Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, tiene claro que «el proceso de la obra del talud en Las Bajas está enquistado y terminará en el juzgado». Asume que es la vía judicial la que determinará la solución definitiva al exceso de gasto que registra esa intervención, que de los 342.865 euros por los que fue contratada la facturación de los trabajos pasa a sumar casi millón y medio, cifra que ayer negó al Pleno el concejal de Urbanismo y alcalde en el momento de decidir e iniciar esta obra, Airam Puerta.
El edil explicó que la continuidad de los trabajos, declarados de emergencia inicialmente, fue adoptada por la técnica municipal de Contratación, el representante de la UTE, el director de la obra, el propio Puerta en su condición de alcalde y la interventora, «de manera telefónica». Todos «conveníamos» seguir con la obra «habilitando crédito por los cauces legalmente establecidos, atendiendo a la emergencia declarada y en vigor», según el hoy responsable de Urbanismo.
Ante el Pleno, afirmó que la empresa fue la que propuso realojar a los vecinos de Las Bajas y subrogar el coste del arrendamiento, así como buscar las viviendas alternativas. El objetivo era acelerar el comienzo de las obras. Ocurrió una vez adjudicados los trabajos y sin tener indicios de que solo abonarían los primeros tres meses de la ejecución de la obra, dijo.
Para conocer por qué el Ayuntamiento no paga ese exceso de coste de la obra, Puerta remitió al PP –partido que pidió el pleno extraordinario celebrado ayer– a los servicios jurídicos municipales, que, a su vez, trasladó a los populares al informe que elaboró en noviembre pasado.
Por su parte, el alcalde espera habilitar con diligencia los mecanismos que permitan aportar ayudas a los vecinos de Las Bajas realojados y ya en situación de desahucio por impago del alquiler.
Además, Gustavo Pérez fue rotundo al asegurar que «no existirá una pirámide en la plaza del Ayuntamiento», contemplada en un proyecto para la reforma de la misma que ha generado debate y críticas en la sociedad güimarera.
