Más de 5.000 profesionales de Canarias, de las ramas de ingeniería forestal, ingeniería agrícola, veterinaria, agricultura y ganadería, advierten en este Manifiesto por una prevención integral de los grandes incendios forestales en Canarias que las Islas son un polvorín expuesto a megaincendios forestales que pueden desencadenarse simultáneamente en varias islas. Una amenaza que se aproxima cada año que pasa y que reclama un nuevo modelo territorial que cuide nuestra biodiversidad. No es cuestión de más aviones y helicópteros.
Estos días hemos vivido una situación extrema en Tenerife, sagazmente gestionada por nuestros sistemas de protección civil. Decenas de miles de personas han visto en riesgo sus vidas, sus viviendas o su salud, y se ha quemado una porción muy significativa de los bosques de la Isla, en un incendio que ha mantenido en vilo a la población y los medios de extinción durante una semana. Fue una catástrofe anunciada. Hace 4 años, cuando sucedieron los grandes incendios de Gran Canaria, alertamos de que aquella situación iba a repetirse y que las condiciones podrían ser peores. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón.
En aquella ocasión, agosto del 2019 en Gran Canaria, la vida y los hogares de más de 9.000 personas se vieron directamente amenazados por un incendio de 9.500 hectáreas. En esta ocasión han sido más de 12.000 personas cuyos hogares se han visto directamente amenazados por un incendio de casi 15.000 hectáreas. Lo peor puede estar por llegar si no actuamos.
Lo peor está por venir. Las personas al frente de los operativos de extinción, con la colaboración ingente de recursos de otras administraciones y cuerpos, han realizado un trabajo increíble logrando que no se haya lamentado la pérdida de una sola vida humana o de alguna vivienda. Es un milagro labrado a base de esfuerzo, coordinación y profesionalidad. Pero también debemos advertir que, a pesar de lo difícil y complejo de este incendio, no nos hemos enfrentado al peor escenario posible. La meteorología, sin ser favorable, podría haber sido aún más compleja, con vientos más fuertes y propagaciones más rápidas. Como recordatorio, este incendio ha consumido la mayor parte de sus 15.000 hectáreas en 5-6 días. Sin embargo, el gran incendio de Tenerife de 2007 consumió la misma superficie en solo 3 días, empujado por un viento de más de 70 kilómetros por hora.
Por otro lado, también podría haberse dado la situación de sufrir múltiples incendios simultáneos, dentro de Tenerife, en otras islas o incluso a nivel estatal, que habrían impedido contar con el ingente número de recursos, medios aéreos y efectivos con los que se ha podido contar, aportados por otros cabildos, el Gobierno de Canarias o el Estado desde otras provincias.
Debemos ser conscientes de que nuestro modelo territorial actual está provocando un incremento constante del combustible vegetal en el paisaje y que ello, unido a las condiciones climáticas propicias de Canarias, incrementadas por el cambio climático, generan el cóctel perfecto para el desarrollo de grandes incendios forestales. Grandes incendios forestales que en los peores escenarios pueden transformarse en megaincendios, cuando éstos arden en toda su extensión en forma de alta intensidad, con un poder destructivo sin precedentes. Esta es una realidad a la que tenemos que mirar de frente y abordarla con urgencia, pues afecta a la mayoría de nuestras Islas.
Un problema de muchas aristas. Un elemento clave para abordar esta realidad es entender su complejidad. Es una realidad que tiene muchas aristas y cuyas soluciones no son simples. Es un problema de protección civil pues cuando se desata el fuego innumerables vidas y hogares corren peligro, y han de ser protegidas.
Un problema de biodiversidad. Es un problema de biodiversidad, pues el fuego impacta severamente a los ecosistemas y el equilibrio entre múltiples organismos que viven en estrecha interrelación en ellos. Toda esta riqueza de formas de vida debemos también protegerla, siendo conscientes de que muchos de ellas solo habitan en nuestros montes y se encuentran ya severamente amenazadas. Es cierto que nuestras masas forestales, especialmente el pinar, tienen muy buena capacidad de recuperarse tras el fuego. Pero esta resiliencia no quiere decir que la biodiversidad quede indemne. Por un lado porque la frecuencia e intensidad actual de estos incendios no es aquella para las que están adaptados y porque nuestra rica y maravillosa biodiversidad ya se encuentra en muchos casos demasiado deteriorada por otros factores para resistir los embates de estos fuegos de alta intensidad.
Un problema de provisión de servicios ambientales críticos. Es un problema de provisión de servicios ambientales críticos. Las masas forestales afectadas, sobre todo las que han sufrido una mayor intensidad del fuego, no van a poder proteger el suelo y favorecer la infiltración de las lluvias cómo normalmente hacen. Debemos recordar que las masas forestales de Tenerife proveen servicios ambientales por valor de más de 240 millones de euros al año, de los cuales, 216 millones equivalen al servicio de regulación del ciclo del agua. Indirectamente, el fuego ya nos ha hecho vivenciar esta relación crítica, con los cortes de agua sufridos por la rotura de varios canales de suministro. También hemos de ser conscientes de que Tenerife posee grandes extensiones con elevado riesgo de corrimientos de tierra y que las masas forestales ayudan a sujetar esas montañas, muchas situadas encima de zonas densamente pobladas, como el Valle de Güímar, zonas intensamente afectadas por este incendio.
Un problema de gestión forestal. Es un problema de gestión forestal, pues aún no hemos conseguido establecer un modelo sostenible para nuestros montes que cuente con un marco de financiación adecuadamente dotado, que establezca los modelos selvícolas de referencia para garantizar la multifuncionalidad de nuestros bosques, particularmente para los pinares de repoblación que no están pudiendo ser adecuadamente tratados, y que planifique y ejecute la selvicultura que precisan nuestros montes para adaptarse a los escenarios de cambio climático. Nuestras masas forestales ya sufren un clima más cálido y seco.
Un problema de cambio climático. Es un problema de cambio climático y desertificación, pues la ocurrencia de estos grandes incendios, retroalimentada por los escenarios de mayor sequía y mayores temperaturas que ya estamos viviendo, acelera los procesos de desertificación que vivimos en nuestras Islas. El cambio climático fuerza a nuestras masas forestales a un tránsito hacia la aridez y la protección del suelo fértil es clave para mitigar este proceso. El deterioro del ecosistema del suelo por el paso del fuego, unido a los procesos erosivos que facilita la pérdida de la cubierta vegetal frente a la llegada de las lluvias, cada vez más torrenciales también por el cambio climático, generan un circuito de retroalimentación muy pernicioso hacia la desertificación.
Problema de ordenación. Es un problema de ordenación del territorio, pues la regulación de los usos del suelo debiera tener entre sus prioridades la de crear y mantener un paisaje más resiliente frente a los incendios forestales. Un modelo de ordenación que establezca los incentivos y mecanismos adecuados para garantizar unas zonas de interfaz más seguras. Un modelo que garantice la creación de áreas de baja carga combustible establecidas de forma estratégica en el paisaje, de forma que se frenen los frentes principales de propagación del fuego y se mejoren las oportunidades de ataque de los medios de extinción, minimizando el recorrido y el impacto de los grandes incendios.
Un problema agrario. Es un problema agrario, pues mucha de la acumulación de combustible que desata estos fuegos, sobre todo en las zonas de interfaz urbano-forestal, las más peligrosas para las personas y sus bienes, es fruto de la terrible pérdida constante de nuestra agricultura y ganadería de medianías. Las políticas de los últimos 40 años no han conseguido frenar la destrucción de esta actividad, mantenida hoy día por personas clave para un futuro más resiliente. Es imprescindible revertir esta situación, en la que solo las personas más comprometidas y vocacionales mantienen este tipo de explotaciones, a costa de sus propias economías en la mayoría de los casos, por otra situación en la que no solo frenemos la destrucción de explotaciones, sino que recuperemos buena parte de las que se han abandonado, convertidas en el caldo de cultivo para incendios por venir.
Un problema de educación. Es un problema de educación y formación ambiental de la población, para entender los procesos ecológicos, las decisiones técnicas tanto en la gestión de los montes como de los usos del territorio, y los impactos de nuestras actividades y las consecuencias de las mismas. O cómo funcionan las emergencias y cómo se puede contribuir a mitigar su impacto. Necesitamos una población formada e informada que pueda comprender la situación que vivimos, las soluciones que están en nuestra mano y cómo necesitamos que contribuyan de forma activa a implantarlas.
Un problema de vigilancia. Es un problema de vigilancia, policía y custodia cuando en Canarias contamos con unas plantillas de agentes de medio ambiente infradotadas, con ratios por habitante muy inferiores a la media nacional, y que tiene múltiples consecuencias en materia de defensa de nuestro patrimonio natural, educación ambiental, tramitación de permisos y en materia de incendios forestales.
Un problema de negligencias. Es un problema de negligencias, accidentes o incendiarios. En muchos casos se habla de la responsabilidad individual de estos incendios, sobre todo si fueron provocados intencionadamente o fruto de un descuido. O si las personas no han autoprotegido adecuadamente sus viviendas. Dejarnos llevar por esta mirada simplista nos dejaría indefensos ante una realidad imparable. Un gran incendio forestal es una combinación de cuatro factores: acumulación de combustible, ausencia de humedad, ignición y meteorología. Actuando únicamente sobre el factor de ignición no podemos resolver el problema. Hay otro factor sobre el que podemos y debemos actuar: la acumulación de combustible.
Un problema de precariedad laboral. Es también un problema de precariedad laboral, que afecta a una parte importante del personal de extinción, que no ve adecuadamente reconocido el valor de su trabajo y que sufre la temporalidad. Pero también de un mundo rural que se ha quedado sin oportunidades de empleo. En varias ocasiones los incendios han sido provocados por personal vinculado de una u otra forma a la extinción.
No es un problema de falta de medios. No es un problema de falta de medios de extinción ni de una respuesta lenta e ineficaz. Como llevan reclamando desde hace años responsables muy relevantes de equipos de extinción de nuestro país, actualmente no vamos a resolver este problema con más medios, más helicópteros o más aviones. Nuestros medios de extinción han mejorado muchísimo en las últimas décadas en recursos y profesionalización, y ellos mismos reclaman una mirada más integral para poder hacer su trabajo: contar con paisajes en los que se puedan apagar los incendios.
La respuesta: el ‘paisaje mosaico regenerativo’. Necesitamos crear paisajes donde los incendios se puedan apagar. Y el modelo de paisaje que se puede apagar es el paisaje mosaico. Un paisaje donde se intercalan diferentes usos del suelo y que, fundamentalmente, supone un modelo donde las acumulaciones de combustible disponible para arder están limitadas, de forma que, aunque se generen incendios, estos no pueden desarrollar largas carreras sin encontrar áreas de menor carga o incluso de carga prácticamente nula. En este modelo, los usos agrícolas y la ganadería extensiva juegan un papel fundamental. Por eso es tan crucial que mantengamos y, sobre todo, recuperemos nuestra agricultura de medianías y nuestra ganadería extensiva. Porque son actividades cruciales para mantener un paisaje resiliente que permita preservar toda su funcionalidad incluyendo la biodiversidad. Por eso hablamos de paisaje mosaico regenerativo.
Porque no solo se trata de mantener una discontinuidad del combustible, sino también de impulsar modelos productivos regenerativos que contribuyan a la capacidad de la biodiversidad de regenerarse. Por varios motivos. Por un lado, porque existen modelos agrícolas y ganaderos que no solo minimizan su impacto, sino que pueden generar sinergias con la biodiversidad autóctona, favoreciendo la regeneración natural (por ejemplo la agricultura ecológica). Por otro lado, porque podemos y debemos aprender, y aquí el papel de la investigación es crucial, cómo apoyar a nuestros ecosistemas naturales y seminaturales a adaptarse a los futuros escenarios climáticos.
Propuesta 1: reconstruir las cadenas de valor de nuestro paisaje. Llevamos décadas sin pensar cómo hacer viable la actividad agraria (ganadería, agricultura, forestal) en nuestros paisajes de medianías. Más bien les hemos dado la espalda mediante incentivos perversos que no terminan de ser efectivos (por ejemplo el POSEI) o regulaciones restrictivas o excesivamente burocratizantes (Ley del Suelo, directivas europeas a la producción agraria o normativa de Espacios Naturales Protegidos).
Necesitamos que la agricultura de medianías y la ganadería extensiva sean una actividad revitalizada y sostenible, que adopte prácticas favorables a la biodiversidad. Tenemos que frenar en seco el cierre de explotaciones, con la pérdida de conocimiento que suponen, y generar un efecto llamada para reactivar una parte sustancial de los terrenos abandonados. Y también necesitamos la creación de un sector forestal local, cualificado y profesional, que valorice la biomasa que es necesario extraer de nuestros paisajes, contribuyendo al paisaje mosaico.
Para ello es imprescindible una revisión a fondo del marco regulatorio de estas actividades, incluyendo un análisis de sus cadenas de valor, de forma que se aseguren los incentivos adecuados a la actividad, adoptando las medidas estructurales oportunas, como pudiera ser la simplificación administrativa, la inversión en innovación y la creación de un sistema de pago por servicios ambientales a personas agricultoras y ganaderas que retribuya el valor ambiental del mantenimiento de las explotaciones e incentive su transformación a prácticas favorables para la biodiversidad (como el apoyo a los procesos de regeneración natural o el control de especies invasoras) y la conservación del suelo. Estimamos que una política adecuada de pago por servicios ambientales que fomente el paisaje mosaico en las zonas de alto riesgo de incendio definidas en Tenerife y Gran Canaria supondría una inversión anual de 60 millones al año en contratos de servicios ambientales con explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales que, de esta forma, verían complementada su renta e incentivada su actividad. Esta inversión incluiría asimismo la financiación de la investigación, innovación y desarrollo necesarios para evaluar y mejorar este modelo, asegurando su eficacia, tanto en el control de los incendios como en la puesta en valor de la economía del mundo rural, y el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Por poner esta cifra en contexto (60 millones al año), si se estima que el coste medio de la extinción de un incendio con la participación de medios aéreos ronda los 10.000 euros la hectárea, el coste de extinción, sin contar las labores posteriores de restauración, de los incendios de Tenerife de 2022 y este año, ronda los 170 millones de euros.
Propuesta 2: impulsar las áreas estratégicas de baja carga. Necesitamos identificar y gestionar áreas estratégicas donde se reduzca la carga combustible. Fundamentalmente se pueden entender en dos grandes bloques:
- Zonas estratégicas situadas en dorsales y barrancos donde la simulación de los grandes incendios prevea el desarrollo de las carreras de propagación de los grandes incendios. La idea en estas zonas es reducir significativamente la acumulación del combustible forestal y mantenerla mediante pastoreo sostenible, quemas prescritas o tratamientos selvícolas.
- Zonas de protección de viviendas y núcleos poblados en zonas de interfaz, con actuaciones de sensibilización que aseguren un alto grado de implantación de las necesarias medidas de autoprotección, en paralelo a la recuperación de cultivos a través de la Propuesta 1.
Propuesta 3: desarrollo de un marco financiero adecuado y estable. Debe ser una prioridad técnica ofrecer soluciones innovadoras para incrementar significativamente los fondos destinados a la gestión del territorio contra los grandes incendios forestales. Medidas como el céntimo forestal (detraer varios céntimos de euro por litro del impuesto al combustible del transporte, para implementar medidas compensatorias a las emisiones de CO2 como la reforestación o la selvicultura preventiva) siguen siendo necesarias y pueden suponer el punto de partida para el pago por servicios ecosistémicos, para darle el justo valor que tiene nuestro patrimonio natural y rural.
Propuesta 4: todos contamos, integración social, comunicación y corresponsabilidad. El desarrollo de esta estrategia de prevención frente a grandes incendios forestales no puede ser un modelo tecnocrático, elaborado de espaldas a la sociedad, particularmente nuestra sociedad rural. Un paisaje que se protege y cuida a sí mismo es un paisaje vivo, en el que las personas forman parte muy activa y comprometida. Es importante entender cómo podemos ayudar a las personas que viven y producen en nuestras medianías, qué tipo de incentivos precisan para que su actividad florezca, se multiplique y avance hacia las prácticas regenerativas. Es clave canalizar todo ese voluntariado que ha reclamado poder formar parte activa de la emergencia, dándole un lugar adecuado en las emergencias y protagonista en la prevención. Es crucial fomentar la corresponsabilidad y el desarrollo de la autoprotección, dando información técnica de calidad, favoreciendo así la colaboración y evitando la propagación de bulos y falsas noticias.
Propuesta 5: grupo de trabajo ejecutivo sobre ‘paisaje mosaico regenerativo’. Para desarrollar esta estrategia en múltiples ámbitos, planificarla, ejecutarla y adaptarla al entorno cambiante, es preciso establecer un grupo de trabajo ejecutivo, respaldado al más alto nivel institucional (Presidencia del Gobierno de Canarias y de los Cabildos) que pueda impulsar las medidas estructurales que se plantean.
