El Cabildo aprueba solicitar al Ejecutivo de España la gratuidad del transporte público en Tenerife, tanto en guaguas como en tranvía, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre próximos. Con el voto en contra de PSOE y Cs, los socios del gobierno insular. Es el resultado del Pleno extraordinario convocado en agosto, un mes habitualmente inhábil, a instancias del grupo de Coalición Canaria.
La sesión monográfica tenía un único punto en el orden del día pero las cinco enmiendas presentadas por los grupos políticos se votaron por separado. El texto original de CC fue enriquecido con las aportaciones del Partido Popular y de Sí Podemos Canarias. Los morados se sumaron a la iniciativa, aunque apoyen desde fuera al gobierno insular. El resultado final fue 16 votos a favor y 10 en contra. Faltaron cinco de los 31 consejeros en la sesión extraordinaria de mes vacacional. Dos de PSOE –Carmen Luz Baso y Javier Parrilla–, una de Cs –Concepción Rivero–, una de CC –Carmen Delia Alberto– y una del PP -Águeda Fumero–
La propuesta aprobada finalmente parte de la presentada por CC. Insta a que, a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, los bonos para uso recurrente de Titsa y Metropolitano de Tenerife sean «gratuitos y con las mismas condiciones, en cuanto a uso y gestión que ofrece el Estado al resto de ciudadanos del país».
También solicita la iniciativa que el Cabildo reclame al Gobierno de Canarias y este, a su vez, exija al Estado, «una compensación económica por el coste de ofrecer a los ciudadanos esta ayuda». Asimismo, el acuerdo pide otra subvención estatal a la Comunidad Autónoma «que permita mantener al menos el descuento del 50%» a partir de enero del 2023.
El PP incorpora a las conclusiones del documento que el Cabildo de Tenerife, con base en el acuerdo unánime tomado durante el último Debate del Estado de la Isla (el pasado abril) amplíe la gratuidad de los bonos de uso más frecuente durante todo el año 2023 a los estudiantes universitarios, los pacientes de los hospitales de referencia (HUC y La Candelaria) y a los mayores de 65 años.
Los populares hacen la propuesta con tres objetivos fundamentales: promover el uso del transporte público frente al privado, ayudar a estos colectivos en la actual situación económica y mitigar los colapsos de tráfico en las autopistas en horas de máxima afluencia. Para ello «se instará tanto al Gobierno Central como al de Canarias a la cofinanciación de dicha medida».
Por último, dentro de la redacción consensuada por parte de este tripartito improvisado, Sí Podemos Canarias incluye el cumplimiento de lo aprobado en comisión plenaria el pasado 27 de abril en el sentido de crear un título específico para quienes residan en Tenerife, pero no se encuentren formalmente empadronados para que obtengan el beneficio de las bonificaciones previstas.
«De segunda» a «cariñoso».
El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, señala en el Pleno Extraordinario que «Pedro Sánchez vino a Canarias a decirnos que nos tratan como ciudadanos de segunda». Y añade que «los socialistas de Canarias y de Tenerife lo aceptan. No han apoyado una medida para que nos traten igual que al resto de españoles».
El también nacionalista Félix Fariña, proponente de la moción, apostilla: «En la península y Baleares el Estado financia el 100% de los trenes de cercanía y pedimos lo mismo con las guaguas y el tranvía». Subraya: «El PSOE ha votado en contra de esa medida, pero la hemos logrado aprobar. Tenemos que defender nuestros derechos y haremos cuantas iniciativas sean necesarias para lograrlo».
La intervención del portavoz del Grupo Socialista, Javier Rodríguez Medina, se mueve en las antípodas respecto a las de los consejeros de Coalición Canaria. Valora los argumentos de la oposición como «segregados, irrelevantes, ridículos y falaces» frente al trato «justo, acertado y cariñoso» del Gobierno de Pedro Sánchez.
Un porcentaje «permanente».
El discurso de Enrique Arriaga (Cs), presidente de Titsa y Metropolitano, se centra en una idea motriz que repite varias veces: «Sea el descuento en el porcentaje el que sea y así se fije, pero con carácter permanente, sin renunciar a la gratuidad durante estos cuatro meses». Resume: «Debemos arrimar todos el hombro y eso significa financiación estatal y del Gobierno de Canarias porque el Cabildo no puede asumir solo esa inversión de millones de euros». Se dirige al portavoz popular para calificar a su formación de Partido Populista. Fernández (PP) apuesta por la gratuidad con sentido social para colectivos vulnerables como eje argumental. Responde a Arriaga con un elocuente «por lo menos tenemos un partido».
María José Belda (Sí Podemos Canarias) insiste en ampliar la medida a todo el que resida en la Isla aunque no esté empadronado.
Voto de calidad.
El voto de calidad del presidente del Cabildo, Pedro Martín, decide, después de dos empates a trece, el rechazo a una enmienda adicional de CC-PNC que hace referencia directa a Titsa. En ella se plantea una reunión del grupo de gobierno y la dirección de la compañía con los trabajadores para «ofertar el servicio más amplio posible ante el previsible incremento de la demanda provocada por la reducción de la tarifa». La petición era «de manera inmediata y esta misma semana» para que «antes del 1 de septiembre se pueda llegar a los acuerdos que procedan y evitar así daños mayores a la ciudadanía». Esta iniciativa la rechazó también Sí Podemos Canarias.
Los morados no obtuvieron apoyo suficiente en su enmienda a la totalidad al igual que Ciudadanos (10 a favor y 16 en contra, en ambos casos). Cabe recordar que el Comité de Empresa de Titsa, con mayoría de Intersindical Canaria (IC), ha anunciado una huelga indefinida en el servicio a partir del próximo 7 de septiembre.
Apoyo unánime.
En sentido totalmente contrario al anterior, recibe un respaldo unánime –26 votos a favor y ninguno en contra– una segunda enmienda adicional de Coalición Canaria que propone solicitar al Estado una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias que permita mantener el descuento de al menos el 50% al transporte público a partir de enero del 2023; es decir, más allá del 31 de diciembre y de los cuatro meses que plantea el Gobierno de Madrid. La propuesta fue incorporada al acuerdo genérico.
