‘Caso Mediador’: la comisión se forma en el Cabildo sin tiempo para investigar

La propuesta de los grupos de la oposición sale adelante, pero con límite en el final del mandato

Imagen del pleno de ayer en el Cabildo de Tenerife.

Imagen del pleno de ayer en el Cabildo de Tenerife. / ANDRÉS GUTIÉRRREZ

El Cabildo de Tenerife abrirá una comisión para investigar el llamado caso Mediador y las posibles conexiones de la supuesta trama corrupta así denominada con la Corporación insular. Tendrá poco margen para investigar porque el límite de su trabajo está en el final del actual mandato, el próximo 28 de mayo. Así lo confirmó el propio secretario del pleno cuestionado durante la sesión. Este órgano surge para «dilucidar las responsabilidades políticas que se puedan derivar de la actividad del que fuera director insular de Deportes, Ángel Luis Pérez Peña». Dio origen del caso al presentar una denuncia falsa contra el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

La propuesta era una iniciativa conjunta de Sí Podemos Canarias, de donde partió, Coalición Canaria y el Partido Popular. La consejera no adscrita, María José Belda, presentó una enmienda que fue rechazada. Los 31 consejeros apoyaron la propuesta original, aunque el equipo de gobierno (PSOE y Cs) mostró sus reticencias y planteó algunos matices en el debate.

David Carballo, portavoz de los morados, defendió la moción. Ya la había planteado verbalmente en el Debate sobre el Estado de la Isla a primeros de marzo sin recibir apoyos explícitos. En medio quedó la comparecencia el día 15 del mes pasado de la consejera de Deportes, Concepción Rivero, la que fuera jefa de Pérez Peña.

Belda introdujo en su enmienda el matiz de instar a los Gobiernos de España y de Canarias a abrir a su vez sendas comisiones. Los proponentes no la aceptaron porque podría perjudicar la composición y los tempos de funcionamiento especificados en los puntos 2 y 3 del texto. Belda recibió 14 votos a favor y 17 en contra. La propuesta original, por contra, fue apoyada por unanimidad.

Aarón Afonso, asesor del presidente Pedro Martín, defendió los matices del equipo de gobierno: «Tengo dudas sobre cómo se pueden pedir responsabilidades políticas a quien ya no está en esta institución». También afirmó que «no entiendo como en cuatro años de mandato o se ha planteado nada igual con casos como el NAP, Geneto, Casinos o las auditorías de 2017 y 2018 a las empresas».

Recordó que, además, «en este caso ha habido absoluta transparencia y han entregado todos los documentos solicitados». Por último, indicó que «tampoco tengo clara la capacidad de maniobra de esta comisión si tiene la virtualidad de acabar con el mandato; o sea, en dos meses. Esto es muy serio para ver este circo».

Pese a todo, Afonso concluyó: «Mi partido tiene tolerancia cero con la corrupción y ofrece toda la transparencia». Si ha habido algo, en el Cabildo no hemos detectado nada, que se pague porque los golfos tienen que pagar».

Carballo y Zaida González (PP) valoraron «positivamente» la opción que da el Reglamento Orgánico del Cabildo, pues permite convocar las comisiones de investigación a propuesta del gobierno, de dos grupos políticos o de la quinta parte de sus miembros como ocurre en este caso. Las conclusiones deberán plasmarse en un dictamen a discutir en pleno.

La finalidad de esta a Comisión de Investigación es «determinar la naturaleza de las relaciones mantenidas por Pérez Peña con otras administraciones, instituciones, entidades, empresas, cargos y áreas del Cabildo y su presidente». También «identificar dichas actividades y relaciones, así como las responsabilidades políticas en las que hubieran podido incurrir las personas y cargos que resultaran, en su caso, implicadas».

La propuesta en su punto segundo especifica la composición de la Comisión. Los vocales serán miembros de la Corporación pertenecientes a cada grupo político, además de la consejera no adscrita (María José Belda). El cargo de secretario lo ocupará un funcionario mientras que el presidente será designado por acuerdo de los tres grupos proponentes, pudiendo recaer en persona ajena a la Comisión o en una vocal de la misma.

El punto tercero y último aclara que la Comisión «habrá iniciado su actividad y tendrá aprobado el Plan de Trabajo antes de la finalización del presente mandato del Cabildo Insular; esto es, el 28 de mayo de 2023».

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