La Fiscalía abre una investigación sobre los vertidos que cerraron Playa Jardín

Los vertidos de aguas residuales que provocaron el cierre hace 55 días de la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, Playa Jardín, llega a la Justicia. La Fiscalía abre una investigación para determinar si hay delito en el origen, aún por determinar, de la concentración desproporcionada de patógenos, microorganismos que se encuentran en las aguas negras y que provocan enfermedades, en toda esta parte de la costa portuense, que incluye el barrio de Punta Brava.

Francisca Sánchez, de la unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, abrió la investigación después de que el pasado 23 de julio recibiera una denuncia sobre la situación de esta playa del norte de la Isla por parte de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales. El 5 de agosto envió un escrito al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en el que solicita información sobre la depuradora comarcal que se encuentra muy cerca de Playa Jardín, en Punta Brava, y sobre el estado de la red de saneamiento de este barrio, a cuyas deficiencias se ha achacado parte de la culpa de los vertidos de aguas residuales.

La apertura de diligencias previas, confirmada por la propia Fiscalía y por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, abre un nuevo frente en un problema que ha movilizado a vecinos y comerciantes de Punta Brava, un núcleo de unas 450 casas de autoconstrucción y cuyo rápido crecimiento no llevó aparejada una buena planificación urbanística. De hecho, el propio Consistorio portuense ha admitido que parte de esas viviendas no están conectadas todavía a la red de saneamiento municipal y, por tanto, vierten sus aguas al mar sin el necesario tratamiento.

Cierran Playa Jardín en Puerto de la Cruz por contaminación con aguas residuales

El requerimiento de información enviado por Francisca Sánchez fue contestado por el Gobierno municipal de Puerto de la Cruz cuando el socialista Marco González era alcalde. González dejó el cargo el pasado viernes 16 tras prosperar la moción de censura que presentaron contra él PP, CC y ACP –y que ha convertido en nuevo alcalde al popular Leopoldo Afonso– pero antes su equipo expuso a la fiscal que las competencias de la depuradora comarcal de Punta Brava, que recibe todas las aguas negras del Valle de La Orotava –que incluye los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos– es competencia del Consejo Insular de Aguas, entidad adscrita al Cabildo de Tenerife.

Petición al Consistorio

Lo confirma el propio Marco González, que detalla que también se aclaró a la Fiscalía todas las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento para mejorar el tratamiento de las aguas residuales y la red de saneamiento. El líder del PSOE portuense, ahora en la oposición, señala como «principal» causa de la contaminación que ha obligado a cerrar al baño Playa Jardín desde el 3 de julio, en pleno verano, las deficiencias de la depuradora y la rotura detectada en el emisario de esta planta. Aclara que no es una opinión suya, sino la conclusión de un informe «contundente» encargado por el Consistorio cuando él era alcalde a la empresa Wet Ingeniería Hidráulica y Marítima.

Alrededor de este desastre se ha formado una polémica sobre cuál es el origen de las aguas residuales que contaminan esta parte de la costa de la ciudad turística. Mientras el Ayuntamiento –al menos en la etapa muy reciente de Marco González– lo achaca a la depuradora y el emisario, que son competencia del Cabildo y el Gobierno nacional; el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo señalan a las deficiencias en la red de saneamiento del barrio de Punta Brava, que son competencia municipal.

Marco González ha vuelto a insistir en la tesis del emisario ya no solo esgrimiendo el informe de Wet Ingeniería, que sitúa la zona con mayores niveles de contaminación justo alrededor de la fisura del emisario, sino apoyándose en un vídeo realizado por esta misma empresa, el pasado 31 de julio, en el que se aprecia la rotura del emisario de la depuradora a apenas 10 metros de la costa de Punta Brava. En las imágenes se observa claramente un chorro de agua marrón que aparentemente contamina esta parte del litoral de Puerto de la Cruz, muy cerca de Playa Jardín.

El desastre de los vertidos de Playa Jardín

En declaraciones a este periódico en el que confirmó la apertura de la investigación de la Fiscalía, el portavoz del PSOE tachó de «mera tirita» los trabajos que realiza desde el pasado día 11 el Cabildo en la zona donde se ha localizado la fisura del emisario y fueron declarados de urgencia. González critica que, por el contrario, no se haya declarado de urgencia el proyecto para regenerar un tramo de 240 metros de este mismo emisario, que tendría un coste cercano a los tres millones de euros y que resulta «imprescindible» para empezar a acabar con el problema de la contaminación en Punta Brava y Playa Jardín.

También critica la «tardanza» en las obras de ampliación de la depuradora, teniendo en cuenta que ya desde 2022 Salud Pública viene advirtiendo de las malas condiciones del agua de esta parte de Puerto de la Cruz, uno de los municipios pioneros en la historia del turismo en Canarias. «La depuradora recibe mucha más agua de la que puede tratar y eso reduce su capacidad para descontaminarla. Llevamos años exigiéndolo al Cabildo pero se ha encadenado un retraso tras otro», se queja Marco González.

La Corporación insular, consultada por este diario, no quiso contestar al exalcalde. Tampoco ha querido precisar si ya se han acabado las obras iniciadas el pasado día 11 para tapar la fisura del emisario ni si han tenido algún resultado. Lo cierto es que Playa Jardín sigue cerrada, ante la indignación de vecinos y empresarios, que se han movilizado en un colectivo que han llamado Stop Vertidos al Mar.

En una reunión celebrada el pasado 31 de julio entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, la Corporación insular aseguró que descartaba la fisura del emisario como principal fuente contaminante, a pesar de lo cual anunciaba unos trabajos de emergencia en el emisario que empezaron el pasado día 11. Mientras, el Gobierno canario señala a varios puntos de vertidos al mar «sin autorización y sin plan de vigilancia» en Punta Brava. Al menos lo dijo la única vez que se ha pronunciado sobre el origen de estos vertidos.

La postura del Gobierno

En un comunicado oficial del pasado 12 de julio, Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica del Ejecutivo regional, aseguró sobre esta hipótesis que «estos aliviaderos de aguas residuales, que son responsabilidad directa del Ayuntamiento [de Puerto de la Cruz], no deberían trabajar sino en episodios de elevados niveles de precipitaciones, y de los mismos no tenemos información sobre frecuencia o nivel de carga contaminante con la que vierten a la costa portuense». Se da la circunstancia de que Montañés fue el candidato del PP a la Alcaldía de Puerto de la Cruz en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Su marcha a Transición Ecológica hizo que lo sustituyera al frente del PP portuense Leopoldo Afonso, que desde el pasado día 18 es alcalde de Puerto de la Cruz.