eldia.es

eldia.es

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

incendio | Ayudas para los municipios tinerfeños perjudicados

Las hectáreas quemadas en el incendio del Norte, declaradas zona catastrófica

Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod aguardan a la publicación en

el BOE para determinar los pasos a seguir para que los afectados reciban las ayudas

Un ave muerta como consecuencia de las llamas que arrasaron los montes de la Corona Forestal del norte de Tenerife el pasado mes de julio. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración de zonas catastróficas en quince comunidades que se han visto afectadas por 119 incendios forestales. Entre ellas se encuentran los cuatro municipios tinerfeños que se vieron perjudicados por el fuego en el incendio que se declaró el pasado 21 de julio –y que sigue sin estar oficialmente extinguido– y que afectó a 2.700 hectáreas. Se trata de Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod.

A media tarde de este martes, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Los Realejos –el municipio en el que se declaró el fuego y en el que mayores daños dejaron las llamas– indicaron que se encontraban a la espera de que se produjese la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para, a partir de ahí, establecer los pasos a seguir. Y es que, en función de lo que fije el citado texto, cabe la posibilidad de que la localidad concurra a las ayudas de forma conjunta con las otras, o bien que lo haga en solitario.

Como se recordará, el fuego comenzó en el enclave de Los Campeches, en las cumbres de Los Realejos, y se convirtió en uno de los incendios que mayores daños han causado durante la última década en el Archipiélago.

Las cifras de toda España durante el presente verano ascienden hasta 220.000 hectáreas según el balance a mediados de agosto, informó ayer la agencia Efe, e indicó que se trata de unos fuegos que en algunos casos han sido de grandes dimensiones y que han causado la muerte de tres personas. Así lo apuntó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien destacó que se ha evacuado a más de 27.500 personas, por lo que el Ejecutivo pretende, además, complementar con ayudas a los afectados.

Rodríguez, en rueda de prensa, indicó que el Gobierno ha aprobado una serie de mecanismos para agilizar la gestión de las ayudas, complementarios a los de los ministerios del Interior y de Administraciones Públicas.

El total de comunidades

Así, se declaran zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las regiones afectadas activaron sus planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, como establece el Plan Estatal General de Emergencias, según el Ministerio del Interior.

Grave daño medioambiental

Los incendios, además, han generado un grave daño medioambiental y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien, según el Ejecutivo, en este momento no han podido ser todavía cuantificados con precisión.

Las medidas de recuperación previstas, cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, contemplan ayudas directas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por destrucción total de la vivienda o por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, entre otras.

Asimismo, el acuerdo prevé adoptar otras medidas de ayuda como declarar determinadas zonas de actuación especial, concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por los fuegos y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.

Continúa la extinción

La decisión se ha adoptado en una jornada en la que medios aéreos y terrestres continúan trabajando un día más en el incendio de Bejís, Castellón, que este lunes, una semana después de declararse, se dio por estabilizado y cuya evolución sigue siendo positiva con todo el perímetro controlado, sin que se hayan producido reproducciones durante la noche.

Entretanto, en Andalucía se trabajaba desde poco antes de las 15:00 de ayer en un incendio declarado en un paraje de la localidad sevillana de Guillena. Los dos incendios registrados el lunes en los ayuntamientos de Ponteareas y Moaña, en Pontevedra, están estabilizados tras arrasar más de 45 hectáreas.

Por su parte, el plan de extinción de incendios de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido este martes el incendio que el pasado domingo se declaró en la sierra de Malagón, Ciudad Real.

«El pimpampúm político»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó ayer coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas a la hora de abordar la prevención y extinción de los incendios forestales con el fin de no convertirlos en «el pimpampum de la política».

Álvarez, que ofreció una rueda de prensa en Zamora antes de reunirse con personal del operativo de extinción de incendios de Castilla y León, pidió esa coordinación en la prevención de los fuegos y catástrofes naturales de ese tipo que son «consecuencia del cambio climático».

«Hay que coordinar las políticas, las comunidades autónomas tienen que facilitar y trabajar de manera común con el Gobierno de España» con el fin de que los incendios en vez de confrontar políticamente sean un «elemento de cohesión» y permitan «sumar esfuerzos para luchar contra los efectos del cambio climático» y los nuevos incendios forestales en España.

Junto a lo anterior, Álvarez pidió, además, la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que su responsabilidad es clara en los incendios forestales que han asolado la provincia de Zamora este verano.

Compartir el artículo

stats