José Pérez, un profesor sevillano de 30 años, tiene que hacer todos los veranos la mudanza desde que empezó a dar clases en Guía de Isora hace tres años. Al enterarse de que es maestro, los arrendadores solo le ofrecen contratos de alquiler de septiembre a junio. En las fechas estivales o aprovechan la casa para las vacaciones de la familia o la sacan al alquiler vacacional. A otro joven, Carmelo Goya, recepcionista en Puerto de la Cruz de 29 años, le dieron largas cuando los propietarios supieron que su pareja estaba pendiente de lograr el permiso de residencia. No les interesó saber que venía de Estados Unidos ni que es un profesional cualificado. Le dijeron que le contestarían. Carmelo nunca recibió la llamada.
Las historias de José y Carmelo representan a la perfección el calvario que supone para muchos jóvenes emanciparse y encontrar un techo digno en Tenerife sin tener que compartirlo como los universitarios. O no les da el sueldo para alquilar una vivienda estándar o no encuentran unas condiciones que les garanticen un mínimo de estabilidad. La situación se complica todavía más en casos como el de José Pérez: personas abocadas a la movilidad laboral y a residir en municipios alejados de las grandes urbes. «Estoy tan harto de tener que enfrentarme al estrés de la mudanza cada verano que estoy pensando tirar la toalla», admite este andaluz que da clases en el centro de educación de infantil y primaria Teobaldo Power de Guía de Isora.
Ya no es solo que esta limitación en los contratos le cierre toda seguridad. Además, se ha topado con portazos de última hora que le han estropeado todos los planes, los suyos y los de personas cercanas que querían visitarlo en la Isla y que incluso habían comprado los billetes. Ocurrió cuando llegó a un preacuerdo con una casera para ampliar el contrato a agosto y al menos así poder recibir en su casa tinerfeña a familiares y amigos. «Tras el sí de repente me dice que no, que no puede porque va a usar el piso todo el verano. Luego me dice que sí pero hasta el 21 de agosto y me sube el alquiler a 700 euros. Me quedé sin piso otra vez, con la obligación de tener que volver a buscar y encima se habían ido al garete los planes de los allegados que iban a venir a verme. Un desastre», recuerda José.
La incomodidad de tener que cambiar de hogar de forma permanente se junta con la escasísima oferta en los municipios alejados de los grandes centros urbanos y el alza de precios. «No hay mucho donde elegir. Y lo que hay es muy caro. Por un ático pequeño me cobraron en un curso 600 euros al mes. La casa no reunía las condiciones adecuadas, algo que le transmití a los dueños», cuenta este joven. No es la primera vez que venía a Canarias. Ya en 2017 se fue a Fuerteventura a trabajar. Le gustaron las Islas y se vino de profesor interino a Tenerife.
José Pérez desconoce si las diferentes propuestas que se han planteado para regular el mercado inmobiliario pueden surtir efecto, porque en ocasiones los intentos de intervención terminan generando el efecto contrario y añadiendo dificultades. Lo que sí tiene claro es que el problema principal está en que «todo depende del dinero». «Da igual que seas joven, que muchos salarios no den ni para afrontar los alquileres más baratos, que la estabilidad de una vivienda sea un factor vital para alcanzar unos mínimos niveles de bienestar... Solo importa el dinero, ganar más y más», denuncia. «Nadie te va a quitar el estrés que supone este ir y venir, esta imposibilidad de acceder a algo tan básico como un techo estable», concluye.
Un quebradero de cabeza
A Carmelo Goya no le fue mejor salvo por un golpe de suerte. Alquilar también ha sido para él un quebradero de cabeza. Volvió a su Tenerife natal hace unos meses tras permanecer tres años en Alemania y se salvó gracias a que un familiar le echó un cable y le rentó una vivienda a un precio asequible. «Si no todavía estaría buscando», comenta. «El mercado inmobiliario del alquiler está completamente disparatado, fuera del más mínimo control». Pone el ejemplo de la incidencia que tienen en su opinión esos inquilinos tan codiciados por administraciones públicas y arrendadores: los nómadas digitales. «Ahora todo el mundo quiere un nómada digital como inquilino. Contratan por periodos limitados y en lugares alejados, y están dispuestos a pagar cantidades exorbitadas, incluso superiores a mil euros, por viviendas que a los locales no se les costarían más de 500 al mes».
La intensa búsqueda de Carmelo Goya dio para mucho. En Icod le ofrecieron una casa pequeña y sin ventilación por 500 euros al mes con características que no le cuadraron, como el hecho de ser una casa rural acotada al mercado turístico. Luego lo intentó con otra oferta en La Victoria por la que le pidieron de todo. «Me hicieron preguntas personales, si tenía un contrato indefinido, cuánto ganaba... Me solicitaron tres nóminas cuando acababa de volver a la Isla y no tenía tres nóminas. Luego me preguntaron si iba a vivir con alguien. Cuando les contesté que con mi pareja y que estaba pendiente de conseguir los papeles de la residencia llegaron los problemas», narra.
Negativa sin explicación
Carmelo entiende que «los arrendadores pensarían que podía ser un inmigrante clandestino o algo así». Lo cierto es que cuando les contó que su pareja, de nacionalidad estadounidense, estaba en vías de regularizar su situación lo dejaron de llamar. «Me habían rechazado», cuenta sin terminárselo de creer. Ahí no acabaron los inconvenientes. En Aguagarcía le exigieron ganar más de 1.200 euros al mes y firmar, además, un seguro. En Puerto de la Cruz, donde consiguió trabajo, apenas lo intentó porque los precios están muy por encima de sus posibilidades. «Por un cuchitril de 40 metros cuadrados me piden 700 euros, ¡luz y agua aparte! Una locura tras otra».
Este profesional de la gestión de alojamientos turísticos tuvo que tirar de contactos para encontrar una solución. Tras conocer sus peripecias, un familiar le ofreció un piso bien equipado en Los Silos por un precio especial. Eso sí, está a 36 kilómetros de su actual lugar de trabajo en Puerto de la Cruz, es decir, a 45 minutos en vehículo. «Mi pareja y yo hemos pensado en comprar pero los precios también están por las nubes y por un apartamento se llega a pedir 120.000 euros», asegura. Es la realidad que afrontan José, Carmelo y tantos otros jóvenes de la Isla.
