Ayudas a los municipios para acabar de una vez con el amianto en Tenerife

El Cabildo de Tenerife lanza una nueva batalla para acabar de una vez con el amianto en la Isla, un elemento muy cancerígeno utilizado antiguamente en la construcción. El área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático ofrece ayudas económicas a los municipios tinerfeños para la realización de un censo que permita identificar y localizar aquellas instalaciones y emplazamientos en los que exista amianto, que incluya un calendario que planifique su retirada.

A pesar de las múltiples advertencias sobre la necesidad de retirar el amianto, la mayoría de las administraciones públicas no han creado un mapa de los edificios e infraestructuras públicas y privadas que poseen este material de construcción en la Isla. Y eso a pesar de que se sabe que provoca cáncer desde los años 30 y que la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como material tóxico hace nada menos que 46 años. España prohibió su comercialización en 2002 pero Tenerife acumula un retraso de décadas en la lucha contra el amianto. Solo la Consejería de Educación ha informado de la posible existencia de uralita –se conoce así por el nombre de la empresa que empezó a comercializarlo en España– en 18 escuelas. De hecho, tiene un plan en marcha para su retirada, entre el que se encuentra una actuación en el IES Manuel González Pérez de La Orotava, donde ya se ha confirmado la presencia de este material.

Las ayudas que ha creado el Cabildo tinerfeño, incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones para este año, se aprobaron en el último Consejo de Gobierno insular, con un presupuesto de 387.500 euros a distribuir entre los ayuntamientos que lo soliciten.

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece entre sus objetivos generales la reducción de la generación y gestión de los residuos en favor de la salud humana y el medioambiente, así como la concienciación sobre la problemática del uso de amianto y la necesidad de su localización y desmantelamiento de las infraestructuras o instalaciones que aún lo contengan, fortaleciendo la prevención de residuos domésticos peligrosos al incluir medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, informó la Corporación insular en un comunicado.

La norma exige que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con uralita incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.

Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028, señala el Cabildo.