El Ayuntamiento de Arico presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto por el que el Gobierno de Canarias legitima el parque eólico La Morra, ya construido en el paraje Salto del Roque, en las inmediaciones de la urbanización Jardín del Atlántico y próximo a la localidad de Las Listadas. Es decir, de la Autopista del Sur hacia el mar. Este emplazamiento es una de las causas de la oposición del Consistorio ariquero, cuyo Pleno acordó de forma unánime, el 13 de julio de 2013, «mantener la oposición a la instalación de cualquier tipo de infraestructura eólica o fotovoltaica en el área territorial del litoral, comprendido entre la autopista, el mar y los barrancos de Las Eras y El Río».
El BOC del pasado 3 de febrero incluyó un decreto de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias que «legitima la ejecución del proyecto modificado del parque eólico La Morra» al tiempo que, para ello, ordena alterar el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arico para hacer posible la instalación de este parque, ya construido. Este último aspecto es otro de los motivos del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). A juicio del gobierno local, «el decreto vulnera la autonomía municipal».
El Ejecutivo dio luz verde a un parque eólico con una potencia nominal de 7,05 MW (megavatios), tres aerogeneradores de 2.350 kW (kilowatios) de potencia unitaria, 78,3 metros de altura y un diámetro de 92 metros. También autorizó la petición de modificar el trazado de la línea de evacuación en 20 KV (kilovoltios) desde el centro de control del parque eólico La Morra hasta la subestación Tagoro, de 66 KV, mediante la ejecución bajo la autopista del Sur a la altura del kilómetro 43,5, al paso por Abades.
Se da la circunstancia de que el 10 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió sentencia firme retrotrayendo el expediente para construir este complejo al momento en que el Ejecutivo regional lo autorizó (1 de agosto de 2016), sin haber cumplido el trámite de consulta al Ayuntamiento de Arico.
El alcalde, Sebastián Martín, dice que se llega a esta situación por la falta de diálogo en la que incurre el Ejecutivo regional
El alcalde, Sebastián Martín, considera que la necesidad de «defender los intereses del municipio» en la vía judicial «evidencia, en este caso, la falta de diálogo y capacidad de entendimiento del Gobierno canario con Arico». Recuerda que este municipio «almacena la mayor concentración de parques eólicos y fotovoltaicos de la Isla, muchos de ellos por imposición». Reclama al Ejecutivo «coherencia» y establecer vías de diálogo, cooperación y colaboración, «inexistente con la Consejería de Transición Ecológica, que gobierna a espaldas de un municipio de enorme solidaridad con la Isla». Todo ello, agravado con «la falta de planificación del Gobierno canario y del Cabildo, lo que genera inseguridad».
Andrés Martínez, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, anuncia que «vamos a llegar hasta el final», teniendo en cuenta que la situación en esta materia no cambia ni mejora, «porque nos seguimos enterando de autorizaciones para instalar parques fotovoltaicos a través del boletín oficial y de la prensa. Queda claro el desinterés por llegar al consenso».
