El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Arico a devolver 128.300 euros a los promotores del parque eólico La Morra

El TS obliga a reintegrar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | Recuerda que el Gobierno canario legalizó la instalación en enero de 2022

Parque eólico La Morra, en Arico.

Parque eólico La Morra, en Arico. / Andrés Gutiérrez

J. A. M.

La justicia vuelve a darle la razón a la empresa Alas Capital frente al Ayuntamiento de Arico. El Tribunal Supremo (TS) obliga al Consistorio ariquero a devolver 128.300 euros a los promotores del parque eólico La Morra en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La sentencia alude al hecho de que esta instalación está autorizada por el Gobierno de Canarias desde enero de 2022, a pesar de existir pronunciamientos judiciales en contra, y que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el cobro del ICIO en sentencia del pasado octubre, aunque sin carácter retroactivo.

Esta sentencia supone un cambio sustancial en la relación de los complejos de producción de energía alternativa con la Administración, a la que los juzgados otorgaban la razón en cobro del ICIO, hasta ahora. Así sucedió con el Cabildo de Tenerife y con el Ayuntamiento. En la actualidad, se da la circunstancia de que en vía judicial permanecen otras reclamaciones de la empresa que alcanzan la cuantía de 400.000 euros.

Un aspecto al que alude la sentencia del Supremo se refiere a que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario autorizó este parque eólico situado en la urbanización Jardín del Atlántico. Una legalización que se produjo existiendo sentencias judiciales como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en 2018 anuló el trámite para construir el parque eólico La Morra al no haber recabado la autorización preceptiva del Ayuntamiento de Arico.

Tres aerogeneradores

El Tribunal Supremo deja ahora sin efecto esa sentencia del TSJC, que daba la razón al Ayuntamiento cuando aprobó la liquidación del ICIO por una modificación del proyecto que se concretó, hace años, en la construcción de tres aerogeneradores de 6,3 megavatios, de los ocho inicialmente previstos. Cada aerogenerador tiene 78 metros de altura y aspas de 92 metros. Situado en las inmediaciones de una urbanización, Jardín del Atlántico, emplazada autopista abajo, los vecinos han expresado sus quejas en múltiples ocasiones en relación con el ruido que producen y el efecto parpadeo que causa el movimiento de sus aspas. La actividad de uno de esos aerogeneradores incide de forma especial en una de las viviendas cercanas.

La cuestión de fondo debatida en los tribunales era determinar si la autorización que otorga el Gobierno autónomo a través de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico sustituye la autorización de obras o urbanística que implica el pago del ICIO. Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias defendían que la empresa debía pagar esta cantidad por la modificación de la instalación eólica de generación eléctrica.

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El parque eólico La Morra es el único complejo de producción de energía alternativa construido entre la Autopista del Sur (TF-1) y el mar en Arico. Fue autorizado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias el 4 de agosto de 2016, junto a otros siete que se instalaron en el mismo Arico (3) y en Agüimes (3). Con una potencia de 6,3 megavatios (MW), fue construido en el paraje Salto del Roque, en las inmediaciones de la urbanización Jardín del Atlántico y cerca de la localidad de Las Listadas. Declarado de utilidad pública, contemplaba siete aerogeneradores y una inversión próxima a 5,6 millones de euros. El 16 de marzo de 2017, la Dirección General de Industria y Energía del Ejecutivo regional autoriza a la empresa a modificar la instalación del parque, que incrementa su generación de energía a 7,05 megavatios y reduce a tres los aerogeneradores. Fuentes municipales dicen desconocer si se proyecta su ampliación y aclaran que los informes del Ayuntamiento siempre han sido negativos, aunque no se han tenido en cuenta. Recuerda que la licencia de La Morra fue declarada nula por los tribunales y que el Gobierno canario hizo caso omiso a la petición de que cesara la actividad hasta cumplir la sentencia.

El proyecto consistía en la adaptación del parque al Plan Insular por parte del Cabildo y el cambio de la línea de evacuación, entre otros aspectos, para lo que el Ayuntamiento debía modificar las normas subsidiarias.

El cobro del impuesto llegó al Tribunal Constitucional (TC) en 2021, después de que lo solicitara la constructora Atlas Capital y lo aceptara el Ministerio Fiscal, con el fin de determinar la posible inconstitucionalidad de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico canario. El TC se pronunció en octubre de 2022 anulando un apartado de la ley que permitió, hasta ahora, que los municipios cobren el impuesto a los proyectos energéticos que cuentan con una autorización especial del Ejecutivo autónomo por razones de urgencia o excepcional interés. El Constitucional determinó que esta norma autonómica, aprobada en 2011, invade competencias exclusivas del Estado en materia de tributos municipales.

La Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Arico aprobó la liquidación de este impuesto sobre el parque eólico La Morra en 2018. La empresa promotora desembolsó la cuantía requerid y otros 400.000 euros, señala Efe, pero acto seguido inició un proceso judicial.

En el camino se ha encontrado con que un decreto firmado el 27 de enero del pasado año por el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y por el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, legitima la ejecución del proyecto modificado del parque eólico La Morra y ordena al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arico a hacer lo preciso para incorporarlo en sus determinaciones urbanísticas.