La justicia condena al Cabildo de Tenerife a indemnizar con 139.600 euros a José Ramón Martín Folgueras, exgerente de una de sus empresas, el Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa), por despido improcedente. La sentencia, que ya es firme y que también condena de forma subsidiaria al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), fue firmada este lunes por María del Carmen Pérez, jueza del Juzgado de lo Social Número 8 de Santa Cruz de Tenerife.

La magistrada tumba los argumentos de la Corporación insular con los que justificó el despido de José Ramón Martín Folgueras el 28 de junio de 2021 y acepta en parte la demanda del exgerente de Imetisa. El Consejo de Administración del Instituto Médico Tinerfeño había sancionado poco antes del despido, el 11 de junio de 2021, al que era gerente de esta empresa por falta «muy grave» con los siguientes argumentos: ocultar información sobre el estado de la empresa pública, destruir documentos, desobedecer las tareas encomendadas, incumplimiento legal del estado de alarma por el covid «poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y pacientes», y actitud «hostil» o «irascible» con el personal de Imetisa y el Hospital Universitario de Canarias. La jueza entiende que el Cabildo no ha podido demostrar ninguna de estas acusaciones.

La magistrada, en la sentencia del pasado 1 de septiembre, ratificada este lunes al no recurrir el Cabildo ni el Fogasa, es contundente al oponerse a las razones esgrimidas por la Corporación insular para prescindir de este cargo: «Basta con una lectura de la carta de despido (excesivamente larga) para constatar que no contiene hechos sino reproches genéricos de supuestos incumplimientos, recogiendo situaciones de acoso archivadas y de años anteriores, y existencia de hostilidad sin concretar cuándo y con quién». María del Carmen Pérez detalla que esta «indeterminación hace imposible organizar una defensa eficaz o incluso valorar su gravedad».

La jueza también rechaza el argumento del Consejo de Administración de Imetisa –presidido por Marián Franquet, que es a su vez consejera de Acción Social del Cabildo por el PSOE– de que el contrato de José Ramón Martín era de alta dirección. La Corporación insular entendía que en base a esa condición, es una relación laboral basada en la confianza, por lo que una vez cesado solo le corresponde percibir la indemnización de 20 días de salario por cada año de servicio. La magistrada aclara que esta relación no es de alta dirección, sino «un contrato ordinario». José Ramón Martín Folgueras fue contratado por Imetisa primero como técnico superior (abril de 2002) y dos años después (mayo de 2004) como gerente de la empresa. Este ascenso fue decidido por el Consejo de Administración cuando su presidenta era Cristina Valido, entonces consejera de Políticas Sociales del Cabildo por CC y en la actualidad diputada regional.

El 6 de abril de este año se celebró un juicio en el que las partes no acordaron una conciliación. Ahora, el Juzgado de lo Social Número 8 de Santa Cruz de Tenerife falla en contra del Cabildo, y también de Imetisa y el Fogasa. La sentencia dejó a la Corporación insular dos opciones: readmitir a José Ramón Martín Folgueras y compensarle con 193 euros por cada día desde el despido improcedente o pagarle 139.000 euros por la ruptura de la relación. Al no comunicar el Cabildo su intención de readmitirlo, debe pagar la indemnización.