Granadilla de Abona da los primeros pasos para crear un órgano de evaluación ambiental. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta de modificar el reglamento orgánico. Con ello, sienta las bases de este órgano para el ejercicio de las atribuciones de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos de ámbito local, en base a su protección medioambiental y sostenibilidad.
El concejal de Urbanismo, Rubén Casañas, argumenta que se trata de un «paso importante» para Granadilla de Abona «porque se avanza en la creación de un instrumento que acompañará al desarrollo urbanístico y promoverá la preservación del medio ambiente y los criterios de sostenibilidad». Este órgano acompañará el desarrollo urbanístico y la implantación de actividades, «asegurando que sea sostenible e integrador, indispensable para la protección del medio ambiente, y facilitando herramientas para incorporar criterios en las decisiones estratégicas a través de la evaluación de planes, programas y proyectos antes de su aprobación, desde la propia fase de su diseño».
Casañas destaca que este instrumento permitirá la puesta en marcha de diversos proyectos y planes urbanísticos «de calado para el desarrollo del municipio». Facilitará la previsión de posibles efectos sobre el entorno «con la suficiente antelación como para identificarlos y corregirlos de forma adecuada». Además, puntualiza, se agilizarán los proyectos y planes relevantes para el desarrollo de Granadilla de Abona «que, de otra manera podrían sufrir un retraso en su ejecución, puesto que dependería de la resolución de otras administraciones».
El equipo humano que conformará el Órgano de Evaluación Ambiental de Granadilla (OEAG) contará con un máximo de cinco profesionales y especialistas en materias como economistas, juristas, geógrafos, ambientalistas y arquitectos.
Entre sus competencias se encuentra elaborar el análisis técnico y de evaluación ambiental sobre la ordenación pormenorizada del Plan General; estudiar los planes o programas municipales cuya autorización corresponda al Ayuntamiento y el impacto ambiental de los proyectos previstos en la Ley del Suelo, así como en la Ley de Evaluación Ambiental.
