El pleno del Cabildo de Tenerife insta a ejecutar las obras en las carreteras con el voto en contra del PSOE

El pleno del Cabildo de Tenerife aprobó este viernes una resolución para «coordinar y consensuar» con el Gobierno de Canarias la ejecución de las grandes obras pendientes en las carreteras de la Isla, infraestructuras viarias que se incluyen en el Convenio Canarias-Estado 2018-2027. El gobierno de CC y PP enmendó la moción del PSOE que, pese a los reiterados intentos de lograr un acuerdo unánime, votó en contra al considerar «descafeinado» el texto final, ya que su propuesta planteaba priorizar la Variante de la TF-5 desde Guamasa, en La Laguna, y el túnel de Fañabé «para acabar con las colas».

El acuerdo recoge instar al Gobierno de Canarias a «consensuar» la solución del proyecto de la Circunvalación de La Laguna, la Variante de la TF-5, en la autopista del Norte, con el Cabildo e iniciar las obras tras la tramitación legal procedente. En el texto se acuerda solicitar también al Ejecutivo canario coordinar con la Corporación insular el inicio de las obras del falso túnel de Fañabé-Playa de Las Américas en la Autopista del Sur (TF-1), con idéntico cumplimiento de los preceptos legales.

Además, el acuerdo solicita lo mismo para el proyecto de obras en la TF-5 desde San Juan de la Rambla a Icod de los Vinos, seguir con la tramitación de los terceros carriles en las autopistas del Norte y del Sur (San Isidro-Playa Las Américas), así como tramitar los proyectos Túnel de la Gorgorana y conexión TF1-TF2 en el enlace de Santa María del Mar.

El portavoz de Carreteras del grupo socialista, Manuel Martínez, remarcó que cada obra requiere en su tramitación previa «no 90 días, sino 900», e insistió en que «no podemos volver al punto cero de estudiar todos los proyectos». Alertó de que Tenerife «puede perder más de 500 millones en proyectos de carreteras que están ya planificadas, con informes técnicos y ambientales, si no hay una determinación de los gobiernos insular y regional».

Pleno del Cabildo de Tenerife

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«Fundamentales». Planteó Martínez que hay obras «fundamentales» para acabar con los colapsos del tráfico, como la variante de la TF-5 y el túnel de Fañabé, que en la legislatura anterior «se consensuaron y avanzaron tanto política como técnicamente, hasta el punto que el Gobierno de Canarias estaría en disposición de licitarlas ya». El consejero socialista defiende que estas obras son prioritarias por tres motivos: no consumen territorio y, por lo tanto, no hay que realizar expropiaciones; segundo, tienen un bajo impacto ambiental, porque son subterráneas en su mayoría; y, tercero, son obras que no afectan el tráfico.

El portavoz subrayó que «estas dos actuaciones, junto con las obras que se ejecutan en estos momentos del Anillo Insular y el enlace Chafiras-Oroteanda, serán determinantes para cambiar la movilidad de vehículos en la Isla».

Había acuerdo «de fondo, pero no de forma». Manuel Fernández (PP) y, en menor medida, «con la boca chica» el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga (CC), intentaron corregir esos «matices» y consensuar un texto, pero el PSOE lo rechazó. Arteaga, en plena retranca canaria, mencionó en un par de ocasiones que el Grupo Socialista estaba mediatizado por «un delgado hilo», en evidente referencia a José Luis Delgado, director general de Infraestructuras Viarias en el Gobierno de Canarias en la legislatura anterior. Al final, 20 votos (CC, PP y Vox) a favor de la enmienda y 11 en contra (PSOE).

Tasa de residuos. El Cabildo, a instancias del Grupo Socialista y con apoyo unánime, acordó congelar la tasa de residuos a los 31 municipios de la Isla hasta el 10 de abril de 2025. La moratoria se mantendrá hasta la fecha en la que entrará en vigor de forma obligatoria la nueva ley estatal.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó, tras la exposición del ponente, Javier Rodríguez Medina, que la nueva ley estatal obliga a actualizar las tasas a los municipios desde el 1 de enero de 2024, si bien el Cabildo ha decidido no aplicar el incremento previsto «para que puedan efectuar las actuaciones necesarias como la elaboración de las ordenanzas municipales con tasas actualizadas y la tramitación de los nuevos contratos de recogida de residuos». Todo con el objetivo de «poder adaptarse al nuevo modelo de gestión de la Isla de Tenerife y cumplir con la legalidad».

Asimismo, la consejera valoró las reuniones en la Fecai y la Fecam «para avanzar, junto al Gobierno de Canarias, «hacia la economía circular y la sostenibilidad de la Isla y del Archipiélago».

Entidades solidarias. El pleno acordó «poner en valor el trabajo de las asociaciones del tercer sector para hacer frente a las situaciones de emergencia social». El acuerdo «casi unánime» incluyó «el reconocimiento del Cabildo a la singularidad de las entidades de reparto de alimentos y productos de primera necesidad».

Juan José Martínez (CC), Nauzet Gugliotta (PSOE), y Águeda Fumero (PP) defendieron unas bases comunes. Ana Salazar (Vox) justificó la abstención del Grupo Mixto (o sea, Vox) en lo que entiende por «ideologización» a la hora de calificar la violencia de género. El intento de convencer a los dos consejeros verdes no fructificó. En este marco hay que incluir el rifirrafe dialéctico entre Gugliotta y Salazar, que aceptó las disculpas del primero «por la vehemencia en mi discurso». Salazar también echó en cara a Marián Franquet que se riera en un momento dado y la presidenta, Rosa Dávila, la llamó al orden. Salazar pidió perdón.

La resolución final (29 a favor y dos abstenciones) contempla el agradecimiento por la labor de estas entidades en la atención de las personas más vulnerables, en especial durante la pandemia y con referencia a mayores, migrantes en situación administrativa de vulnerabilidad, mujeres solas con responsabilidades familiares, víctimas de violencia de género y sus familias, aquellas en situación de sinhogarismo o en exclusión residencial y, en general, a los más vulnerables. El apoyo será «prioritario» a las entidades sociales de reparto de productos de primera necesidad con garantía sobre la continuidad de las líneas de subvención, e incremento, de acuerdo con el coste de la vida, las aportaciones económicas. También hubo «garantía» de apoyo a los pacientes de ELA y sus familiares, que han contado este año con una subvención de 275.000 euros.

Momento tenso –hubo pocos– el protagonizado por Marián Franquet y Efraín Medina sobre los cheques guardería. Para la socialista, medida producto de «la «improvisación y sacarse la foto». El nacionalista instó a esperar a las bases y reiteró su «mano tendida» al consenso. El final de la sesión lo marcó la ideología. Naim Yánez (Vox) preguntó por «la excesiva llegada de emigrantes» y «medidas a tomar». La respuesta la centró Águeda Fumero en la «falta de competencias» y «la solidaridad».