el rosario
Una modificación del planeamiento abre las puertas a 29 viviendas sociales
El Pleno acuerda por unanimidad el cambio urbanístico para estas casas en La Esperanza
Escolástico Gil muestra durante el pleno imágenes sobre las zonas verdes de la carretera TF-24. | | E.D. / E. D.
El Pleno del Ayuntamiento de El Rosario dejó ayer la aprobación inicial de la modificación menor de las normas subsidiarias de planeamiento en la calle La Sardinera, ubicada en el casco urbano de La Esperanza, para permitir la construcción de 29 Viviendas de Protección Oficial (VPO).
El punto del orden del día fue aprobado por unanimidad de los concejales presentes y permitirá reactivar la construcción de viviendas públicas en el municipio con cargo al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 del Gobierno regional, con el que el Instituto Canario de la Vivienda planea llevar a cabo una importante inversión en promoción de vivienda pública entre aquellos municipios canarios que dispongan del suelo necesario para ello.
El Ayuntamiento de El Rosario compró en 2022 una parcela, situada en el número 15 de la calle La Sardinera y con una superficie de 1.485 metros cuadrados, para cedérsela al Instituto Canario de la Vivienda y que pudiese ejecutar nuevas promociones públicas de vivienda. En El Rosario únicamente existen tres promociones públicas de viviendas protegidas, siendo la última ejecutada en el año 1999.
Otros dos tema menores también fueron aprobados por unanimidad: la resolución de alegaciones de un estudio de detalle de parcelas en Radazul Bajo y la aceptación de la competencia para la emisión de los informes preceptivos para la ejecución de obras menores en zona de asentamiento rural de la red de carreteras insular.
Se aprobó también una moción defendida por la edil Cristina Valido (CC) que proponía la colaboración con el Cabildo de Tenerife para la conservación y mantenimiento de las zonas verdes adyacentes a la carretera general de La Esperanza (TF-24) y de la propia mediana. El alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes), expuso que dicha iniciativa era un «refrito de un convenio de hace diez años del Cabildo con varios ayuntamientos de Tenerife» y que, además, carecía de párrafos esenciales necesarios para contextualizar esos convenios. Por ello, se propuso un texto alternativo al acuerdo para que pudiera aprobarse, como ocurrió finalmente.
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