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Un informe jurídico externo encargado por Adeje cuestiona el freno a Cuna del Alma

Argumenta que el Gobierno canario actúa fuera de plazo, vulnera la autonomía local y es arbitrario

Infografía del proyecto Cuna del Alma E.D.

Un informe jurídico externo encargado por el Ayuntamiento de Adeje cuestiona la legalidad de la paralización del complejo turístico Cuna del Alma por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Argumenta que la actuación del Ejecutivo está fuera de plazo y que adopta decisiones que vulneran la autonomía municipal.

«La resolución implica la revisión por la Administración autonómica de un acto declarativo de derechos firme –la aprobación del proyecto de urbanización y, antes, la revisión del PGO–, sin seguir el procedimiento, ni los plazos legalmente establecidos y sin legitimación para hacerlo», se concluye. Con la revocación de tales decisiones municipales, Transición Ecológica «incurre en incompetencia y vulnera la autonomía local», se recoge en uno de los informes jurídicos de que dispone el Consistorio. En él se determina que la aprobación de la evaluación ambiental por la Administración autonómica, «la misma de la que forma parte la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático, reafirma la nulidad de esa decisión unilateral, en tanto va contra los propios actos».

El Ayuntamiento lamenta la deslealtad institucional y señala que hay una posible desviación de poder

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De esta forma queda argumentado, según el texto jurídico, la extemporaneidad de las decisiones de la consejería, cuya incompetencia para actuar viene determinada en la Ley del Suelo. «La aparición de una especie vegetal no considerada en la evaluación ambiental no determina la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, sino que lleva a la Ley de Evaluación Ambiental», que «establece el cauce de la modificación de la evaluación ambiental estratégica o de la evaluación de impacto ambiental, correspondiendo la decisión de llevar a cabo esa modificación al órgano ambiental», refleja.

En este punto, el estudio defiende que la Administración de la Comunidad Autónoma es «incompetente» para actuar. «La competencia para revisar las determinaciones de la evaluación ambiental recae sobre el órgano sustantivo para promoverla y sobre el órgano ambiental para tomar la decisión de modificar o no. Tras la Ley del Suelo de 2017, uno y otro son órganos municipales. El que el promotor se dirigiera a la Comunidad Autónoma Canaria pidiendo autorización para trasladar los ejemplares de la especie vegetal no altera ese reparto de competencias».

Desviación de poder

Desde el Ayuntamiento insisten en su «máximo interés y respeto» por salvaguardar y proteger el medio natural de la zona y comparten con la Consejería la necesidad de preservar las especies y el patrimonio que lo precise. Sin embargo, «lamentan» lo que interpretan como «una clara deslealtad administrativa y entre instituciones», al entender que la Consejería y el consejero «han puesto en entredicho, desde el primer momento, el trabajo de los técnicos municipales y los procedimientos de un expediente riguroso en el que Adeje trabaja desde hace muchos años con el debido asesoramiento legal y jurídico».

El Consistorio adejero dispone de argumentos legales que plantean la posibilidad de que la consejería, en sus actuaciones y manifestaciones desde que se iniciaron los trabajos, «hubiera incurrido en una grave desviación de poder y de la acción de gobierno», al anunciar decisiones y actuaciones «mucho antes de ser dictaminadas por ningún órgano o técnico competente». Algo que, recuerdan, no es inusual. En este contexto citan que la resolución de la consejería «no ha seguido el procedimiento, ni los plazos legalmente establecidos, y no cuenta con fuero ni legitimación para actuar en la forma en que lo hace».

La zona en rojo es el 2% de la superficie del plan en la que se encuentra la planta viborina triste. | | E.D.

La zona en rojo es el 2% de la superficie del plan en la que se encuentra la planta viborina triste. | | E.D. J. A. M.

A media tarde de ayer creció el malestar en el Consistorio adejero: «Mantenemos nuestra sorpresa por la insistencia en señalar posibles indemnizaciones a afrontar por parte de esta Administración. No se entienden estas afirmaciones cuando quien ha tomado decisiones arbitrarias difícilmente sustentables y ha paralizado las obras, legalmente iniciadas, es la propia consejería, algo que tendrá que defender y explicar donde corresponda». Desde el Ayuntamiento apuntan que es el Gobierno canario el que tendrá que responder por esas decisiones «que no parecen muy ajustadas a derecho, aunque eso tendrá que decirlo el órgano que corresponda». Desde el Ayuntamiento se recuerda a quienes dudan de su proceder que el consistorio «mantiene una trayectoria de actuaciones ajustadas a derecho, durante décadas, que así lo demuestran».

Adeje tendrá que indemnizar solo si lo determina el expediente


La Consejería de Transición Ecológica aseguró ayer que el Ayuntamiento de Adeje abonaría una indemnización a los promotores de Cuna del Alma en la «hipotética situación, que ni mucho menos está planteada, en el procedimiento que se encuentra abierto y en sus primeras fases de tramitación». Cuando el consejero regional José Antonio Valbuena se refirió a ello en declaraciones efectuadas anteayer «respondía a una pregunta relativa a qué ocurriría en el supuesto de que una licencia urbanística estuviese mal concedida». En la actualidad está abierto el proceso de paralización cautelar del proyecto Cuna del Alma para analizar adecuadamente posibles afecciones a flora endémica de las islas. El expediente se encuentra en la fase de recepción de alegaciones y «no tendrá resoluciones definitivas hasta que no se lleve a cabo el análisis de estas alegaciones y se haga el estudio pormenorizado de las parcelas incluidas en el proyecto». Será entonces cuando se adopten las propuestas de resolución. Al tiempo, la Agencia de Protección del Medio Natural tramita otro expediente por la ausencia de la declaración de impacto ambiental. Se abrirá un periodo de alegaciones a las partes afectadas y, tras analizarlas, se elaborará una propuesta definitiva. «No será hasta ese momento cuando se determine si existen derechos indemnizatorios, que en todo caso dependerán del análisis de diversos factores que actualmente son imposibles de dilucidar». Hasta que no concluyan los expedientes, «todas las posibilidades de resolución están abiertas, sin que se descarte ninguna de ellas». | E.D.

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