El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha señalado el inicio del juicio oral contra el exalcalde de Buenavista del Norte, exsenador y ex vicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu Expósito (PSOE) para el próximo día 6 de febrero de 2023, casi 17 años después del presunto encargo irregular de la redacción del proyecto de la residencia de personas con discapacidad del municipio norteño, en su última etapa como alcalde. La denuncia la interpuso el actual alcalde buenavistero, Antonio González Fortes (SSP), en el año 2012 y fue asumida también por la Fiscalía a finales de 2018, cuando se anunció una petición de pena de 8 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Junto a Abreu también figura como encausado en este proceso judicial el funcionario que ejercía como secretario-interventor en el momento de la presunta adjudicación irregular y sin concurso público de este contrato valorado en unos 270.000 euros. Según informó entonces la Fiscalía, Abreu habría encargado de forma irregular este trabajo a una empresa de la que era uno de los propietarios el exedil del PSOE en Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende.
La vista comenzará casi 17 años después del supuesto encargo «a dedo» del contrato de 270.000 euros
Para la financiación del proyecto, el Consistorio norteño había recibido una subvención de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias por valor de 162.000 euros. Esa fue la cantidad que finalmente se pagó a la empresa de Cuende, «que no reclamó las cantidades restantes», según aclaró Fortes a finales de 2018. Sí se Puede también participará en este proceso como acción popular.
El contrato con la sociedad Cuende y Gutiérrez Asociados se formalizó, según el citado escrito de la Fiscalía, «con una clamorosa y deliberada elusión de la normativa de contratación administrativa que, por su cargo, no podía desconocer, y que imponía, dada la cuantía del contrato, la puesta en marcha de un procedimiento de licitación pública». Para el fiscal, la no convocatoria del preceptivo concurso se hizo con el propósito de encomendar la redacción de dicho proyecto a una determinada empresa.
El contrato incluía la redacción del proyecto básico y de ejecución, valorado en 160.000 euros, así como la dirección de obra, que se había presupuestado en 90.000 euros, aunque nunca llegó a concretarse ni abonarse. Respecto al funcionario encausado, se le acusa de prevaricar «por omisión» al incumplir su obligación, como secretario interventor en aquel momento del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, de advertir de «la flagrante y grosera ilegalidad del pago» propuesto desde la Alcaldía.
