Güímar

Los vecinos de Golete piden amparo al Diputado del Común por una depuradora

Dicen que no les consultaron la construcción de una depuradora junto a las casas | El edil Puerta asegura lo contrario y que se resuelve un problema de vertido ilegal en vía judicial

Irene Corona, Rafael Yanes, Pedro Pérez y Víctor Sepúlveda. | | E.D.

Irene Corona, Rafael Yanes, Pedro Pérez y Víctor Sepúlveda. | | E.D. / J. A. M.

J. A. M.

Vecinos del barrio de Golete interpusieron una queja formal ante la institución del Diputado del Común en la que acusan al Ayuntamiento de Güímar de iniciar, sin informar antes, una obra pública «que puede afectar a la salud» de la población. Demandan diálogo con el Consistorio y acceso al expediente para constatar que no se vulnera la legislación medioambiental «y el derecho a la salud de las personas que allí viven».

El gobierno municipal anunció hace una semana el inicio de la construcción de la depuradora y de la estación de bombeo «con una inversión de en torno a 600.000 euros», según hizo público el primer teniente de alcalde, Airam Puerta. El mismo sostiene que mantuvo un encuentro con una veintena de vecinos a quienes se les informó de la necesidad de impedir más vertidos ilegales al mar, asunto por el que está abierta una causa penal desde el año 2018. Asimismo, asegura, se les hizo saber que el emplazamiento de esta infraestructura es el único posible porque cumple con todos los condicionantes que establece la normativa para su ubicación.

El diputado del común se reunió ayer con el presidente de la Asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados, Pedro Pérez, y con los vecinos Irene Corona y Víctor Manuel Sepúlveda. «Nos encontramos en una situación extrema. A algunos les quieren instalar esta depuradora en los cimientos de sus viviendas sin que haya una certificación técnica que asegure que estas casas no vayan a sufrir daños en su estructura», lamentan. Asimismo, inciden en que «desconocen el informe técnico que avala la ubicación de la depuradora».

Airam Puerta defiende que se resuelve un problema medioambiental y explica que estará en funcionamiento hasta tanto se canalicen las aguas, en cumplimiento del Plan Hidrológico Insular de Tenerife, a una depuradora comarcal que centralice y optimice los recursos y, de paso, pueda ofrecer un agua en condiciones de ser reutilizada para el regadío.

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