La alerta del vino: el Cabildo de Tenerife modifica la relación con Bodegas Insulares para cumplir con Europa

La relación histórica de más de dos décadas entre el Cabildo de Tenerife y Bodegas Insulares SA (BITSA) deberá reestructurarse para cumplir con las directrices de la Unión Europea (UE) tras expirar el contrato del recinto ubicado en Tacoronte sin que exista la posibilidad de una nueva prórroga. La corporación se compromete, según explicó ayer durante su comparecencia ante el pleno el consejero de Industria y Sector Primario, Manuel Fernández, a establecer una hoja de ruta para garantizar el futuro de la empresa mixta en la que participa en un 45%. Eso equivale a mantener la actividad de 300 viticultores que llevan a la productora de marcas tan reconocidas como Viña Norte su uva para comercializar el vino. Fundamentalmente pertenecen a la comarca de Tacoronte-Acentejo, la primera denominación de origen de Tenerife y Canarias (1992), aunque los hay casi de toda la Isla. Fernández apeló a «altura de miras y unidad» para busca el encaje jurídico-administrativo que solucione este «grave problema» para el sector vinícola tinerfeño. Con el consenso de los productores y la viabilidad económica imprescindible para ellos.  El consejero del PP dio cuenta de la situación de BITSA, después de que el pasado 31 de diciembre de 2023 expirara el contrato de la sociedad para permanecer en instalaciones del Cabildo, sin posibilidad jurídica de que se llevara a cabo una prórroga. El Consejo de Gobierno del 29 de diciembre acordó «no prorrogar el plazo establecido» para la utilización del recinto de su propiedad en Tacoronte por parte de la sociedad mixta Bodegas Insulares.

Apoyo

Manifestó Fernández el «apoyo sin fisuras» de este grupo de gobierno a los viticultores y al sector vitivinícola de la comarca». Aseguró que «trabajamos en dar una respuesta jurídica y social al problema generado por la expiración de este contrato». El objetivo es que sea compatible con los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea, desde donde advirtieron de la exigencia de un canon para que Bodegas pueda prestando servicio. Después de una denuncia de 2010. El primer contrato data de 2005 y la última prórroga aprobada de 10 años se otorgó el 28 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Canon

El canon se calcula en un 6% del valor de la bodega, tanto del recinto como del equipamiento y la maquinaria (2,5 millones de euros). Eso supone el pago anual de 159.476 euros. Hay que tener en cuenta que Bodegas Insulares es una entidad sistemáticamente deficitaria aunque en la sesión se desveló un beneficio último de 50.000 euros al año. Muy lejos de la cantidad a abonar por el uso de las instalaciones, condición indispensable para no recibir sanciones de la UE por, entre otras causas «competencia desleal» y poder seguir prestando servicio.

Plazo

El consejero anunció que «de acuerdo a la propuesta de los servicios técnicos y jurídicos del área, hemos establecido un plazo de nueve meses para dar continuidad a la actividad económica que nos sirva para concretar una hoja de ruta y conseguir una salida satisfactoria a la situación de Bodegas Insulares». Fernández garantizó que «en este proceso, pretendemos actuar con máxima información y transparencia». Por este motivo, subrayó:«Queremos contar con todos los grupos políticos, a quienes pedimos altura de miras y que se sumen al compromiso con el sector vitivinícola y con los productores». Valentín González, consejero con delegación de Sector Primario, echó en cara al PSOE, que solicitó la comparecencia, su «alarmismo» e «imprudencia». Dejó claro que «no vamos a dejar tirado a nadie» y se preguntó «por qué no informaron de nada en los cuatro años que gobernaron y tampoco en el traspaso de poderes». Concluyó: «Somos parte del problema y de la solución» en referencia al doble papel del Cabildo como propietario de la bodega y accionista de la empresa.

Oposición

El consejero socialista Javier Parrilla, responsable del sector en el mandato pasado, aseguró que «llegamos tarde porque no son nueve sino siete meses los que quedan y se calcula que los agricultores puede que no tengan donde llevar 750.00 kilos de uva y por lo tanto de vino no embotellable». Afirmó que «la Ley Social de Capitales permitía acciones como la aportación de los socios o la ampliación de capital». Desde el Consejo Regulador de la DOP Tacoronte-Acentejo trasladaron ayer, a través de un comunicado, su «preocupación» por la «incertidumbre» respecto a la continuidad del contrato de utilización de las instalaciones de Bodegas Insulares. Que no fuera así «pondría en grave riesgo la frágil salud» de la primera denominación de origen existente en Canarias al dejar fuera de lugar a los viticultores».