Los vecinos de Punta Brava exigen «transparencia» y un diagnóstico «definitivo» de los vertidos

«Exigimos transparencia a las administraciones, que se dejen de pasar la pelota sobre el origen de los vertidos y que encuentren un diagnóstico definitivo para poder resolver el problema lo antes posible». Son las principales peticiones que lanza el colectivo de vecinos y empresarios afectados por los vertidos de aguas residuales en el barrio de Punta Brava y Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, que obligaron al Ayuntamiento a cerrar la principal zona de baño del municipio norteño hace 59 días.

Los damnificados, reunidos en torno a una asociación que han denominado Punta Brava Stop Vertidos al Mar, celebran que la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife haya abierto una investigación para esclarecer este desastre medioambiental y depurar responsabilidades. Lo asegura una de las portavoces, Candelaria Padilla: «Todo lo que sirva para determinar qué ha ocurrido y ayude a resolver el problema y no se vuelva a repetir, ni aquí ni en otro punto de Tenerife, bienvenido sea».

Representantes de Stop Vertidos al Mar se reunieron recientemente con el nuevo alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso (PP), y otros miembros del Gobierno municipal surgido de la moción de censura del pasado día 16 que expulsó al equipo del anterior alcalde, Marco González (PSOE). El balance fue «satisfactorio» a la espera, eso sí, de «un pronunciamiento definitivo» sobre cómo ve la situación y qué soluciones aportará el nuevo equipo de mando portuense.

«Le pedimos claridad para evitar bulos que puedan surgir sobre estos vertidos y la incertidumbre de no saber lo que está pasando mientras Playa Jardín sigue cerrada», destaca Candelaria Padilla, que precisa que el nuevo Gobierno local de Afonso «nos ha pedido un poco de tiempo pues acaba de llegar y necesita revisar toda la documentación para aclarar su postura y plantear las soluciones que pueda aportar el Ayuntamiento».

«Solo pedimos que nos concreten que está pasando y que se encuentre una solución urgente»

Los residentes de Punta Brava, un barrio de unas 450 casas de autoconstrucción que se encuentra justo al lado de Playa Jardín y que acoge la depuradora comarcal del Valle de La Orotava, se sienten frustrados ante la falta de concreción sobre el origen del problema y el hecho de que las administraciones con competencias, principalmente el Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, se culpen unas a otras.

También echan de menos información sobre el estado de las obras que realiza en este momento la Corporación insular para taponar la fisura del emisario de la depuradora de Punta Brava, que recoge las aguas residuales del propio Puerto de la Cruz y de los municipios de La Orotava y Los Realejos. «Sabemos que comenzaron el pasado día 11 pero por lo que vemos aún no han terminado. No sabemos si se ha logrado taponar esa fisura», asegura Candelaria Padilla, que recuerda que están pendientes de otro proyecto que consideran «urgente» para regenerar 240 metros de este mismo emisario. «El anterior equipo de gobierno de Puerto de la Cruz asegura que ahí está el problema pero otras administraciones dicen que no y señalan a algunas viviendas de nuestro barrio que no están conectadas a la red de saneamiento municipal. Somos conscientes de que hay casas que no están conectadas a esa red pero es un problema de hace muchos años y es ahora cuando se ha cerrado la playa durante un largo periodo de tiempo. Solo pedimos que nos concreten qué está pasando y que se resuelva de una vez», explica esta vecina del barrio portuense, una de las portavoces de Punta Brava Stop Vertidos al Mar.

Candelaria Padilla también recuerda que falta otra actuación, la ampliación de la depuradora comarcal, y lamenta que nadie les hubiera informado de que Salud Pública ya detectó un empeoramiento de la calidad del agua en esta zona de la ciudad turística hace ocho años. «No sabíamos que el problema venía de tan atrás. Ha habido cierres puntuales de Playa Jardín pero nunca como este periodo tan prolongado ni este problema tan grave que se detectó a finales de junio. Si esto comenzó en 2016, ¿por qué se ha tardado tanto en actuar y la consecuencia ha sido tan nefasta? No lo entendemos», enfatiza indignada.

Mientras, se mantienen las consecuencias del cierre de Playa Jardín. Los vecinos se sienten señalados y soportan los malos olores y la imposibilidad de bañarse en las tres calas del complejo en pleno verano, y los empresarios se quejan de las pérdidas que está ocasionando este desastre, que en algunos casos ha reducido sus ingresos en más de un 60%. De ahí que también hayan pedido al Consistorio apoyos puntuales para sobrellevar la situación, como rebajas en las tasas y ayudas económicas. El colectivo no descarta movilizaciones en la calle si el cierre de Playa Jardín se eterniza.