El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Social y Sociosanitario, ha acordado con los 31 municipios de la Isla retomar el programa de Turismo Social para mayores. El proyecto se reanudará a partir de este mismo año y, de manera transitoria, se establecerán algunos cambios para ajustarlo a la situación sanitaria actual.

La vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social, Marián Franquet, mantuvo esta semana un encuentro con representantes de los municipios en el que presentó una propuesta de Turismo Social centrada en el ámbito insular que, según la consejera, fue muy bien recibida por todos los ayuntamientos.

Según explicó Franquet en la reunión, en la que se combinó la participación presencial y online, "el objetivo es relanzar este programa que tradicionalmente ha tenido muy buena acogida y ha sido muy beneficioso para las personas mayores beneficiarias que, sin el apoyo de la administración, difícilmente podrían viajar".

La consejera recordó que en anteriores ediciones este programa estaba cofinanciado a partes iguales entre el Cabildo, los ayuntamientos y los propios beneficiarios. No obstante, este año y con el fin de facilitar la reanudación del programa, el Cabildo asumirá el 100% de los costes, mientras que los ayuntamientos se encargarán de hacer la selección de las personas mayores, de acuerdo con unos criterios mínimos establecidos por la Corporación insular en relación con su edad y el nivel de renta familiar.

Asimismo, Acción Social contará también con los ayuntamientos para proponer y diseñar el ocio que se va a ofertar a los mayores dentro del programa de Turismo Social.

"Nuestro objetivo es poder ofrecer a los mayores que lo necesiten un respiro, aunque garantizando su seguridad y control, dadas las condiciones sanitarias actuales, y ayudando al mismo tiempo a dinamizar la economía de la isla", añadió Franquet, que cifró en 576 el número de plazas que se van a ofertar.

Bajo estas condiciones, el área insular de Acción Social y los ayuntamientos acordaron iniciar los trámites para licitar la prestación del servicio y distribuir las plazas previstas, de acuerdo con el número de personas mayores de 65 años que haya censado en cada municipio.