El Consejo de Gobierno autorizó ayer, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el gasto de 3.762.771 euros por la revisión de precios de las obras ejecutadas, entre noviembre de 2021 y abril de 2022, en el proyecto Cierre del Anillo Insular de Tenerife. Tramo El Tanque-Santiago del Teide. Este sobrecoste se debe a la adaptación de los pagos a los precios actuales de los materiales de construcción, cuyo valor se ha visto incrementado en el último año y medio debido al alza experimentada por la inflación en todo el mundo en los últimos meses por la crisis de precios del combustible y la guerra en Ucrania. Esta obra es la de mayor envergadura de todas las que ejecuta en la actualidad el Gobierno de Canarias, ya que se adjudicó en 2019 por más de 252 millones de euros.
Las obras del tramo Santiago del Teide-El Tanque del cierre del Anillo Insular fueron adjudicadas a la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa, por más de 252 millones de euros, que aumentan ahora hasta casi los 256.
El proyecto consiste en construir el tramo que conectará la Autopista del Norte (TF-5), en el municipio de El Tanque, con la Autopista del Sur (TF-1), en Santiago del Teide, dando continuidad a las actuaciones entre Adeje y Santiago del Teide, por el Sur, y de Icod de Los Vinos a El Tanque, por el Este. Este nuevo tramo tendrá 11,3 kilómetros y unirá los corredores Norte y Sur con una vía más segura y de mayor capacidad que la actual TF-82. Los conductores ahorrarán más de 45 minutos respecto a la carretera al uso.
La actuación más importante de la obra es el Túnel de Erjos. Formado por dos tubos paralelos de 5,1 kilómetros de longitud cada uno, discurrirá bajo el Macizo de Teno y será el túnel más largo del Archipiélago y uno de los túneles de carretera más largos de España.
Una medida habitual
La revisión de precios es habitual en el seguimiento que la Consejería de Obras Públicas aplica a la realización de las obras en marcha. Persigue adaptar los precios que la Administración pública paga a las empresas que ejecutan sus proyectos a los precios reales de los materiales de construcción y a los posibles modificados de los proyectos. Las administraciones también se ven obligadas a hacer frente a las consecuencias económicas que genera la inflación provocada por la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles, en este caso en los materiales de construcción.
La Consejería informó de que en la actual legislatura se consiguió agilizar estos pagos y evitar que las constructoras interpongan demandas por intereses de demora con reclamaciones millonarias, como sucedía habitualmente en anteriores legislaturas. Como ejemplo, recordó que el Consejo de Gobierno autorizó hace casi un año un pago de 7,1 millones para hacer frente a las reclamaciones de dos UTE que solicitaron una actualización de precios en 2014 y no se les atendió. Una de ellas, que ejecutó el tramo Sur del Anillo Insular, acudió a la Justicia ante la demora de los responsables de la Consejería en 2014 para hacer frente a sus reclamaciones por revisión de precios y al pago de certificaciones de obras. Una sentencia les dio la razón en 2019 y condenó al Gobierno a pagar una reclamación millonaria por intereses devengados ante el retraso en los pagos de las revisiones de precios, sobre todo de 2010 a 2014.
Además, la Consejería recordó que estas revisiones de precios llevan implantadas desde hace años en la gestión de las obras de carreteras, por lo que cumple también con los preceptos del Real Decreto Ley 3/2022, que establece que las administraciones públicas de toda España deben adaptar los precios que se pagan a las constructoras a la realidad actual del mercado de los materiales de construcción.
