Trabajadores de Titsa reclaman medidas ante el aumento de insultos y agresiones

Ante «las casi cotidianas agresiones e insultos a los que vienen expuestos los conductores de determinadas líneas» del servicio de transporte público en guagua, los trabajadores reclaman medidas urgentes. Proponen que los choferes de Titsa sean dotados del rango de autoridad, a fin de agilizar la intervención y la respuesta policial en tales circunstancias, así como la evaluación y prevención de los riesgos laborales psicosociales, es decir, el análisis de las condiciones en las que desarrolla la actividad el empleado y que pueden repercutir en su salud psíquica o física, así como en la calidad y resultado del trabajo.

A través de Intersindical Canaria (IC), reclaman a la empresa que elabore el análisis preceptivo que permita al Cabildo, como administración propietaria de la empresa, disponer de los datos necesarios para definir y aplicar las medidas correctoras. «Nos encontramos con un vacío motivado porque, en este caso, el departamento de Riesgos Laborales no está haciendo ese trabajo», explican Carlos Hernández, secretario de Organización, y Víctor González, secretario de Acción Sindical de IC.

La adaptación del Reglamento de Viajeros es una de las acciones imperiosas porque es el mecanismo que propiciaría la aplicación de medidas correctoras y sancionadoras contra quienes incurren en reiteradas acciones que ponen en riesgo la salud de pasajeros y trabajadores. «Eso limita el vandalismo y favorece la mejor prestación del servicio», apuntan.

Esa modificación del Reglamento de Viajeros cuenta con un borrador en el que la figura del inspector y hasta el conductor «tengan carácter de autoridad, en términos similares a las atribuciones que hoy tiene el inspector del tranvía». Consideran que este apartado «es muy importante, porque no es lo mismo agredir a un conductor en la actualidad que hacerlo a un agente de la autoridad». Destacan que no solo por las consecuencias legales que ello tendría, sino «porque las intervenciones policiales en casos de agresión serían rápidas y no como ha ocurrido en ocasiones, que hemos tenido que esperar hasta media hora con el problema dentro de la guagua y sin agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad». Aclaran que la figura del conductor de transporte público como autoridad ya existe en Valencia y Murcia, «no es que lo inventemos aquí».

Las redes sociales

Carlos Hernández y Víctor González señalan el papel que juegan las redes sociales en la proliferación de los actos de violencia en las guaguas. «Hay broncas que se producen de forma espontánea y que están motivadas para grabar, armar la que arman, bloquear el transporte y subir las imágenes a las redes para ganar seguidores. Eso ocurre y crea un elevado nivel de estrés en los trabajadores de forma que la incapacidad temporal se ha disparado y lleva a compañeros a requerir tratamiento psicológico».

Este escenario se registra cuando «en el periodo que abarca del mes de enero a agosto del presenta año 2024, se produjo un incremento del 21,35% del pasaje en las líneas regulares, es decir, un aumento de más de 9.500.000 de usurarios, lo que sube más, si cabe, la carga de trabajo generando mayor riesgos psicosociales en los conductores».

Cuentan, por ejemplo, que «han vaciado extintores en el interior de la guagua y contra el conductor, además de hacerlo en ruta, no con el vehículo parado». «Tenemos para escribir un libro, porque ocurren barbaridades», apostillan.

Admiten que «siempre ha habido problemas, pero desde que llegó la gratuidad en el transporte se ha incrementado, porque hay más pasaje». Este factor y «la irrupción de las redes sociales forman un cóctel espectacular».

Estas situaciones conflictivas se registran en el servicio de guaguas en toda la Isla, pero Carlos Hernández y Víctor González apuntan al margen Sur  (desde San Isidro hasta la zona turística) como la más problemática en este sentido, mientras que en el área Metropolitana es el suroeste de Santa Cruz de Tenerife.

Intersindical Canaria señala la falta de previsión a la hora de planificar la aplicación de la gratuidad, de forma que la insuficiencia de recursos humanos y materiales –«el arreón llegó después»– causan «sobrecarga» en la plantilla y en el Intercambiador: «Las guaguas aparcan en lugares que no son para ello porque no tenemos espacio, pero hacen falta estas y más».

IC insiste en que está justificada la necesidad de realizar la evaluación de riesgo psicosocial, por lo que reclama a Titsa su elaboración a fin de determinar las medidas que precisa el servicio ahora.