban abandonadas y sin actividad desde hacía más de 6 años tras haber cerrado el concesionario de una marca de automóviles.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona ya había sobreseído la causa al descartar cualquier hecho delictivo en este expediente urbanístico. El demandante recurrió y ahora los magistrados José Luis González, María Vega y Beatriz Méndez, de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, han ratificado ese primer archivo y lo han convertido en firme.

Además, la Audiencia Provincial impone al querellante las costas del proceso por «temeridad». Y es que, según el auto, el denunciante no ha acreditado vinculación alguna con el caso, por lo que los jueces entienden que la querella no debió admitirse desde el primer momento.

Luis García, uno de los demandados, aclara que en realidad el denunciante «forma parte del círculo» del que fuera alcalde de Arona y compañero suyo en el PSOE, José Julián Mena

Luis García, uno de los demandados, aclara que en realidad el denunciante «forma parte del círculo» del que fuera alcalde de Arona y compañero suyo en el PSOE, José Julián Mena, ahora en la oposición en el Consistorio aronero. García detalla que esta querella «forma parte de la guerra judicial orquestada» contra él «por Mena y su entorno» con el fin de desacreditar ante la opinión pública su gestión como concejal y de justificar la decisión del propio exalcalde José Julián Mena de cesarlo como responsable de Urbanismo en 2020 «aduciendo, como ha quedado acreditado, falsas acusaciones de corrupción relacionadas con el expediente de la nave de Guaza».

Las resoluciones de los tribunales, según Luis García, que en este mandato ha vuelto a ser concejal de Urbanismo con Más por Arona tras su cese de 2020 y su expulsión posterior del PSOE, «ha tirado por tierra todas y cada una de las acusaciones penales esgrimidas» contra él entre 2020 y finales de 2023 «por una persona vinculada a Mena».

García apunta que desde 2020, Mena y su grupo socialista «han usado esta querella» para intentar apartarlo de la política. «Desde que Mena perdió la mayoría absoluta, que ostentaba antes de la ruptura del PSOE de Arona en marzo de 2020, ruptura que utilizó Mena para destituirme como concejal, hasta ahora que he vuelto a ser concejal de Urbanismo de Arona en representación de Más por Arona, los socialistas de Arona, encabezados por Mena, han utilizado la querella ahora archivada para intentar apartarme de cualquier trámite vinculado con este expediente o cualquier otro que interesara al PSOE», concluye Luis García.

"El nuevo auto ha vuelto a dejar constancia de que las acusaciones del entorno socialista carecen de fundamento y de que están usando los tribunales de justicia para fines particulares oscuros que nada tienen que ver con el interés general ni con la gestión pública de un concejal en un Ayuntamiento", asegura García.

Fruto de de lo que García considera "empecinamiento" de Mena, este partió en dos su gobierno en el pasado mandato: la mitad de aquel gobierno defendió la inocencia de García y la tesis de que lo que subyacía detrás de su cese y de la guerra judicial emprendida contra él fueron "las ansias de Mena y de personas de su entorno ajenos al equipo de gobierno (e incluso, al Ayuntamiento) de hacerse con el control del Urbanismo".

García siempre ha indicado que el origen de la discrepancia y posterior ruptura con Mena radicó en la negativa a acatar la orden menista de bloquear o ralentizar la tramitación de ciertas licencias que, según el criterio técnico y jurídico, eran legales, así como el control y poca claridad entorno a decisiones tomadas en el marco de los trabajos de la revisión del PGOU que se estaba trabajando en aquellos meses.

Mena cesó al edil de Urbanismo en 2020, apartó a Damián Hernández, uno de los denunciados en las querellas que han sido archivadas, de su puesto (decisión luego anulada judicialmente por vulneración de derechos) y "avaló desde su gobierno en minoría acciones consistoriales contra ciertos proyectos de un empresario en particular (dueño de la nave de Guaza citada en esta querella y del centro comercial Arts de Los Cristianos), las cuales también están siendo desautorizadas por los tribunales por no ajustarse a derecho", tal y como ha aclarado el actual concejal de Urbanismo de Arona.