La central hidroeléctrica, atrapada en el Supremo

La construcción de la central hidroeléctrica de Tenerife en los barrancos de Güímar se topa con la irresoluta causa judicial que condena a cuatro empresarios por extraer árido en la zona durante casi medio siglo. Hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva los recursos de casación interpuestos por los industriales condenados –por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente– contra el auto que les obliga a pagar 185 millones en concepto de indemnización por el daño causado, no se podrá realizar obra alguna.

El 20 de enero de 2022 fue cuando el Supremo recibió los recursos presentados por los empresarios Antonio Plasencia, y Enrique Morales, así como de las sociedades Áridos del Sur, SL y Hermanos Morales Martín, SL, vinculadas a los industriales, respectivamente. También recurrió el Ayuntamiento de Güímar, en demanda de que se le tenga en cuenta como administración a indemnizar ante la evidencia de los daños causados al municipio por la actividad desarrollada en los barrancos de Güímar durante casi medio siglo.

La Sala de Admisión del Tribunal Supremo recogió los recursos de casación el 7 de junio de 2022, momento procesal en el que se encuentra el conocido como caso áridos de Güímar. Su resolución definitiva es esencial para la estabilidad del abastecimiento energético futuro de Tenerife ya que dos de las canteras formadas por la extracción del árido están señaladas para construir la central hidroeléctrica. Sin una sentencia firme no se pueden usar.

A ello no es ajeno el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien aseguró hace una semana que «la voluntad de las administraciones ha sido siempre la de colaborar con la justicia y buscar soluciones. Y lo que planteamos ahora es una solución energética que es razonable, lógica y operativa que, además, tiene el apoyo de las administraciones canarias y, también, de Redeia (la empresa promotora del proyecto) y del Gobierno de España».

El inicio.

En los barrancos de Badajoz, Los Ríos, Guirres y Guaza o Fregenal se extrajo el árido empleado en las obras públicas y privadas de Tenerife desde la década de los 70 del siglo pasado. En 1997, la entonces alcaldesa, Vicenta Díaz, decretó el cierre y precinto de cuatro canteras. Esa medida, recurrida por los empresarios, fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En noviembre de 1999, autoridades y vecinos cerraron temporalmente los accesos a las extracciones hasta que las partes llegaron a un acuerdo. Pero el cierre llegó en abril de 2008, es decir, 11 años después de que lo determinara Vicenta Díaz.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) señaló, en el año 2003, que «en las zonas de los barrancos de Güímar, gran parte de las explotaciones mineras allí existentes operaban desde hacía años con clandestinidad e incumplían con las autorizaciones preceptivas o con la normativa vigente. Este órgano del Ejecutivo regional sostuvo que «ninguna industria minera dispone de la oportuna licencia municipal». Un argumento que la Fiscalía utilizaría 13 años después.

Clausuras.

La primera industria de extracción de áridos fue precintada el 21 de junio de 2004. Lo hizo Javier Mederos (CC) en su condición de alcalde accidental y afectó a Áridos del Atlántico, acción que repitió el 15 de diciembre del mismo ejercicio con Áridos del Puertito. El siguiente tuvo lugar en febrero de 2005 y afectó a otras dos canteras. El 9 de abril de 2008 es una fecha que está ya en la historia de Güímar, porque ese día fue cuando la autoridad cerró El Fregenal. Comenzaba la lucha por la restauración de la zona.

Denunciantes.

Haciéndose eco del malestar vecinal y entendiendo que Güímar era objeto «del mayor atentado medioambiental» de Canarias –así lo calificaría años después el entonces alcalde güimarero y hoy diputado del común, Rafael Yanes– Francisco Javier Hernández Armas (entonces, durante el mandato 1999-2003, era el único concejal del PNC en el Ayuntamiento de Güímar) y el agricultor Jesús Segundo Jorge Díaz presentaron la denuncia que motivaría el caso áridos.

Desde el 20 de enero de 2022, el Tribunal dispone de los recursos presentados por los empresarios

Juicio.

La sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife fue escenario, desde las 9:45 horas del martes, 19 de enero de 2016, del juicio contra los cinco empresarios titulares de las empresas que extrajeron árido de los barrancos de Güímar. La acusación se ciñó a los últimos 17 años de actividad. El 28 de enero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declaró «autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente» a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia –después lo haría con Francisco del Rosario (4 de abril del mismo año), quien llegó a entrar en prisión– y los condenó a un año y tres meses de cárcel, suspendida a cambio de restaurar la zona.

Pagar.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó un auto, el 21 de enero de 2021, en el que declaró «la imposibilidad» de restaurar los barrancos de Güímar en los que se extrajo árido y sustituyó tal media por la indemnización conjunta de 185 millones de euros, según la valoración definitiva realizada por el Gobierno de Canarias de los daños causados tras las evaluaciones presentadas por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) y la acusación particular.

Las partes están a la espera de que el Tribunal Supremo emite pronto una resolución definitiva sobre los recursos presentados por los condenados y por el Ayuntamiento de Güímar. Esta administración no es tenida en cuenta por la Audiencia Provincial como beneficiaria en la indemnización a la que obliga a los empresarios condenados. El Consistorio espera que el TS corrija esa medida.

Propuestas.

Una planta de transformación de neumáticos en energía, la primera central eléctrica geotérmica de alta temperatura de España y la construcción de un parque de atracciones (Mimiland Park) fueron algunas de las propuestas que se plantearon para su desarrollo en las canteras de áridos. Unas iniciativas reivindicadas por la entonces alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), como parte del futuro de la zona y del municipio. «No estoy loca ni vendo humo», aseguró entonces.

La infraestructura ocupará las canteras Badajoz y Agache, propiedad de Áridos del Sur y del Estado

Central hidroeléctrica.

Hace una semana, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, el grupo al que pertenece Red Eléctrica, dejó claro que «Tenerife necesita, como ya está en marcha en Gran Canaria, ese sistema de almacenamiento que permita integrar más renovables. El sistema de almacenamiento más eficiente y efectivo es, sin duda, el bombeo. Dentro de Tenerife se han hecho estudios sobre diferentes emplazamientos, pero todos esos estudios coinciden en que el de Güímar será, probablemente, el mejor. No sólo desde el punto de vista de la propia infraestructura eléctrica, sino también para recuperar un espacio que está degradado por razones que todo el mundo conoce», dijo.

Corredor reconoció que «se están haciendo los estudios previos y, de acuerdo siempre con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, en cuanto podamos, lo lanzaremos». Para que no quede ninguna duda, remarcó que «está previsto hacer una central de bombeo en Tenerife lo más rápido posible».

Dos canteras.

La cercanía de los barrancos de Güímar a la subestación de Las Caletillas (Candelaria), la posibilidad de conectar con la red de transporte de energía existente con facilidad y las condiciones del lugar son los aspectos fundamentales por los que la central hidroeléctrica de Tenerife se construirá en Güímar. Con un coste que ha llegado a ser cuantificado en 800 millones de euros, su capacidad de almacenamiento estará en torno a los 300 megavatios. Es decir, un tercio de lo que consume la Isla en la actualidad.

Una vez que el Tribunal Supremo emita su sentencia firme, corresponderá al Gobierno central autorizar la ejecución de la central hidroeléctrica de Tenerife. Ocuparía dos canteras de áridos de las seis existentes. La situada a mayor altura es la denominada Badajoz, propiedad de Áridos del Sur, SA, empresa del empresario Antonio Plasencia. Es una de las de mayores dimensiones. La segunda es la cantera Agache, de Áridos Puertito de Güímar, SL, emplazada en Los Guirres, junto a la Autopista del Sur (TF-1). Hoy es propiedad del Estado, ya que Fulgencio Díaz, empresario que la creó y explotó, falleció en 2014, por lo que se extinguió la vía penal en aplicación del Código Penal. Sus herederos renunciaron a la herencia.

El Comité Insular de Nueva Canarias en Tenerife respaldó la elección de Güímar para ubicar la central de bombeo reversible. El secretario de Implantación Territorial de NC, Valentín Correa, subrayó que el principio de acuerdo mostrado por Red Eléctrica y el Gobierno de Canarias «supondrá la recuperación de un espacio degradado».

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