Empresario y profesional, conocedor profundo de la realidad de la comarca, el secretario general del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife reivindica diálogo y acuerdos entre las administraciones y la iniciativa privada para desarrollar las actuaciones que reclama y precisa el Sur, que no recibe la contraprestación que requiere el hecho de ser el motor de la economía insular, sostiene.

Los empresarios y profesionales del sur de Tenerife están trabajando en una hoja de ruta sobre los proyectos necesarios para el desarrollo de la isla ¿Qué impulsa al CEST a realizar esta valoración y estas propuestas?

Llevamos muchos meses trabajando con los actores sociales, económicos y políticos para sacar adelante esta propuesta, que es el resultado de muchas conversaciones desde diferentes puntos de vista. En la pandemia se hicieron visibles muchos de los problemas que el sur de Tenerife venía sufriendo durante décadas. Ese parón, ese momento en el que la economía y la sociedad pendían de un hilo nos sirvió para evaluar y darnos cuenta de que había muchas cosas que hacer. El Sur es el principal motor económico de Tenerife, donde se concentra la mayor parte de las inversiones, genera ingresos para las familias de la Isla y no puede continuar con deficiencias en cuestiones claves para el desarrollo, como la formación, la sanidad o las infraestructuras. Decidimos ponernos manos a la obra, nos reunimos con administraciones y representantes de varios sectores. No solo teníamos que hacer ver los problemas a los que nos enfrentamos, sino que teníamos que proponer soluciones y manifestar, de una forma clara, el posicionamiento de una parte importante del empresariado y la sociedad del Sur. Siempre hemos tratado de tener en cuenta todas las realidades que conviven en la comarca: las particularidades de cada municipio, las de cada sector productivo y las demandas de la ciudadanía. El resultado es este documento, al que llamamos Ocho pasos hacia el futuro del Sur.

¿Existe consenso con las administraciones?

Desde el CEST, estamos convencidos de que solo a través del consenso entre el sector público y el privado lograremos los avances que requiere el sur de Tenerife para aprovechar el potencial económico y de generación de empleo que somos capaces de impulsar. El trabajo conjunto es la llave que abrirá la puerta al progreso. Por eso, queremos que el documento sea el reflejo fiel de la colaboración de todos los agentes implicados. Sabemos que es un objetivo ambicioso, pero no tenemos ninguna duda de que es el camino que debemos seguir.

¿Cómo se podrían solucionar las carencias de los servicios públicos en la comarca?

El primer paso es reconocer las necesidades que tiene la comarca, que están en su mayor parte perfectamente diagnosticadas por la Administración. Por ejemplo, a pesar de contar con un sector privado pionero en sus propuestas turísticas, hay muchas infraestructuras públicas que debemos mejorar para ofrecer una buena experiencia a los visitantes y estar a la altura de ese esfuerzo inversor realizado por el sector privado. Lo mismo pasa con cuestiones que afectan a las personas que residimos en el Sur, incluso las más cotidianas. Son necesarios varios centros escolares que puedan atender a niños y jóvenes de los municipios. Ocurre igual con el Hospital, que aún no sabemos cuándo podrá incluir todos los servicios necesarios. Esperamos que este documento sea el primer paso, o los ocho primeros, para que las administraciones adecuen los servicios públicos a la realidad del Sur. Las necesidades de la población residente, que ha crecido muchísimo en los últimos años, hace ineludible la apuesta por nuestra comarca. La solución es invertir, porque cada euro que se invierta aquí producirá un efecto multiplicador en la economía de Tenerife.

¿Cuál es la solución al colapso de las infraestructuras?

Este colapso surge por el desequilibrio entre el crecimiento del Sur, su población y su economía y el inmovilismo en materia de infraestructuras, que se quedan obsoletas y saturadas. No solo es necesario por la comodidad y la seguridad de todos los que las usamos, sino que está demostrado que tienen un retorno económico directo para la población. Hemos visto, durante los últimos años, una discusión excesiva de los proyectos. Al final, algunos grupos pequeños se dedican a hacer ruido alrededor de ellos, acaparando la atención mediática y generando ruido que ni siquiera es proporcional a su representatividad. Y así el Sur se va quedando sin infraestructuras necesarias, que pueden mejorar la vida de quienes viven en toda la Isla, así como de los turistas. Debemos huir de este exceso de discusión y debate en torno a cada decisión que se toma para hacer del Sur un lugar más próspero. Los informes técnicos son los que tienen que establecer la idoneidad de cada proyecto. Cuestiones como la sostenibilidad o el cuidado del entorno no están reñidas con el progreso, pero, a menudo, se establecen posturas totalmente obcecadas y carentes del mínimo conocimiento. A estas alturas, las administraciones competentes tienen un diagnóstico exacto y una relación de proyectos para dar solución a los problemas de movilidad que sufre el Sur. No es aceptable la histórica lentitud para su puesta en marcha.

Ustedes denuncian el freno en las inversiones debido al exceso de normativa y fiscalidad. ¿Qué vía debe tomar Canarias para ser un entorno privilegiado para la inversión local y extranjera?

Lamentablemente, con frecuencia tenemos conocimiento de la paralización de proyectos que resultarían claves para la recuperación de nuestra economía y la creación de puestos de trabajo estables y cualificados. Estamos perdiendo inversiones millonarias que hubieran contribuido a la recuperación y a la diversificación. Canarias está a la cola de las comunidades autónomas, con tan solo 41,5 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021. Este dato es alarmante y deja claro que algo está fallando, a pesar de tener uno de los paquetes de incentivos fiscales más completos de Europa y el más ventajoso del país y una posición geoestratégica privilegiada para implantar proyectos internacionales. Todo ello sin profundizar en la inseguridad jurídica que sienten los posibles inversores cuando ven que su proyecto, después de una larga y terrible tramitación, contar con todas las licencias y cumplir con la legislación puede paralizarse en el momento menos pensado.

Aparecen varios aspectos medioambientales en estas ocho propuestas…

Por supuesto. Tenerife es una Isla de una gran belleza y riqueza natural y esa es una realidad que debemos preservar por conciencia y porque es parte de nuestra fortaleza. Somos canarios y amamos nuestra tierra. Por eso, debemos poner al servicio de este objetivo la tecnología y el conocimiento científico que tenemos, para que el medio ambiente y el bienestar de los que vivimos aquí sean compatibles. El futuro del Sur debe contemplar proyectos que vayan en esta línea, como la ejecución urgente de estaciones depuradoras y otras infraestructuras hídricas, que está gestionando con éxito el Consejo Insular de Aguas, o la regeneración de la Reserva Natural de Montaña Roja. Además, como ya dije anteriormente, creemos que estos valores no están reñidos con el progreso y la generación de riqueza.

Durante la pandemia, el sector del ocio se quejó de ser el gran olvidado. El CEST proponen ahora crear una Dirección General de Ocio y Hostelería…

No solo durante la pandemia. Es una realidad que denunciamos en el Congreso Nacional de Ocio que organizó el CEST en 2019. Dentro de la industria turística, el ocio supone el 2,3% del PIB de Canarias, con una facturación anual que superó los mil millones de euros, y sostiene unos 85.000 empleos. No son datos desdeñables. Hay sectores productivos que con cifras de este nivel o inferiores cuentan con consejerías dedicadas a su actividad. La profesionalización de este sector en los últimos años ha sido constante y ha perseguido la calidad para ofrecer los mejores servicios. Sin embargo, la normativa para este tipo de locales conlleva costos para los empresarios que, además de no ser necesarios, son inasumibles muchas veces. Necesitamos un marco cierto y riguroso que impulse a mejorar la oferta, en lugar de poner obstáculos. Por eso, vemos necesaria una administración que se dedique a ello, que escuche a profesionales y a la población para establecer un marco normativo coherente y que se adapte a la realidad de Canarias.