El director del Hogar Santa Rita, Tomás Villar, entró a declarar este viernes 11 de marzo a las 10:14 horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Puerto de la Cruz a bordo de un Mercedes rojo y a través de la puerta del garaje, lo que le permitió eludir a los cuatro medios de comunicación que esperaban su llegada en la calle, donde no había ni siquiera curiosos. Villar, que estaba citado simplemente como investigado, pudo beneficiarse de una vía nada habitual de acceso al juzgado. Una entrada en coche y por el garaje que no han utilizado al ser citados a declarar ni el que fuera presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo; ni el ex yerno del Rey de España Iñaki Urdangarín, ni más recientemente el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez.
Según informó este viernes el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el magistrado instructor de las diligencias de investigación penal por las supuestas irregularidades en la gestión del Hogar Santa Rita, denunciadas por la Fiscalía, «ha autorizado la entrada del investigado por una vía no habitual tras constatar la difusión este jueves 10 de marzo de una noticia informando de la fecha y hora de su toma de declaración, con su nombre y apellidos, en contra de lo que establece la Ley de Protección de Datos y en una fase del procedimiento que no es pública, además en referencia a una persona que tampoco lo es».
Desde el TSJC se advierte de que «el protocolo de comunicación del Consejo General del Poder Judicial sólo facilita la toma de imágenes de las personas investigadas cuando el proceso llega a la fase de juicio oral, en el momento del plenario, en la sala y no en los pasillos».
La autoridad judicial también dictó una providencia en la que se acusa directamente a la Ser (Radio Club Tenerife) de «promover un juicio paralelo» por informar de la citación de Tomás Villar, pese a que la polémica por la intervención sanitaria y las presuntas irregularidades en el Hogar Santa Rita ocupan desde hace meses espacio en los medios de comunicación de ámbito regional y nacional, al tratarse de la mayor residencia de mayores de Canarias, con 427 empleados y más de 500 mayores y dependientes acogidos.
El proceso judicial, aún en fase de diligencias previas, que afecta al Hogar Santa Rita tiene su origen en un demoledor informe emitido por personal del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc) a finales de 2020, que hablaba de brotes de sarna y de casos de desnutrición y deshidratación. Ese informe sanitario derivó en la denuncia de la Fiscalía que fue admitida a trámite por el juzgado el pasado 17 de noviembre de 2021. Esta investigación debe aclarar ahora si se han cometido delitos de maltrato o, incluso, de homicidio imprudente, debido a la veintena de fallecimientos por los brotes de Covid-19 en este centro fundado en 1981 por el padre Antonio.
El presidente de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita, Roque Silva, pasó en la mañana de este viernes 11 de marzo cerca del Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto de la Cruz y al ser requerido por los medios rechazó dar su versión y cargó contra los informadores: «No queremos saber nada de la prensa, nos han maltratado mucho».
Providencia contra la información
El juez que lleva las diligencias de investigación penal por el caso Santa Rita dictó el pasado jueves 10 de marzo un providencia en la que insta a los medios de comunicación a «canalizar cualquier petición de información sobre este asunto a través del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias». En esa providencia considera que la Cadena Ser publicó «información sensible que carece de todo interés público, entorpece el buen desarrollo del proceso y promueve un juicio paralelo». Y añade que esa información «sólo ha podido ser transmitida por las partes personadas». En particular, el juez censura que la Ser informara de que el director de Santa Rita había sido citado a declarar este viernes.
