La Quinta, el lío eterno que deja sinalumbrado público a 2.000 vecinos

Los incumplimientos e irregularidades de los promotores privados han abocado a 2.000 personas a vivir en dos urbanizaciones que, pese a ser promocionadas en su momento como exclusivas, carecen entre otros servicios básicos de alumbrado público. El problema de La Quinta Vieja y La Quinta Nueva, en el municipio de Santa Úrsula, sigue sin solución, en el caso del primer conjunto de viviendas desde hace 40 años y en el del segundo, desde hace 15.

Los vecinos de La Quinta de Chimaque han dado un nuevo paso en esta larga y compleja lucha por llevar la luz a sus calles y mejorar la seguridad. En esta ocasión se reunieron con el diputado del común, Rafael Yanes, para que medie en el conflicto entre los promotores y el Ayuntamiento. El presidente de la asociación de residentes, José Andrés Pérez, manifestó que «siguen sin remediarse» las deficiencias en las infraestructuras y servicios.

El problema es muy complejo y parecido al que ocurre en otros puntos de la Isla como Tenbel, en Arona. Los promotores no cumplieron con sus obligaciones urbanísticas, el Ayuntamiento se negó a recepcionar por ello las zonas comunes y como consecuencia, las calles de ambas urbanizaciones y otros espacios compartidos se siguen considerando privados, por lo que toda actuación –incluido el alumbrado– debe correr a cargo de la empresa o los propietarios.

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, deja claro que la intención del Ayuntamiento «ha sido siempre resolver la situación» y «procurar a los vecinos los servicios que solicitan». «Entiendo sus demandas pero tal y como se hicieron las cosas en su momento no podemos dar esos servicios hasta que recepcionemos los espacios comunes. Las normas así lo exigen. Y lo que queremos es resolver de forma definitiva la situación para que Ayuntamiento y afectados contemos con máximas garantías», detalla.

Acosta detalla que se han reunido en múltiples ocasiones con la junta de compensación de ambas urbanizaciones, que depende mayoritariamente de una gran multinacional de la construcción, pero siempre se topan con el mismo problema: «Ponen en la documentación que las obras están recepcionadas cuando claramente no es así. Y el Ayuntamiento no puede aceptarlo». Hartos de los desacuerdos con esta compañía, el Gobierno municipal sauzalero ha puesto la solución en manos de la empresa pública Gestur, dependiente del Gobierno de Canarias. Para la salida definitiva, la promotora tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no, va a ser imposible legalmente, según el alcalde, que esas urbanizaciones se recepcionen, las zonas comunes pasen a manos del Ayuntamiento y se puedan implementar servicios tan demandados como el alumbrado público.

Los vecinos acusan al Ayuntamiento de «falta de comunicación». Juan Acosta lo niega. «Nos reunimos por última vez antes de navidades y nos hemos emplazado a un nuevo encuentro en próximas fechas. Siempre hemos recibido a los vecinos y hemos hecho todo lo posible por resolver el problema, pero todo debe hacerse en el marco de la ley y la promotora debe cumplir una serie de exigencias», especifica el alcalde santaursulero.

Los vecinos recuerdan que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife han expresado su voluntad de participar en una mesa de diálogo. «Ante la falta de comunicación con el Ayuntamiento volvemos a recurrir al diputado del común para que medie», concluyó José Andrés Pérez.

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