El gobierno tumba la petición del PP de que 4 ediles devuelvan dinero

El Pleno de Güímar rechazó la petición del Partido Popular (PP) de que el alcalde y tres concejales del gobierno municipal devuelvan las nóminas que cobraron durante el mandato pasado, desde el 1 de julio de 2021, fecha en la que se produjo el relevo en la Alcaldía en virtud del pacto suscrito en 2019 por PSOE y CC. Los afectados son Gustavo Pérez, Airam Puerta, Cándido Gómez y Juan Delgado. El primero relevó al segundo en el cargo, que sigue ejerciendo tras las elecciones celebradas el 28 de mayo, liderando ahora el pacto CC-PSOE-Unidas Sí Podemos.

Estas tres formaciones políticas votaron en contra de la propuesta del PP en el pleno extraordinario solicitado por los populares que, liderados por Carmen Luisa Castro, pidió la devolución de sus nóminas en virtud de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La misma respalda la tesis del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que declaró la nulidad de las nóminas y el régimen de dedicación de Airam Puerta, desde el 24 de junio de 2021; de Gustavo Pérez, desde el 1 de julio del mismo año; Cándido Gómez y de Juan Delgado, ambos desde el 12 de julio. El motivo es que el salario y el régimen de dedicación debió ser aprobado en otro pleno.

Los informes emitidos por la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento de Güímar fueron la base del rechazo de CC, PSOE y USP a la propuesta del PP. El informe jurídico consideró que la sentencia está ejecutada al decretarse la nulidad de los decretos de dedicación y de asignación de retribuciones de los afectados en los meses de julio y agosto de 2021, periodo al que restringe la repercusión de la decisión judicial. Asimismo, consideró que no deben devolver el importe de sus nóminas puesto que realizaron el servicio por el que cobraron. Es decir, hicieron su trabajo. En todo caso, los expedientes individuales que se abrirán ahora determinarán ese extremo y si hubo mala fe.

La interventora dejó claro que no podía determinar las cantidades que cada uno de los cuatro afectados debería devolver porque «la sentencia no fija el deber de devolverlo» ni señala el periodo de salarios afectados.

El gobierno defendió que «todas las nóminas fueron avaladas por los informes favorables de Recursos Humanos, Intervención y Secretaría municipal, no existiendo cobros indebidos o superiores por parte del alcalde y los ediles, motivo por el cual la administración incurriría en un enriquecimiento injusto si se procediera a la devolución de dichos cobros».

Carmen Luisa Castro (PP), que incidió en que los cuatro afectados «están en la obligación de abstenerse» –aspecto refutado por la secretaria municipal–, advirtió de que pedirán la ejecución de sentencia. La portavoz popular criticó que PSOE, CC y USP la den por ejecutada «sin tener que reintegrar ni un euro y limitando la ilegalidad a dos meses de 2021, cuando las remuneraciones del alcalde y tres concejales carecieron de cobertura legal durante casi dos años más». Además, el PP vinculó la «inmoral» subida de sueldos del 27% que aprobó el actual grupo gobernante «a la previsión de devolver este dinero».

Castro acusó a la concejala de Unidas Sí Podemos, Nayra Caraballero, de ser «cómplice de lo que tanto ha combatido». y se mantuvo firme en que se votara la propuesta de acuerdo ante los intentos del alcalde de lo contrario, al darse por ejecutada la sentencia. El PP pedirá la intervención judicial.

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