La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias renovará mañana, por última vez, la autorización para verter agua al mar desde el Polígono Industrial Valle de Güímar. Para ello, los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar tendrán que cumplir medidas restrictivas como reducir el 30% del caudal y los elementos contaminantes respecto a las prórrogas otorgadas en octubre de 2020 y en noviembre del año 2021. Ello obligará a transportar cada día a la depuradora industrial del Polígono La Campana (El Rosario) 360 metros cúbicos del caudal de agua residual que genera el Polígono de Güímar. Su coste está por definir, pero se aproxima a 300.000 euros al mes.
Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, asegura que no cesará la actividad industrial en el Valle de Güímar ni se pondrá en riesgo el empleo. En este complejo se mantienen operativas más de 200 empresas que generan en torno a 3.000 puestos de trabajo.
El Consejo Insular espera comenzar a tratar toda el agua residual del Polígono Industrial el día 28 de este mes
A esta situación se llega porque se retrasa el final de la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari), por la falta de material imprescindible debido a la crisis en el transporte, derivada de los efectos de la pandemia. Ello obliga al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), organismo que gestiona este proyecto, a modificar el Plan de Etapas y a que los municipios soliciten la prórroga de la autorización para verter al mar.
En consonancia con ese Plan de Etapas, Javier Davara, gerente del Ciatf, anuncia que el 28 de marzo será cuando la depuradora industrial "empiece a depurar completamente las aguas residuales" del Polígono Valle de Güímar. Hasta entonces, Candelaria, Arafo y Güímar invertirán 90.000 euros al mes cada uno para realizar 36 viajes cada día a la Edari de La Campana, aunque hay cálculos más optimistas.
La clave: la depuradora de La Campana
La depuradora de aguas residuales industriales del Polígono La Campana aparece como esencial para resolver el problema de los vertidos al mar desde el Polígono Valle de Güímar. Es ahí a donde el Consejo Insular de Aguas de Tenerife determina que deben trasladarse 360 metros cúbicos de agua residual cada día. La depuradora de La Campana es propiedad del Ayuntamiento de El Rosario, cuyo alcalde fue denunciado ante la Fiscalía por la oposición (PSOE-CC-Podemos) y su construcción contó con 1,5 millones del Cabildo a propuesta de CC, rechazada por PSOE y Cs, pero apoyada por Podemos. La jueza le dio la razón al regidor, Escolástico Gil, en un auto que realza la legalidad de la actuación que impulsó el mismo alcalde que debe autorizar el depósito de vertidos en una infraestructura que le cuestionaron en la vía judicial.
Desde el pasado diciembre, está operativa la planta de pretratamiento, que reduce la contaminación del agua vertida al mar de forma notable, según los técnicos. El próximo 30 de noviembre culminará el periodo de pruebas de la depuradora industrial del Valle de Güímar y se procederá a su entrega. Así lo expone Davara y así será si se cumple el Plan de Etapas que ayer aprobaron los municipios afectados. No sin sorpresas.
Arafo
Con el voto del gobierno municipal (CC-PSOE) y la abstención de PP e IU, el Pleno arafero dio el visto bueno al documento ayer, día en el que expiró la autorización de la Viceconsejería de Transición Ecológica para los vertidos del Polígono de Güímar. Corregía un acuerdo previo, adoptado el jueves pasado, por no ajustarse a lo que demanda el Gobierno regional.
Candelaria
Corrección que también hizo la Villa Mariana, donde el grupo de gobierno contó con el respaldo de Vecinos por Candelaria y la abstención de CC, PP y Ciudadanos. Solo Sí se Puede votó en contra, defendió que la autorización está caducada desde septiembre de 2020 y pidió poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía "por si pudiera constituir un nuevo delito contra el medio ambiente y de prevaricación". La alcaldesa, Mari Brito, reprochó a la concejal, Lourdes Mondéjar, su desconocimiento del expediente ya que la autorización de vertidos "está prorrogada".
Güímar
El Pleno güimarero también dijo sí al nuevo Plan de Etapas. Lo hizo con el apoyo del gobierno municipal (CC-PSOE), salvo de la concejala socialista Beatriz Perdono (se abstuvo), y del PP, excepto Francisco Armas que votó en contra, junto a Nayra Caraballero (IUC). Se abstuvo Raquel Díaz (Cs) y no asistió Carmen Luisa Castro (PP). Gustavo Pérez, el alcalde, entiende que los ayuntamientos del Valle de Güímar "pretendemos asegurar que se cumple la normativa y garantizar la actividad empresarial y el empleo".
