Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se mostró moderadamente optimista ante los vecinos afectados por el polvo y la tierra que emana de la obra del Anillo Insular. Una situación que ya generó mucho malestar y dificultades a la población residente en las calles del casco urbano Fernando del Hoyo y Masca, así como en la avenida La Iglesia. En un encuentro mantenido esta semana con vecinos perjudicados, informó de las gestiones realizadas y de las medidas aplicadas durante las últimas semanas «que han supuesto mejoras en la situación, pero todavía es insuficiente».
El regidor santiagués explica que este problema «se aborda desde el primer instante», desde que a mediados de julio de 2021 se registró por primera vez, momento en que el Ayuntamiento recabó de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias medidas correctoras por los trabajos de procesado del árido que se obtiene en la ejecución de la tercera fase del Anillo Insular. En aquella ocasión, el alcalde pidió celeridad en la aplicación de las soluciones.
Un año después, la situación se reproduce y la Alcaldía informó ayer de que vecinos, técnicos y autoridades han mantenido encuentros periódicos y frecuentes al objeto de demandar y promover soluciones «que van llegando». La próxima tendrá lugar en un plazo de 10 días. «Hay avances, estamos analizando los resultados y estamos convencidos de que se resuelve, como ocurrió el año pasado».
Recordó que para realizar la tercera fase del Anillo Insular, el tramo que discurre desde Santiago del Teide a El Tanque y que consiste en construir el túnel de Erjos, el proyecto aprobado por el Ejecutivo regional anterior contemplaba la machacadora para tratar el árido de esta obra.
Coalición Canaria lo contradijo y acusó de «mentir a los vecinos». En un comunicado emitido ayer, la portavoz municipal nacionalista, Ariana Trujillo, afirmó que «la autorización de la machacadora de áridos fue otorgada por resolución del 10 de noviembre de 2020 por el actual Gobierno de Canarias y notificada al Ayuntamiento, que no presentó ninguna alegación o recurso alguno contra la misma, dando luz verde a su instalación».
Además de no entender por qué se autoriza este equipamiento, los nacionalistas recuerdan que CC lleva dos años dando traslado de este problema a distintas instituciones, pero «nos encontramos con una planta potencialmente contaminante a apenas cien metros de las viviendas sin que nadie con responsabilidades de gobierno hubiese hecho nada más que escurrir el bulto», asevera la concejala y portavoz, Ariana Trujillo.
