La jueza anula la multa de 190.000 euros del Consistorio por obras en El Camisón

La jueza María Concepción Pérez-Crespo anula una multa de 190.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Arona, en abril de 2021, a la empresa que construyó el centro comercial de la playa de El Camisón. La magistrada sustituta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife considera que el Consistorio aronero, que en el momento de la imposición de la multa era gobernado por José Julián Mena (PSOE), carecía de elementos para concluir que unos trabajos realizados en el centro comercial se hicieron sin licencia municipal e invadiendo el dominio público marítimo-terrestre, la zona más cercana al mar donde está prohibida cualquier actuación sin un permiso extraordinario de la Dirección General de Costas.

La promotora del edificio de El Camisón, Melisofi Consulting SL, recurrió primero ante el Ayuntamiento el expediente sancionador por falta muy grave. El alcalde, José Julián Mena, rechazó el recurso en una resolución dictada el 4 de noviembre de 2021. La empresa acudió entonces a la Justicia al defender que se trataba de unos trabajos menores –aportación de tierra en una zona exterior del edificio– que no contravenían ni la normativa urbanística municipal ni la nacional relacionada con la protección de la costa. La magistrada ha dado ahora la razón a Melisofi Consulting, en un fallo firmado el pasado lunes, y deja sin efecto la multa de 190.000 euros. «En el expediente administrativo sancionador no consta informe técnico que acredite la ejecución de obras constitutivas de la infracción», concluye María Concepción Pérez-Crespo en la sentencia.

El edificio, ubicado en plena avenida marítima de Los Cristianos, se denomina oficialmente Arts Lifestyle & Shopping Tenerife, un centro cultural y comercial construido entre las playas de Las Vistas y El Camisón, sobre la conocida como casa de los Domínguez. En junio de 2017, tras su inauguración, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona lo precintó por irregularidades relacionadas con la servidumbre y los retranqueos. Exigió obras para el restablecimiento de la legalidad, entre ellas la demolición de algunas estructuras.

Estas actuaciones que merecieron la sanción ahora anulada por la Justicia no tenían que ver con el restablecimiento de la legalidad. El centro comercial sigue cerrado, pendiente de adaptarse a la normativa urbanística para poder reabrir sus puertas y de otra investigación judicial. En 2021, el mismo mes de la imposición de la multa, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó una denuncia tras apreciar indicios de un presunto delito urbanístico en la construcción de este edificio, según informaron Mírame TV y Canarias Ahora.