El Cabildo de Tenerife rubrica el mayor contrato de su historia para desarrollar la gestión de los residuos en la Isla los próximos 15 años con el principal objetivo de reducir de forma drástica la eliminación de basura sin reciclar enterrándola en las celdas de vertido. Lo hace con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC) y Urbaser, por un valor global de 397.475.058 euros. La firma de la adjudicación corrió ayer a cargo del presidente insular, Pedro Martín, y los representantes de la UTE en un marco que demuestra la trascendencia del acto: el Salón Noble del Palacio Insular. Por un lado, Martín al que acompaña el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina. Por la otra, Carlos Pérez (Urbaser) y Jorge Payet (FCC). El acuerdo entra en vigor a partir del viernes, 1 de julio.
«El objetivo es reciclar para dejar de tirar y desechar sin ningún control»
Pedro Martín valora «un paso decisivo que favorecerá la economía circular y atenderá de manera rigurosa a todas las indicaciones de la Unión Europea». El nuevo contrato de gestión de residuos de la Isla de Tenerife estará vigente hasta el año 2037, con posibilidad de prorrogarlo cuatro años más. Martín añade que «este paso, que abre el camino de la ejecución del nuevo contrato a partir de este viernes se convierte en la lanzadera para que la Isla avance hacia un modelo más sostenible en la gestión de los residuos».
Creación de empleo
Desde el Cabildo se trabaja, además, en que «el Complejo Ambiental de Tenerife, ubicado en Arico, sea un lugar puntero en la creación de empleo», asegura Pedro Martín. «La legislación vigente sobre residuos debe aplicarse al detalle, y hacen falta medidas adicionales para sectores clave», afirma el presidente para añadir: «Debemos abrirnos de manera decidida a la industria de los residuos».
«Comienza ya el viernes y va a cambiar el paradigma en la gestión de los residuos»
El político socialista recuerda algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el actual mandato como la retirada de las 8.004 toneladas de neumáticos fuera de uso que se acumulaban por todo el CAT, lo cual tuvo un coste de 2,1 millones de euros. Asimismo, subraya que «hemos aprovechado durante la pandemia para invertir allí en dos de las instalaciones que estaban en peor estado». Señala al respecto «la de los envases, que necesitaba una inversión importante, y la reconversión de la planta de bioestabilizado, casi en ruinas y una de las asignaturas que teníamos pendientes».
Más inversiones
El consejero insular de Desarrollo sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, indica que en este nuevo contrato «se prevén inversiones tanto en el Complejo Ambiental de Tenerife como en las diferentes plantas de transferencia para modernizar las instalaciones, siempre con la finalidad de mejorar los rendimientos y aumentar los porcentajes de recuperación». Rodríguez Medina prevé un montante de casi 52 millones de euros a ejecutar en los primeros años del contrato para la ampliación y mejora de las infraestructuras insulares de tratamiento de residuos. De la misma manera, se exige al nuevo concesionario la recuperación de al menos el 42% de los plásticos; de acero, el 51%; el 50% del aluminio; brick, el 38%; el 20% del vidrio; papel y cartón, el 18% y los restos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), el 37%, estos últimos incluidos en el capítulo de residuo doméstico.
«Estamos ilusionados porque incentiva a reducir las toneladas que llegan al vertedero»
Las empresas
Por parte de la UTE, Carlos Pérez, director de Tratamiento de Urbaser, señal que «enfocamos este contrato con mucha ilusión, porque se alinea con las políticas de economía circular e incentiva al concesionario a reducir la cantidad de residuos enviados al vertedero».
Jorge Payet, director general de FCC Medio Ambiente, apunta que este contrato para la firma que representa supone «un nuevo reto ante un marco importante y exigente que es el europeo y español». Afirma que «cumpliremos para atender a los retos que nos marcan administrativamente y dar un servicio completamente sostenible para la Isla».
«Un nuevo reto dentro de un marco exigente como es el español, con Europa de fondo»
Más de un año del acuerdo
Hay que trasladarse en el tiempo hasta el martes 23 de marzo de 2021,. Ese día, hace más de 15 meses, el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife aprueba la adjudicación a la UTE formada por Urbaser y FCC Medio Ambiente la gestión de los residuos en la Isla por 15 años. Obtuvo la mayor puntuación global de la mesa de contratación en un concurso de licitación iniciado en abril de 2019, al que también acudieron otras dos UTE: Cespa Gestión de Residuos SA-Martínez Cano Canarias SA y Valoriza Servicios Medioambientales SA-Syocsa Inarsa SA. Firmas de ambas uniones temporales presentaron sendos recursos al proceso, lo cual lo ha dilatado hasta ahora.
30
- La inversión busca acabar con 30 años tirando basura a las celdas de vertido sin reciclar
Vía libre
En febrero de este año, el Cabildo obtiene vía libre para poner en marcha el contrato destinado a la gestión de los residuos de la Isla, toda vez que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias resuelve desestimar los dos recursos interpuestos por Valoriza Syocsa Inarsa y CESPA Martínez Cano frente a la resolución de la concesión de marzo de 2021.
Día 1
- El próximo viernes, 1 de julio, entra en vigor el contrato
El presidente Martín valoraba. «Con estas resoluciones se pone fin al freno de la ejecución de un contrato muy importante para la Isla». El Tribunal decidió desestimar las reclamaciones y dar la razón a la mesa de contratación. El consejero Rodríguez Medina subraya que con esta adjudicación, además, «acaba una situación administrativa nada favorable, puesto que se prorrogaba un contrato vencido desde el año 2015».
Las prestaciones
El objeto del nuevo contrato establece la correcta gestión de los residuos generados en la isla, a través de las actuales y futuras infraestructuras previstas, «mediante la transferencia, transporte y explotación de dichas infraestructuras descentralizadas, así como las existentes en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT)». Esta prestación principal incluirá las operaciones de mantenimiento y reparación y reposición de todas las instalaciones, maquinaria, parque móvil y demás elementos, presentes y futuros. El contrato contempla la ejecución de las obras de ampliación y mejoras de las infraestructuras existentes para la gestión, tratamiento y valorización de los residuos. Tanto las del CAT en base a la urbanización y los servicios generales como la de los Centro Logísticos de La Guancha (CL-1), La Orotava (CL-2), Arona (CL-3), y El Rosario (CL-4).
UTE
- FCC y Urbaser forman la potente Unión Temporal de Empresas (UTE)
También incluye el contrato la eliminación en celda de vertido de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH), «mientras siga vigente la moratoria de la declaración de la zona remota promulgada por el Gobierno de Canarias». Siempre y cuando «el Cabildo lo determine, a la vista de la existencia de gestores que garanticen su tratamiento conforme a la normativa». Del mismo modo, el acuerdo establece el mantenimiento del Polígono de Industrias Gestoras de Residuos. Está ubicado junto a las instalaciones de la empresa de tratamiento de residuos E-Waste en el espacio ocupado por las ocho toneladas de neumáticos retiradas del CAT de Arico.
«Quien contamina, paga»
La nueva Ley estatal de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular, de 8 de abril de 2022, abre una nueva perspectiva frente a la gestión de los residuos, ya que impone tasas a aquellos productores que no los separen o los traten en origen antes de trasladarlos al Complejo Ambiental. Atiende esta idea al principio de «quien contamina, paga». Lo indica el consejero Rodríguez Medina. Este nuevo texto normativo establece dos tramos de tasas. Así, se gravará con 40 euros por tonelada a los que viertan material sin tratar, mientras los que procesen sus residuos solo tendrán que pagar 30 euros por tonelada. La Ley indica que en los próximos tres años los ayuntamientos deberán establecer nuevas tasas por generación de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento, que incluyen el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos. El Cabildo trabaja en facilitar y abrir el camino a un nuevo modelo de gestión de los residuos en el que se persiga «una transformación». La legislación vigente debe aplicarse al detalle. Hacen falta medidas adicionales en sectores clave como el textil, los plásticos, el embalaje y la electrónica. Los primeros pasos ya se consolidan en el CAT de Arico: las plantas de recuperación de RAEE, la de plástico film, las de envases y bioestabilizado, así como los puntos limpios y su mantenimiento. «Este nuevo horizonte obliga a cumplir con los procesos de separación antes de llegar a los vertederos para aliviar la carga de residuos que se entierran», afirma el consejero. El objetivo es llegar a un horizonte ideal de economía circular, a través del cual los residuos se conviertan en nuevos recursos. La nueva jerarquía de basuras y desechos deja el sistema tradicional de vertido en celda el último y menos deseable. | J.D.M.
