"Más de 30 años de desidia están detrás del desastre de Playa Jardín"

«Más de 30 años de desidia están detrás del desastre de Playa Jardín». Juan Rumeu, presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales, defiende que el cierre al baño de la principal playa de Puerto de la Cruz, del que hoy se cumplen tres meses, es un caso prototípico de «dejadez institucional acumulada». «Los problemas en esta parte de la costa portuense se empezaron a detectar poco después de que se inaugurara la depuradora comarcal de Punta Brava, allá por los años 90. Nunca ha funcionado bien y no se ha hecho nada por arreglarlo. Situaciones similares ocurren por toda la costa de Tenerife: déficits conocidos que no se solucionan. Será que el tratamiento de las aguas no genera votos...».

Fue precisamente un escrito de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales el que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación para determinar si hay delito en el origen, aún por determinar, de la concentración desproporcionada de patógenos, microorganismos que se encuentran en las aguas negras y que provocan enfermedades, en toda esta parte de la costa portuense, desde Playa Jardín al barrio de Punta Brava. Francisca Sánchez, de la unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, abrió la investigación después de que el pasado 23 de julio recibiera una denuncia sobre la situación de esta playa del norte de la Isla por parte de este colectivo presidido por Juan Rumeu.

Tras analizar los diferentes informes que deberá estudiar la propia fiscal, Rumeu lanza varias preguntas. Por ejemplo, «¿por qué se tardó 13 días en decretar el cierre de la playa?». Se refiere al hecho de que entre el aviso de Salud Pública del Gobierno de Canarias de que había que prohibir el baño en Playa Jardín (21 de junio) y la orden del Ayuntamiento de que se cerrara (3 de julio) transcurrieron 13 días. En este tiempo, el Consistorio organizó actividades durante la Noche de San Juan (23 de junio), en la misma Playa Jardín, a las que acudieron miles de personas. «Esas miles de personas se bañaron en aguas contaminadas y estuvieron expuestas a enfermedades. ¿Nadie vio el informe de Salud Pública, ante el que hay que responder de inmediato? ¿Cómo es posible que esto ocurriera?».

Juan Rumeu lamenta que en vez de asumir responsabilidades, las administraciones públicas competentes «se hayan dedicado a pasarse la pelota caliente sobre quién tiene la culpa y quién debe arreglarlo, llegándose a señalar a los vecinos de Punta Brava, que en realidad son víctimas de esta situación». Para él, «todo empieza con el mal funcionamiento de la depuradora, que se agrava con la incorporación de aguas residuales de La Orotava y Los Realejos». «Si ya de por sí esta depuradora carecía de capacidad, con la suma de estas aguas va mucho peor. Es decir, no funciona y expulsa el agua sin tratamiento», defiende.

«Pero un desastre de esta magnitud por vertidos de aguas residuales tiene más orígenes», precisa. «En más de 30 años no se han hecho las inversiones adecuadas ni en este punto ni en muchos otros de la Isla. No es solo la depuradora; son las estaciones de bombeo, que cuando se saturan o funcionan de forma deficiente vierten de forma directa; son las redes de saneamiento, que cuando son insuficientes vierten al medio natural; es el emisario, que se sabe que sufre fugas desde hace ocho años y ahora es cuando se está intentando reparar a toda prisa...», explica el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales.

Rumeu reprocha a los representantes públicos «no tomarse en serio un problema que afecta gravemente a Canarias y en especial a Tenerife». Recuerda que hay 128 puntos de vertidos contaminantes al mar sin autorización solo en Tenerife y que cada día se vierten al mar 100 millones de litros de aguas residuales en toda Canarias, una cantidad equiparable a 40 piscinas olímpicas. Y también que el Gobierno central paga cada mes 100.000 euros de multa a Europa por los incumplimientos de Canarias en la depuración de agua del Valle de Güímar.

Rumeu puntualiza que en el caso de Playa Jardín la asociación que preside acudió a la Fiscalía «por la gravedad de los hechos que desataron los vertidos» a una zona de baño que sigue cerrada tres meses después. «No hemos denunciado a nadie personalmente, sino hemos expuesto una situación, un desastre natural que se veía venir. Y se tienen que depurar responsabilidades. No recuerdo el cierre de una playa por contaminación fecal durante tanto tiempo en Tenerife», remarca.

El presidente de la Asociación Empresarial de Consultores Medioambientales agradece al menos que el nuevo Gobierno municipal de Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife «se están por fin moviendo para buscar soluciones de calado», que pasan según su visión por la reparación de todo el emisario, por la construcción de una nueva depuradora en Punta Brava y por la inclusión de todas las viviendas en las redes de saneamiento. «Al menos se han visto buenas intenciones. Ahora, vamos a ver si se queda, como siempre, en una promesa puntual para salir del paso o se prosigue hasta que se solucione el problema en toda su dimensión», concluye Rumeu.