La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una denuncia contra los dos exediles socialistas de Tacoronte Carlos Medina Dorta y Sandra Ramos Pérez por sacar 14.000 euros de una cuenta del Grupo Municipal Socialista entre el 18 de diciembre de 2020 y el 9 de marzo de 2021, cuando el PSOE ya tenía en marcha su expediente de expulsión del partido. Ambos ediles, que figuran en la actualidad como no adscritos y presentaron hace una semana un nuevo partido político (Somos Tacoronte), serán investigados por un juzgado de instrucción de San Cristóbal de La Laguna para determinar si ha existido delito de malversación de caudales públicos, que se castiga con penas de prisión de 2 a 6 años y de inhabilitación de 6 a 10 años.
La denuncia de la Fiscalía, que se inició con una comparecencia previa, aporta como posibles pruebas los justificantes bancarios de cinco reintegros de fondos con firmas de los autorizados por importes de 2.000 euros, el 18 de diciembre de 2020; 3.000 euros, el 31 de diciembre de 2020; 3.000 euros, el 8 de enero de 2021; 3.000 euros, el 21 de enero de 2021, y 3.000 euros el 9 de marzo de 2021. Un total de 14.000 euros que salieron de esta cuenta del Grupo Municipal Socialista en un momento de grave crisis interna.
El PSOE notificó a principios de diciembre de 2020, a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Tacoronte, la expulsión del partido del que era primer teniente de alcalde y edil de Hacienda y Obras, Carlos Medina, y de la entonces concejala de Comercio, Contratación y Cementerio, Sandra Ramos, por pactar con Nueva Canarias (NC) y Sí se Puede (SSP) la conformación de un gobierno progresista en el mes de junio de 2019. Los dirigentes del PSOE anunciaron a finales de 2020 la expulsión del edil socialista que, además, debía sustituir en la Alcaldía a José Daniel Díaz (NC) a partir de junio de 2021.
La expulsión se convirtió en una decisión firme a mediados de junio de 2021, cuando la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE resolvió «desestimar los recursos presentados» por los que hasta entonces eran sus concejales, Carlos Medina y Sandra María Ramos, y, por lo tanto, confirmó la expulsión definitiva de ambos. Según los estatutos federales del PSOE, esta decisión conlleva «la pérdida de los cargos públicos dependientes del PSOE que ostentasen los sancionados». Una decisión de «carácter definitivo y firme». En la denuncia de Fiscalía se cita la fecha del 2 de agosto de 2021 como la de la formalización de esta expulsión. Todos los reintegros bancarios que se ponen en duda se produjeron tras el anuncio inicial de la expulsión de ambos y antes de que esa expulsión se convirtiera en firme.
"Estábamos autorizados"
Carlos Medina aseguró este jueves a EL DÍA que «si podíamos sacar dinero de esa cuenta era porque, tanto la compañera como yo, estábamos autorizados para hacerlo. Ese dinero no hubiera podido salir de esa cuenta de otra manera. Eran gastos del grupo municipal, del que éramos responsables, de los que se informaba a las personas que asistían a las reuniones. Sandra Izquierdo no pertenecía al grupo en aquel momento y Tarsis Morales no iba nunca. Eso era así». Medina sostiene que este frente judicial abierto no le «inquieta», no le da «mayor importancia» y pone su resolución «en manos de los abogados». A sus excompañeros de partido les responde que «si ellos consideran que está mal, pues están en su derecho de pedir que se dirima donde corresponda», pero insiste en que los reintegros eran «para gastos del grupo». Medina recuerda que «había un compromiso inicial de que ese dinero debía destinarse al partido, pero se nos abre un expediente disciplinario y, desde ese momento, el dinero los gestionamos nosotros y había que negociar los distintos usos»
El 16 de marzo de 2022, la representación letrada que compareció ante la Fiscalía para denunciar estos hechos, dirigió sendos burofax a Medina y Ramos, «ofreciéndoles la posibilidad de dar una explicación o justificar la retirada de fondos. Ese burofax no fue atendido pese a haber sido recibido entre el 17 y el 18 de marzo de 2022», detalla el escrito de denuncia, fechado el 1 de agosto de 2022.
La Fiscalía considera que esta actuación podría tipificarse como un posible delito de malversación de caudales públicos, castigado en el artículo 432.2 del vigente Código Penal con pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para cargo o empleo público de seis a diez años.
El Ministerio Fiscal llega a la conclusión de que Carlos Medina y Sandra Ramos, «con abuso de su condición de autorizados en la cuenta corriente de la formación política a la que en su día estaban adscritos, y en perjuicio de ésta y del patrimonio público, efectuaron varios reintegros no autorizados que alcanzaron un total acumulado de 14.000 euros».
El Grupo Municipal Socialista de Tacoronte, liderado en la actualidad por Sandra Izquierdo y Tarsis Morales, solicita la devolución de lo que consideran «montante sustraído» y la aclaración de la retirada de estos bienes públicos por parte de los dos exmiembros del partido.
Respecto a la posible relación de la difusión de esta denuncia de la Fiscalía con la reciente presentación del nuevo partido Somos Tacoronte, Carlos Medina, que es su secretario general, afirma que «era de imaginar que se iba a producir una campaña de desprestigio» y opina que «esto podría tener relación, pero no nos preocupa en absoluto».
Carlos Medina ha sido candidato del PSOE a la Alcaldía de Tacoronte en las elecciones de 2011, 2015 y 2019, y había firmado un pacto con NC y SSP que debía convertirlo por primera vez en alcalde en junio de 2021. Su partido quería que pactara con Ciudadanos y, en diciembre de 2020, le abrió un expediente de expulsión que hizo saltar por los aires el Grupo Municipal Socialista y acabó con la posibilidad de que accediera a la Alcaldía. A finales de junio de 2021, el actual alcalde, José Daniel Díaz (NC), retiró todas las competencia a Medina, que desde entonces ejerce como edil no adscrito en la Corporación tacorontera.
