El informe anual de Cáritas cifra en 2.738 las personas que viven sin hogar en Tenerife, mil más en el último año, con una influencia negativa directa de la pandemia. El Cabildo recibe el estudio Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de Covid «con preocupación», según el presidente insular. Pedro Martín adelanta que como primera medida aumentarán en un millón de euros la aportación para paliar esta lacra en lo que resta de 2022 y el año que viene. Anuncia la construcción de cuatro centros más, dos en el norte y dos en el sur, para atender a estas personas.
Este es el segundo estudio de Cáritas sobre el sinhogarismo en Tenerife. Abarca todo 2021 y establece que 2.738 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la Isla, lo que supone casi mil más que en 2020, cuando eran 1.784. El primer trabajo solo analizó el segundo semestre de aquel año. La situación se debe de forma directa en el 42,8% de los casos (1.173 personas) a la crisis socioeconómica y sanitaria la Covid-19. El 56,25% (1.565) ya lo estaban antes.
Pedro Martín estuvo acompañado por la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet; por el secretario general de Cáritas, Ricardo Iglesias, y por la coordinadora de Acción Social de la entidad, Úrsula Peñate.
Los equipos multidisciplinares de Cáritas han actuado sobre el terreno con métodos mejorados y más contactos con los afectados. Esto incide en parte en el aumento de las personas sin hogar que salen a la superficie. Peñate, directora del trabajo, recuerda que «las personas en exclusión residencial extrema son las que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado y permanente».
En el crecimiento del fenómeno en Tenerife ha repercutido la pandemia al limitar el acceso a los servicios cada vez más vinculados a unas tecnologías a las que esta parte de la población no tenía ni tiene acceso.
Principales datos.
El 37,1 % (1.017 personas) pernoctan en la calle o en un espacio público a la intemperie; el 8,7% (238) lo hace en un albergue o centro similar. También han sido identificadas 420 personas, un 15,3%, que residen en una vivienda que no es la habitual pues la han perdido por desahucios o no poder pagar la renta. Otro 15,8% (433) se aloja en estructuras temporales no convencionales (cabañas, chabolas, caravanas o cuevas). Un 8,8% (241) ocupa un alojamiento inapropiado para vivir y en 5,6% (154) lo hace en régimen de tenencia insegura.
Un 73,9% (2.024) son hombres, pero aumentan las mujeres que han pasado del 21,4% en 2020 al 25,6% en 2021. La media de edad es de 45 años en los varones y d e 35 en las mujeres. Han sido registrados 150 menores habitualmente en familias monomarentales. Cada vez hay más jóvenes, pues el 7,8% (213) tiene entre 18 y 25 años. Y suben también los mayores pues entre 65 y 90 años eran 81 (4,6%) en 2020 y en 2021 ascendieron a 154 (5,6%). Santa Cruz de Tenerife concentra el mayor número de personas sin hogar, 953 (34,8%), seguido de Arona (441); La Laguna (422); Adeje (166); Puerto de la Cruz (134) y Granadilla (128). Dos polos: Área Metropolitana y el Sur. Otra conclusión plantea la cronificación del problema pues el 62% lleva más de un año sin casa y el 32% más de tres años.
77 nacionalidades.
La mayoría son españoles, pero se han identificado hasta 77 nacionalidades. Por detrás del 57,5% de nacionales –frente al 54,3% de 2020–, marroquíes (6,4%), senegaleses (4,1%), venezolanos (4%), italianos (3,7%) y alemanes (1,8&). El 71,4% son europeos, las nacionalidades más afectadas son de la UE y solo un 12,4% está en situación administrativa irregular. Estos datos indican que la proliferación de personas sin hogar no está vinculada con la llegada en pateras. «La aporofobia vincula pobreza con inmigrantes y no es así», señala Peñate.
Entre las razones que exponen para explicar su situación las hay estructurales y coyunturales. Entre ellas, desempleo y precariedad laboral; mínimos ingresos; falta de ayudas públicas; los desahucios y ejecuciones hipotecarias; la salud mental y las adicciones.
Más dinero.
Pedro Martín destaca la importancia de contar con un diagnóstico sobre personas sin hogar, que hasta 2020 no existía, Martín subraya que el año pasado destinaron 1.632.739 euros a atender a 3.812 personas sin hogar, «no obstante, a la luz de este estudio, hemos previsto una nueva línea por un millón de euros más para seguir atendiendo a esta realidad, de la que se suele hablar muy poco y nos preocupa muchísimo». Hace hincapié en que, «aunque esta es una competencia fundamentalmente municipal, el Cabildo no podía ser ajeno». Por tanto, “seguiremos trabajando, no solo en el diagnóstico, que es fundamental, sino en la intervención».
Los recursos.
Marián Franquet explica que los datos de 2021 no se pueden comparar con los de 2020, pues se ha duplicado el tiempo empleado para realizar el estudio, de seis meses a un año. La conclusión es que una parte de las 1.000 personas sin hogar detectadas en 2021 ya vivían en estas condiciones cuando se hizo el primer informe, pero ahora han salido a la luz. «En 2020 solo conocíamos la punta del iceberg», apunta la consejera. Franquet recuerda que Cáritas, con 941.769 euros, es la entidad que más apoyo recibe del Cabildo para frenar el sinhogarismo. Pone en valor los proyectos en los que colaboran como la Unidad Móvil de Atención en Calle, el programa de vivienda Base 25, el proyecto Atarraya y Barrios por el Empleo. El Cabildo cuenta, además, con otros recursos residenciales para personas sin hogar: Piso Roble, para mayores sin hogar convalecientes y 6 pisos para jóvenes extutelados.
Cada vez más.
Ricardo Iglesias, asegura que «2021 ha reforzado la idea de que cada día hay más personas en exclusión dramática que no afecta de la misma manera a todas las personas. Iglesias remarca, asimismo, la importancia de este estudio, «una herramienta con la que el Cabildo y el resto de las administraciones podrán tomar las mejores decisiones estratégicas y hacer frente de manera efectiva y valiente a esta lacra social».
Políticas reales.
Cáritas reclama políticas públicas reales que faciliten el acceso a una vivienda digna a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Propone una serie de medidas. Entre otras, un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en cada territorio; la paralización de cualquier desalojo sin la garantía de alojamiento alternativo; la creación de un censo actualizado anualmente; el diagnóstico de las personas en situación de exclusión residencial extrema; unidades específicas de los servicios sociales municipales y no obstaculizar los procesos de empadronamiento. Iglesias reconoce que «resolver la vulneración del derecho de acceso a una vivienda digna es una apuesta a largo plazo».
