La Fiscalía pide archivar la causa por prevaricación y malversación de caudales públicos a 12 de los 14 investigados del caso NAP, un procedimiento sobre presuntas irregularidades en la absorción hace 10 años por parte de la empresa ITER, del Cabildo de Tenerife, de otra empresa, la tecnológica NAP. Entre los investigados a los que el ministerio público libra de responsabilidades penales se encuentran Carlos Alonso (CC), expresidente del Cabildo de Tenerife, y Aurelio Abreu (PSOE), exvicepresidente de la Corporación insular. Por el contrario, centra las supuestas irregularidades en los otros dos investigados: Ricardo Melchior (CC), expresidente del Cabildo de Tenerife, y Manuel Cendagorta, que fuera director-gerente del ITER.
Después de que todos los investigados hayan declarado ante la jueza que instruye la causa, María Isabel Pardo-Vivero, en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla, la Fiscalía ha presentado un informe en el que asegura que «no se puede acreditar» que 12 de ellos aprobasen la absorción, en el consejo de administración del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) de 2012, conscientes de que podían perjudicar a las arcas públicas y beneficiar a los socios privados. Por ello, la fiscal Olga Méndez pide el sobreseimiento de las imputaciones de prevaricación y malversación, según adelantó la cadena SER en Tenerife.
Entre estos 12 investigados en los que la Fiscalía no ve conducta delictiva también hay personalidades del ámbito social y económico de la Isla, como Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias; Eduardo Doménech, exrector de la Universidad de La Laguna; y Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). O cargos del Gobierno canario como el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez (PSOE)
El ministerio público centra las presuntas irregularidades en Ricardo Melchior y Manuel Cendagorta
La investigación se centra en un consejo de administración del ITER celebrado en 2012 en el que esta empresa del Cabildo tinerfeño adquiere una empresa mitad pública y mitad privada, NAP (Network Access Point, punto de acceso a internet) de África Occidental-Islas Canarias. Lo hace «asumiendo con dinero público las cuantiosas deudas de la parte privada sin que estos socios privados realizaran desembolso adicional, asumieran riesgo alguno, ni tuvieran que responder por esas pérdidas», como asegura la denuncia del ministerio público del 29 de junio del año pasado que abrió el procedimiento.
Entonces, la Fiscalía consideraba que había que investigar a todos los consejeros al observar indicios de delito. Ahora concluye, una vez avanzada la investigación y tras la declaración de los imputados y los testigos, que 12 de los 14 miembros de aquel consejo de administración que apoyaron la operación del ITER no cometieron ninguna irregularidad. Esta lista la completan Raquel Lucía, consejera delegada de la entidad pública INtech del Cabildo; Nicolás Díaz, exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), Magaliz López (CC) y Jesús Morales (CC); y Esteban González (PP), exedil de Urbanismo de Granadilla de Abona. Todos representaban a sus partidos o entidades en aquel consejo del ITER.
Los otros dos consejeros acaparan las acusaciones y quedan fuera de la solicitud de sobreseimiento. La fiscal defiende en este último escrito que Ricardo Melchior (CC), expresidente del Cabildo de Tenerife, y Manuel Cendagorta, que fue director-gerente del ITER, ocultarían documentación para que la operación se aprobase aún siendo ruinosa para los intereses públicos.
Impedir el acceso a información
«No se puede acreditar, al menos por ahora, que los investigados mencionados [los 12 para los que se pide el archivo] tuvieran un conocimiento real y efectivo de la situación económica» de la entidad NAP, porque según sigue exponiendo la fiscal, «los otros dos investigados, Ricardo Melchior y Manuel Cendagorta, se habrían preocupado de ocultar, dificultar o impedir el acceso al resto de los investigados a la documentación». Estos documentos ocultados, explica Olga Méndez, «son necesarios para comprender que se estaba llevando a cabo una operación económica en claro perjuicio de los intereses del ITER», la empresa pública del Cabildo. El ministerio público también asegura que los préstamos para la absorción del NAP fueron «irregulares» y «concertados sin que los socios del capital privado asumieran ninguna garantía».
La operación se acordó por 4,2 millones de euros, un precio que el ministerio público considera «injustificado» e «inflado». Se pregunta cómo los socios privados, que representaban el 53% de las acciones del NAP -el otro 47% era del Cabildo-, pudieron conseguir un ingreso de dinero ante la deuda acumulada de 6 millones de euros que arrastraba la empresa de la que se deshacían. «La fórmula escapa a cualquier lógica empresarial», destaca el informe. Las opciones elegidas para ejecutar la compra del NAP, la adquisición de acciones a la parte privada o la compensación con participaciones de otras empresas públicas del Cabildo de Tenerife, son calificada por la Fiscalía como «incomprensibles» y «claramente perjudiciales al erario público, contraviniendo los principios de eficiencia, eficacia y racionalidad de la administración del patrimonio público».
«Claro» perjuicio económico
Concluye en el escrito remitido a la jueza que la operación «provocó, de manera consciente y voluntaria, un claro perjuicio económico a la entidad pública ITER, beneficiando con ello a los particulares titulares de participaciones en la sociedad NAP, que vieron cómo, en el peor de los casos, obtenían la devolución de sus aportaciones a pesar de que las deudas acumuladas por el NAP superaban los 6 millones de euros». Según el actual vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga (Ciudadanos), la absorción provocó un perjuicio patrimonial a la Corporación insular «superior a los 12 millones de euros».
La fiscal subraya que alrededor de estas maniobras estarían Ricardo Melchior y Manuel Cendagorta. Le parecen «sorprendentes», por ejemplo, los movimientos para ocultar información a los otros miembros del consejo del ITER que aprobaron la absorción del NAP. Ricardo Melchior, en concreto, era en 2012, en el momento en el que se produce la operación ahora investigada, presidente del Cabildo. Pero también, como recuerda la fiscal, era presidente del consejo de administración del ITER y del NAP.
La Fiscalía considera que «se ha podido corroborar» lo que los 12 investigados para los que pide el archivo aseguraron en sus comparecencias ante la jueza: que «carecían de la información necesaria» y «se fiaron» de las exposiciones del gerente del ITER, Manuel Cendagorta, que «pintaba un panorama de absoluta prosperidad o, en el mejor de los casos, ocultaba la información real». «Tal responsabilidad no puede entenderse sin la necesaria colaboración del otro investigado, Ricardo Melchior», concluye Olga Méndez.
Una vez recibido el informe de la Fiscalía, la jueza tendrá que decidir ahora si acepta esta petición de archivar la causa para 12 de los 14 investigados. El ministerio público también solicita en su último escrito que la instrucción se prorrogue seis meses y nuevas diligencias de investigación.
La Fiscalía solicita el sobreseimiento de las causas de estos 12 investigados:
Miguel Ángel Pérez (PSOE)
- Era consejero de Educación del Cabildo. Ahora es viceconsejero del Gobierno canario.
Antonio G. Marichal (CC)
- Era consejero del Cabildo y estuvo en el consejo de administración del ITER en 2012.
Jesús Morales (CC)
- Era consejero del Cabildo y estuvo en el consejo de administración del ITER en 2012.
Esteban González (PP)
- Estuvo en el consejo de administración del ITER como edil de Urbanismo de Granadilla.
Álvaro Arvelo
- Era presidente de CajaCanarias, la entidad financiera que avaló los préstamos al NAP.
Eduardo Doménech
- Estaba en el consejo de administración del ITER como rector de la Universidad lagunera.
Nicolás Díaz Chico
- Al consejo de administración fue como consejero delegado del Instituto Tecnológico.
Francisco Sánchez
- Estuvo en el consejo de administración del ITER como director del Astrofísico de Canarias.
Magaliz López García (CC)
- Era consejera del Cabildo y estuvo en el consejo de administración del ITER en 2012.
Raquel Lucía Brito
- Representó al Consejo Económico de Tenerife en el consejo de administración del ITER.
Aurelio Abreu (PSOE)
- Era vicepresidente del Cabildo y estuvo en el consejo de administración del ITER.
Carlos Alonso (CC)
- Era consejero de Movilidad del Cabildo y estuvo en el consejo de administración del ITER.
Una investigación que surge del ‘caso Geneto’
El caso NAP surge de otro que investiga la Justicia y relacionado con el Cabildo de Tenerife en anteriores mandatos: el caso Geneto. Ambos parten, a su vez, de denuncias del actual Gobierno del Cabildo (PSOE-Ciudadanos). La Fiscalía denunció en el caso Geneto a Julio Pérez (PSOE), actual portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Justicia y Seguridad, por delitos de corrupción. El escrito del ministerio público, en un procedimiento que lleva el juzgado de instrucción número 3 de La Laguna, afecta a una operación urbanística por la que también pide llamar a declarar como investigados a dos expresidentes de la Corporación insular, Ricardo Melchior y Carlos Alonso (ambos de CC), también involucrados en el caso NAP; y al director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado (PSOE). La Fiscalía solicitó que estos políticos declarasen como imputados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra en 2012 por parte del Cabildo de Tenerife de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, situada en Geneto, La Laguna, por 18,9 millones de euros. La empresa NAP fue la vendedora de uno de estos terrenos. | D. M.
