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Granadilla de Abona

Vecinos de la calle La Graciosa, con orden judicial de desalojo para el próximo día 17

Desmienten la propuesta de alquiler social que anunció la empresa que trata de desalojarlos

Edificio que ocupa el número 42 de la calle Isla de La Graciosa. E. D.

Las 48 familias que residen en el edificio situado en el número 42 de la calle Isla de La Graciosa de San Isidro (Granadilla de Abona) niegan una oferta de alquiler social o de dinero para abandonar las viviendas y confirman que están recibiendo la comunicación judicial por la que serán desahuciadas el próximo día 17. Con ello, desmienten a la empresa Desokupa, que trató de desalojar el inmueble entre el miércoles y el viernes pasado.

Los vecinos que residen en este edificio en calidad de ocupantes, algunos lo hacen desde hace más de una década, esperan para mañana la llegada de entre 30 y 40 efectivos de la empresa dedicada a desocupar viviendas. David Esteve, responsable de Desokupa, anunció el viernes –a través de una publicación en redes sociales–, que retornaría con ese personal y un propósito: «Ahora os vamos a desocupar sí o sí. Eso os lo puedo garantizar».

Esteve lidera una empresa cuyas actuaciones han generado mucha controversia. Fue quien hizo público que la propiedad ofertó a los vecinos un alquiler social de 450 euros al mes por vivienda y que once de ellas firmaron acuerdos para abandonar sus casas a cambio de 1.500 euros por piso para un alquiler provisional en otro lugar. Asimismo, defendió como legal la intervención de Desokupa en este edificio al haberla comunicado «vía online» al Ayuntamiento de Granadilla de Abona. El Consistorio aseguró tener constancia solo de una comunicación, pero negó tener potestad para intervenir.

Sin agua y con poca luz

Todos los extremos fueron desmentidos ayer por los vecinos que el pasado miércoles vieron cómo un equipo de Desokupa accedió al edificio a través de uno de los portales hasta la azotea, donde sustituyeron la puerta por otra antiokupa, «rompieron varias placas solares y desconectaron los tanques de agua», según los afectados, dejando a los vecinos sin abastecimiento potable y, de forma parcial, sin energía eléctrica.

Son más de 150 las personas que residen en este edificio, entre los que predominan menores y mayores y que configuran familias que perciben el ingreso mínimo vital, otras que se encuentran afectadas por la aplicación de un ERTE, desempleados y/o en situación de vulnerabilidad. Residen en este edificio desde el inicio de la crisis de 2007 como okupas, «con permiso verbal de quienes gobernaban entonces en Granadilla de Abona, pero han hecho todo para adecuar y dotar el inmueble». Sostienen que quieren regularizar la situación y pagar un alquiler social. De momento, cuentan con el apoyo de colectivos sociales y de los vecinos del entorno, que se mantienen en la zona ante el anuncio de que Desokupa volverá con más efectivos.

Colaborar

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) hace un llamamiento a la colaboración y a resistir, asegura que quienes viven en el edificio «tienen autorización de las instituciones» para hacerlo, pero el inmueble «ha sido adquirido por una sociedad limitada que ahora los pretende echar para hacer negocio». Desde este colectivo recuerdan que se trata de una edificación que «estaba abandonada» y que quienes lo han habitado desde hace más de una década son quienes lo han adecentado y dotado de los servicios básicos.

Cabe recordar que David Esteve aseguró haber denunciado presuntas agresiones y amenazas de los vecinos al cámara del equipo que protagonizó la intervención de esta semana y a los vigilantes que dejaron en el edificio, los cuales tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo, dijo. Aspectos también desmentidos por la población afectada.

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