El Supremo confirma la inhabilitación del exalcalde de El Tanque

El exmandatario del PSOE Román Martín acumula varias condenas por prevaricación, que lo mantendrán inhabilitado durante más de 26 años

El Tanque 22 MAY 2023 15:11 Actualizada 22 MAY 2023 15:46

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 12 años de inhabilitación impuesta a finales de 2020 al exalcalde de El Tanque Román Antonio Martín Cánaves por un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con la apertura y puesta en funcionamiento de una miniresidencia y Centro de Día de Mayores. El tribunal coincide con la sentencia recurrida en que los hechos son constitutivos de la prevaricación imputada y afirma que el acusado "no cuestiona en su recurso que su actuación se llevó a cabo al margen de todo procedimiento y con falta total de competencia, circunstancias que no sólo conocía, sino que le fueron puestas de manifiesto reiteradamente por la secretaria-interventora del Ayuntamiento de El Tanque y por el arquitecto técnico municipal, lo cual evidencia la arbitrariedad de las resoluciones que adoptó, fruto de su capricho y de su personal y exclusiva voluntad”. La confirmación de esta sentencia, que se suma a otra de 14 años de inhabilitación por otro delito de prevaricación por contrataciones irregulares, obligará al exmandatario socialista de El Tanque a estar alejado de la actividad política durante más de 26 años.

La sala indica que "si el acusado estimaba que la implantación de un centro de mayores era necesaria para la comunidad, la ley arbitraba para ello un procedimiento especifico al que debió adecuar su actuación. De esta forma, su proceder constituye sin duda una contradicción con el ordenamiento jurídico de tal magnitud que podía ser apreciada por cualquiera”.

La sentencia señala que “no se trataba de una mera ilegalidad, que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en derecho, sino que el acusado actuó por la vía de hecho para hacer su voluntad, con una absoluta falta de competencia, y con inobservancia de las más elementales normas del procedimiento, al margen de toda la legalidad administrativa, desglosada y desmenuzada en la sentencia de instancia. Se trata de un claro abuso de poder que conculcó el pilar básico de un estado de derecho, como es el sometimiento de los poderes públicos a la ley”.

El Supremo rechaza la tesis del recurrente que sostenía que lo único que perseguía era la defensa del interés general, atendiendo a las demandas de los vecinos del municipio de contar con un centro de mayores. En este sentido, advierte que ni en los hechos probados ni en la fundamentación jurídica de las sentencias de instancia y de apelación se dice en momento alguno que el acusado actuara guiado por un interés general, sino que en los mismos se expresa que “Martín Cánaves impuso su caprichosa o arbitraria voluntad en perjuicio del interés público”.

La sentencia dice que Román Martín "impuso su caprichosa o arbitraria voluntad en perjuicio del interés público”.

El tribunal estima en parte el recurso de casación interpuesto por el condenado que alegaba, entre otros motivos, que la Audiencia Provincial de Tenerife, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, le impuso una pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público sin concretar los empleos, cargos y honores sobre los que recaía la misma. La sala declara en su sentencia, ponencia de la magistrada Carmen Lamela, que la pena de inhabilitación deberá referirse al cargo de alcalde, así como también a cualquier otro cargo electivo de la Administración Local, de la Administración de las Comunidades Autónomas y de la Administración Estatal.

La pena de inhabilitación se refiere al cargo de alcalde y a "cualquier otro cargo electivo de la Administración Local, de la Administración de las Comunidades Autónomas y de la Administración Estatal"

Martín fue inhabilitado por segunda vez en 2022, cuando se le condenó a 14 años por varias contrataciones irregulares en el mandato 2015-2019. La Fiscalía le acusó en ese segundo juicio de “actuar con ánimo de parcialidad y absoluto desprecio hacia la legalidad vigente respecto a los procesos de selección de personal para el desempeño de funciones públicas, prescindiendo de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, así como de los informes desfavorables de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento”. Se le acusó de “proceder de forma reiterada” a realizar contrataciones que vulneran la Ley de Bases del Régimen Local, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015 y el Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para corregir el déficit público. En octubre de 2022, Román Martín aceptó una tercera condena de inhabilitación por otra contratación irregular.

De dos mayorías absolutas a la inhabilitación

Román Martín encabezó la candidatura del PSOE en 2011 y logró 4 concejales, con el 37,26% de los votos. Llegó por primera vez a la Alcaldía pactando con CC. Tras un mandato muy convulso por la crisis interna del PSOE, desatada por la ruptura del pacto con CC; terminó gobernando con el PP. Tras dos años de auténtica guerra política entre Román Martín y su excompañero de partido Pablo Estévez, con una amenaza de expulsión del PSOE que nunca se cumplió, los vecinos apostaron fuerte por el joven socialista en 2015 y castigaron a los que fueron sus socios de gobierno. CC perdió tres concejales y casi 500 votos, y el PP perdió sus dos concejales y se quedó fuera de la corporación. Pablo Estévez, que dejó el PSOE tras ser el único que respetó las directrices del partido en la ruptura con CC en 2012, se presentó con NC y logró dos ediles y el 15,69% de los votos. La mayoría absoluta socialista de 2015, con el 52,59% de los apoyos, fue un éxito inesperado que Román Martín supo consolidar en mayo de 2019, cuando obtuvo el 60,17% de los apoyos electorales, que le dieron 7 de los 11 ediles de la Corporación tanquera. Sin embargo, los procesos judiciales abiertos tras varias denuncias de Pablo Estévez y de un trabajador municipal terminaron con la carrera política de Román Martín en julio de 2021, cuando presentó la dimisión, casi 8 meses después de su primera condena.

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