El Tribunal de Cuentas archiva la causa por la compra de dos fincas en Geneto

El Tribunal de Cuentas de España archiva el procedimiento sobre la compra de 30.700 metros cuadrados de suelo de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, situada en Geneto, por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), por casi 19 millones de euros, tras avalar el Ministerio Fiscal que dicha adquisición «está debidamente justificada, tanto por la forma como por el precio abonado». Archivo que consta en el auto emitido por el órgano supremo fiscalizador de la gestión económica del sector público en el país, emitido el pasado 10 de marzo, después de que así lo concluyera el pasado enero, tal y como adelantó EL DÍA.

El procedimiento tiene su origen en la comunicación remitida al Tribunal de Cuentas el 13 de octubre de 2020 por el interventor del Cabildo Insular de Tenerife, Antonio Messía, referida a «unos hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable». Hechos consistentes en la compra, por parte de la sociedad pública Parque Científico y Tecnológico de Tenerife SA, mediante escrituras públicas que datan del 24 de enero de 2012, de unos terrenos ubicados en Geneto por valor de 18.992,460,27 euros. Los mismos se corresponden con dos parcelas de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife.

Se considera que la compra se ajustó a la tasación y al acuerdo del Consejo de Administración

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas también refleja, en su informe del 1 de marzo pasado, que la adquisición de esas parcelas estaba «supuestamente dirigida a la instalación del futuro Polo Científico de Geneto y que, según el informe del interventor, careció en su momento de justificación real y se realizó a un precio por encima de su valor, contribuyendo al endeudamiento y desequilibrio financiero posterior de la sociedad adquirente».

La comunicación de la Intervención del Cabildo se produce con el PSOE y Ciudadanos como grupos políticos que conforman el Gobierno insular. En su informe, Messía alertaba de una sucesión de supuestas irregularidades en esta operación urbanística y de la existencia de indicios de los presuntos delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable atribuibles a quienes gestionaron la Corporación insular entonces.

Es el auto consta que en la operación realizada en 2012 no se cometió ningún ilícito contable

Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal de Cuentas señalan que la compra se hizo de forma legal, sin menoscabo de los fondos públicos y sin daño patrimonial para la empresa del Cabildo, por lo que han decidido no incoar el procedimiento y proceder a su archivo.

Un informe de la Intervención es el origen de la causa y de los dos casos abiertos en la vía judicial

Sin daño patrimonial. El Tribunal de Cuentas de España ya había concluido favorablemente la fase de instrucción y en su dictamen señalaba que la compra de los terrenos de Geneto por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) se realizó conforme a las condiciones de mercado y que no hubo daño patrimonial para la empresa del Cabildo de Tenerife.

En concreto, la sección de Enjuiciamiento señaló en sus actuaciones que, tras el examen de la documentación, «los hechos valorados no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos, ya que, conforme se ha puesto de manifiesto, no cabe interpretar un ilícito contable».

Se ajusta al precio. Ahora, la fiscal María Luisa de la Hoz García comparte la conclusión de la delegada instructora del procedimiento sobre «la ausencia de responsabilidad contable por no existir menoscabo de fondos públicos». Ello se produce en base a considerar que «la adquisición de los terrenos se realizó conforme a la tasación efectuada, recogida en las escrituras de compraventa, y al correspondiente acuerdo de adquisición previamente adoptado por el Consejo de Administración de la entidad».

Prescrito. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas sustenta su pronunciamiento, además, en «la prescripción de la responsabilidad contable que se pudiera exigir, dado que desde la fecha de los hechos (2012) ha transcurrido sobradamente el plazo de cinco años previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas».

De esta forma, el Tribunal de Cuentas, tras examinar la documentación aportada por las partes, concluye que no se produjo ningún daño patrimonial, validando las tasaciones realizadas para cada finca y determinando que el precio que desembolsó el Parque Científico Tecnológico de Tenerife por ambas fincas fue el adecuado. Considera que el Consejo de Administración de la entidad no cometió ningún ilícito contable en dicha actuación realizada en 2012.

En la vía penal. Mientras el auto especifica que ninguna de las partes (Ministerio Fiscal, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, SA y Cabildo Insular de Tenerife) instó a la continuidad del procedimiento, por lo que procede su archivo, cabe recordar que el interventor de la Corporación insular también remitió su informe a la Audiencia Provincial, la Fiscalía y la Audiencia de Cuentas de Canarias. De hecho, la justicia ordinaria mantiene abiertos dos procedimientos penales, que siguen su curso: los conocidos como caso Geneto y caso NAP.

En el primero, persiste la imputación por supuesta prevaricación y malversación para los expresidentes del Cabildo CC Ricardo Melchior y Carlos Alonso, los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC) y María del Pino León (CC), el exdirector insular de Innovación Juan Antonio Núñez y el letrado de Parque Científico José Luis Luengo, el único que no era consejero del Parque Científico y Tecnológico sino asesor.

En el caso NAP, derivado del informe Messía y por presuntas irregularidades en la absorción, hace 10 años, por parte de la empresa pública ITER de la sociedad público-privada NAP, quedan dos investigados por presunta prevaricación y malversación: Ricardo Melchior, presidente del Cabildo por CC entre 1999 y 2013, y Manuel Cendagorta, exdirector-gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife (ITER). Entre otros, la jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla, que tramita este sumario, archivó, el pasado septiembre, las imputaciones a Carlos Alonso, que aparecía en el caso en su condición de consejero de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife.

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