El Ayuntamiento de Tacoronte ha ordenado el desalojo del local social de la Asociación de Vecinos El Casco, ubicado en el número 67 de la calle Ismael Domínguez, a raíz de un conflicto con la gestión de la cantina que derivó en la dimisión de la junta directiva de esta asociación a finales del verano de 2021 y, en la constitución, aún pendiente de legalizar, de una nueva directiva que rechaza la recuperación del local y defiende la labor de la persona que está al frente de la cantina «mediante un contrato verbal».
El expresidente de esta asociación Francisco Julián González y su directiva dimitieron y renunciar al convenio de uso del local, que mantenían con el Ayuntamiento norteño. Lo notificaron al Consistorio en octubre de 2021 y, desde entonces, este colectivo y su local han quedado en una especie de limbo jurídico que otros vecinos han intentado resolver sin éxito. Mientras tanto, y una vez recibida la renuncia, el Consistorio inició un procedimiento de recuperación del local que, según advierte el alcalde, José Daniel Díaz (NC), «ya no se puede parar porque estaríamos cometiendo una ilegalidad». El mandatario niega que la intención municipal sea acabar con la actividad de esta asociación y asegura que «en cuanto se recupere y acondicione el local, nuestra intención es promover su reapertura, con actividades municipales, a partir de septiembre».
Francisco Julián González niega que presionara a la encargada de la cantina para que acudiera a determinados proveedores, tal y como se asegura desde la otra parte, y responde que se marchó «porque no hacía caso a nadie y tenía expedientes abiertos por temas de horarios, fiestas y obras sin autorizar, y no queríamos tener ninguna responsabilidad legal. Nosotros no queremos que la asociación desaparezca y prueba de ello es que no la dimos de baja».
Casi un año en la alegalidad
Cristián González, uno de los vecinos que rechaza la orden de recuperación del local, señala que «esta asociación lleva casi un año en una situación que podría calificarse de alegal. Que comienza cuando el presidente anterior decide dimitir, arrastrando a toda su directiva salvo al vicepresidente, sin convocar elecciones y, al parecer, todo por diferencias con la señora que lleva la cantina, así como la limpieza de las instalaciones, cancha incluida, y que ahora se encarga de abrir y cerrar. Esta señora está bien considerada en el desarrollo de sus funciones por la gran mayoría de socios y vecinos, algo amparado por 163 firmas de apoyo».
Ante el vacío que se generó, el propio Cristián González y otros vecinos iniciaron en noviembre de 2021 un proceso para tratar de renovar la directiva. «Se organizó unas asamblea y se eligió una junta electoral que, en febrero de 2022, proclamó la candidatura ganadora, presidida por Javier Alfambra», explica.
«Desde marzo de 2022 estamos intentando que el Ayuntamiento reconozca a esta directiva, pero exigen un libro de socios al que no hemos tenido acceso», advierte Cristián. El expresidente niega que esos libros estén en su casa y dice que «se encuentran en una oficina de la asociación, cuya llave está en posesión del Consistorio». A través de un burofax, el nuevo presidente electo ha pedido al Ayuntamiento que entregue esos libros «si están en su poder». El alcalde responde que desconoce si se encuentran en alguna oficina del local y que sólo podrán comprobarlo «cuando la responsable de la cantina entregue el edificio».
El expediente de recuperación ha agotado la vía administrativa, y ya sólo puede recurrirse en el juzgado. El rechazo al recurso de reposición interpuesto por la responsable de la cantina se notificó el 2 de julio y daba un plazo de 8 días para abandonar el local. La nueva directiva se queja de que «la asociación continúe bloqueada» por lo que consideran mala praxis de la directiva saliente y del propio ayuntamiento, al que acusan de «hacer dejación de funciones». Su protesta ha llegado a la calle, donde instalaron una pancarta con la frase: «¡No al cierre de la Asociación de Vecinos! Los vecinos decidimos». Y también han remitido un escrito de queja al Diputado del Común.
El alcalde insiste en que el objetivo no es cerrar la asociación: «Simplemente se ha tramitado el expediente a raíz de la renuncia al convenio. Ya está resuelto y notificado. Simplemente hay que desalojar la cantina y, posteriormente, podrá continuar su actividad con un nuevo convenio con esa asociación o con otra, pero en ningún momento hemos pensado en darle a ese local un uso distinto al que tiene».
