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La lucha contra la brecha digital en Canarias comienza en Puerto de la Cruz

El presidente canario presenta en el hotel Riu Garoé el proyecto ‘Redlab Canarias’, que espera llegar a más de 3.000 personas en las islas

Torres, González y Paniagua en la presentación de RedLab Canarias en Puerto de la Cruz El Día

La lucha contra la brecha digital en Canarias arrancó este jueves 10 de noviembre en Puerto de la Cruz con la presentación de la iniciativa Redlab Canarias, que espera acercar a las nuevas tecnologías y el uso de internet a 3.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Prestación Canaria de Inserción, con edades de entre 45 y 65 años, y un bajo nivela de formación. Este proyecto de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza fue presentado en el hotel Riu Garoé por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el alcalde portuense, Marco González, y la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Gobierno de España, Milagros Paniagua, quienes resaltaron la importancia de trabajar para continuar reduciendo las desigualdades en las islas.

Esta iniciativa de la Red Europa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Canarias da respuesta a un estudio reciente que esta entidad realizó sobre la brecha digital entre 1.000 personas en situación de pobreza y exclusión social, atendidas por el programa autonómico Integra 1. Esta investigación sirvió para establecer «un vínculo sólido entre la pobreza económica, un bajo nivel de logro educativo y una alta brecha digital».

Este estudio animó a EAPN a tratar de aumentar los apoyos institucionales para remediar la brecha digital, «dado que las personas en exclusión social reciben escaso apoyo para afrontar las dificultades económicas en la obtención de equipamiento y en conexión a internet en el domicilio». Además, dejó clara «la necesidad de reducir la brecha digital mediante el acceso a los medios tecnológicos y al mundo digital para favorecer la socialización y captación posterior de habilidades digitales».

Este proyecto piloto trabajará con itinerarios de inclusión social y se financiará con fondos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España. El presidente de la EAPN en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, aprovechó la presentación para detallar ante profesionales del tercer sector que «se han definido itinerarios adaptados a las características socioeducativas y capacidades digitales de las personas receptoras de estas prestaciones», y que se prestará especial atención a las localidades canarias con una mayor tasa de vulnerabilidad social. Tras mejorar las capacidades de los participantes, se espera generar un impacto positivo en la empleabilidad y los proyectos personales de vida.

La iniciativa se dirige a perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Prestación Canaria de Inserción

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Para el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, esta iniciativa muestra el compromiso de los gobiernos local, regional y nacional «con el trabajo social y las familias más vulnerables». A su juicio, «estamos ante una gran oportunidad para las personas más vulnerables de beneficiarse, también en nuestra ciudad, de un proyecto integral como Redlab».

La secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, recordó que «la inclusión en Canarias no se basa únicamente en el apoyo económico, sino en generar itinerarios que formen y preparen a los más vulnerables para el desarrollo de su vida», especialmente en un contexto, marcado por la pandemia de Covid, «que ha incrementado esa brecha digital».

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, recalcó que «en Canarias en 2019 había unas 5.000 familias que recibían la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y ahora, junto al Ingreso Mínimo Vital, son más de 40.000. Se ha multiplicado esa cifra por siete».

Torres recordó que «Canarias había sido desde 2008 el farolillo rojo en dependencia en las 17 comunidades autónomas y ya no es así». Y detalló que «gracias a un trabajo sordo y a la mejora de los recursos humanos y materiales», hasta octubre «se habían tramitado 8.853 prestaciones en materia de dependencia, lo que supone respecto de octubre de 2021 un crecimiento del 31,5% frente a una media nacional del 9,7 %».

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