La Fiscalía investiga tres obras de emergencia por presunta irregularidad

Carmen Luisa Castro, portavoz municipal del Partido Popular, denunció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad de la provincia (el pasado 20 de marzo) al alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, y a su antecesor y hoy primer teniente de alcalde, Airam Puerta, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsificación en documento público, malversación, fraude y/o exacciones ilegales. La causa es el «uso habitual, injustificado, abusivo y presuntamente arbitrario de la contratación de emergencia».

La exalcaldesa advierte de «posible corrupción» y «presuntas contrapartidas» en la gestión de tres expedientes, referidos a los taludes del núcleo de Santa Lucía y de la zona de Las Bajas y a la construcción de la red de saneamiento del barrio de Fátima.

El alcalde de Güímar traslada a la Fiscalía la presunta contratación fraudulenta de una obra pública

Además de considerar que no se dan las causas que justifiquen la emergencia en ninguna de las tres obras, Luisi Castro advierte de un supuesto interés en utilizar la figura de la emergencia para eludir el «cumplimiento de los principios legales de igualdad, transparencia y libre competencia». A su juicio, ese tipo de contratación se empleó, «presuntamente, como modo de llevar a cabo adjudicaciones de obras o servicios a personas o entidades afines».

En el caso del alcantarillado de Fátima, explicó que existe un decreto del 28 de diciembre de 2021 por el que se adjudica la obra a Wawa Canarias SL (empresa creada un año antes, denuncia) por 2.742.994 euros. Este decreto es calificado de falso por el gobierno local y tanto Airam Puerta como la secretaria municipal, firmantes del mismo, niegan la veracidad de sus rúbricas digitales. Este asunto fue trasladado a la Fiscalía por el alcalde, Gustavo Pérez.

El decreto de la contratación de la obra en Fátima data de un día después. Luisi Castro afirmó en rueda de prensa que «un empresario pagó 100.000 euros (en dos transferencias) para la adjudicación de dicha obra». Con carácter previo, el 9 de junio de 2021, el Consistorio contrató la redacción del proyecto a un ingeniero.

Respecto al proyecto del talud de Santa Lucía, Castro denuncia que el Consistorio pagó los 330.755 euros de la adjudicación, pero «se ejecutó únicamente en torno a un 25% de la obra», realizada en la primera mitad del mandato.

Sobre el talud de La Bajas, obra contratada por 342.865 euros, «la facturación total formalizada (...) ascendió a una cifra cercana a 1,5 millones». Además, los vecinos fueron desalojados por tres meses con cargo a la empresa, pero el contrato de ejecución de obra era de seis meses, denunció Castro. Los trabajos comenzaron el 4 de mayo de 2021 y fueron paralizados casi cinco meses después.

La Fiscalía acepta a trámite la denuncia del PP y recaba documentación del Ayuntamiento de Güímar. De estos tres expedientes, el único decreto que firma Gustavo Pérez, el alcalde actual, es el de paralización de la obra en el talud de tierra de Las Bajas.

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