El Ayuntamiento de Güímar comunica la orden de desalojo a los cuatro vecinos que están en Las Bajas

El Ayuntamiento de Güímar comunica la orden de desalojo de las cuatro viviendas que parmanecen ocupadas en Las Bajas debido a la emergencia por peligrosidad, derivada de la inconclusión de los trabajos de consolidación del talud. Esta condición es la que limita a dos días el tiempo que los afectados disponen para abandonar estas casas, según confirma el gobierno municipal.

Esta medida se aplica después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife desestimara el recurso interpuesto por diez personas contra el cierre del acceso a Las Bajas realizado el 16 de noviembre de 2021. La sentencia, emitida el 26 de julio pasado, especifica que «en el supuesto de que el Ayuntamiento no adoptase las medidas de seguridad (a las que se encuentra legalmente obligado) que ha adoptado y se ocasionase algún daño para la integridad, salud o vida de las personas podría generarse responsabilidad patrimonial y/o penal del propio Ayuntamiento y/o alcalde-presidente».

La Justicia respalda el desalojo y cierre de Las Bajas por riesgo de desprendimientos

Uno de los vecinos ha mostrado ya su inquietud porque, asegura en un vídeo publicado en redes sociales, no tiene vivienda alternativa, necesita acceder diariamente al inmueble para alimentar a sus animales y rechaza la ayuda que ofrece la Concejalía de Servicios Sociales. «Lo que necesito es que me dejen en paz», insistió el afectado.

El Ayuntamiento de Güímar ha gestionado una subvención para las personas afectadas, establecida en 6.600 euros anuales por persona. Se trata de la ayuda de mayor importe de cuantas gestiona el Consistorio. Con esta iniciativa, «se garantiza el acceso a la vivienda», apunta el gobierno local.

Las Bajas es un poblado situado junto al mar, en la base del talud del túnel de Güímar. En el año 2021 sus vecinos dejaron el lugar porque el Ayuntamiento declaró de emergencia una obra para asegurar el talud debido al riesgo de desprendimiento reflejado en informes técnicos. La obra se paralizó en septiembre del mismo año porque había facturas por 1.100.000 euros no avaladas, cuando el presupuesto contratado era 342.865 euros. No se ha reanudado y el asunto está en vía judicial.