Desalojo de 210 okupas de un edificio en Costa del Silencio

Las 210 personas que componen las 90 familias que ocupan las 44 viviendas del edificio Chasna, en Costa del Silencio (Arona), serán desalojadas a partir de las 09:30 horas del martes por decisión del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona. El inmueble, que ocupa los números 8 y 10 de la calle Chasna, está afectado por debilidad estructural (aluminosis) y riesgo de desplome, según consta en los informes que emitió la Oficina Municipal de Urbanismo en el año 2021.

Entre los miembros de las 90 familias hay personas mayores (incluso de 80 años), bebés, menores, embarazadas, familias monoparentales, vecinos con discapacidad y enfermos con patologías diversas. Se trata de personas de varias nacionalidades. Aunque transmiten (muchos) su disposición a abandonar el edificio, se muestran preocupados porque carecen de alternativa habitacional. Un problema que tampoco ha podido resolver el Ayuntamiento de Arona.

La concejala de Servicios Sociales explica que pueden ayudar con 2.000 euros, pero no hay viviendas en alquiler

Ruth Martín, concejala de Servicios Sociales, asegura que Gobierno de Canarias y Cabildo ofrecen como alternativa la ayuda económica a los afectados para un alquiler. El Patronato Municipal de Servicios Sociales cuenta con 1,1 millones para ayudas de emergencia «y podemos ayudar a los vecinos hasta con 2.000 euros». En ambos casos, «el problema es que no hay viviendas, porque el mercado ha colapsado y no hay oferta».

El edificio Chasna se encuentra en las inmediaciones del límite de Arona y San Miguel de Abona, en la carretera que conduce desde Costa del Silencio a Guargacho. Su construcción quedó inconclusa «y lleva 53 años abandonado. Durante mucho tiempo pasaron muchas cosas aquí, muertes entre ellas», explica uno de los afectados por el desalojo, Juan José López. «Aquí somos gente trabajadora, carnicero, albañiles...».

López alude a la falta de viviendas en alquiler para tantos afectados y a precios asequibles. «La más barata es de 800 euros al mes, tres meses de fianza, aval bancario, no puedes tener niños ni animales... El problema es ese». Que se complica con la imposibilidad de empadronarse, asunto del que responsabilizan al gobierno municipal de Arona.

Agua y luz

No niegan su condición de okupas y reivindican que «nosotros hemos rehabilitado el edificio. Cuando llegamos estaba lleno de escombros, destrozado y hemos invertido cada uno en acondicionarlo para que puedan vivir las familias. Nos abastecemos con nuestros bidones de agua y con paneles solares». Solo en estas, la inversión por vivienda oscila entre mil y 3.000 euros, aseguran. Juan López dice que hace cinco años «encontré una casa llena de escombros que vacié, arreglé y pinté... La hemos hecho una casa habitable».

El Ayuntamiento de Arona recibió la notificación del juzgado de que se producirá al desalojo de las 210 personas el pasado 6 de febrero. Contrariamente a lo que afirman los afectados, la concejala Ruth Martín asegura que Servicios Sociales sí elaboró y presentó en sede judicial los informes de vulnerabilidad correspondientes, «pero tratándose de un inmueble sobre el que existe un informe urbanístico que establece la debilidad estructural y el riesgo de derrumbe, el juzgado no atiende a los informes de vulnerabilidad porque prima la seguridad de las personas».

La edil expone una situación compleja porque «muchos de los afectados no tienen ingresos y tampoco hay recursos alternativos disponibles porque están saturados, ya sea albergues, pisos tutelados u otros». Mientras, entre las 90 familias también crece el temor a que se registren casos de problemas con la tutela de menores dada la coyuntura.

Un papel

Los vecinos del edificio Chasna se quejan, asimismo, de que el documento que les hizo llegar el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona no lleva ni membrete, ni sello ni firma.

Un grupo de estos vecinos protagonizó una concentración autorizada ante las dependencias del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento en Los Cristianos. Una de las demandas es que les concedan un tiempo prudencial (dos meses, al menos) para poder desalojar las viviendas y trasladar sus pertenencias.

«Con nuestros hijos, derechos. Con nuestra familia ¡no se juega!», «la lucha de pocos vale por el futuro de todos», «la calle no es lugar para vivir», «no se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio» y «lo único que queremos es un hogar para nuestros hijos» son lemas con los que los vecinos protestan por el desalojo y que exponen con pancartas en las fachadas del inmueble.