La jueza indaga los indicios de corrupción en la compra del Cabildo de dos terrenos en Geneto

Una juez investiga una corrupción en la compra de fincas del Cabildo al Tenerife Daniel Millet

La jueza apunta, en el auto por el que abre las diligencias judiciales, el posible carácter delictivo de una operación que se remonta a hace 10 años, cuando estos representantes de la empresa del Cabildo aprobaron en cuatro consejos la adquisición con dinero público –18,9 millones– de los dos solares de la ciudad deportiva de Geneto, en La Laguna, de 30.700 metros cuadrados, con el pretexto de construir allí un centro tecnológico. Luz Casañas, que se ha hecho cargo del caso Geneto tras inhibirse el juzgado de instrucción 3 de La Laguna en el que el ministerio público presentó su denuncia, expone que la compra «no se justifica desde el punto de vista de la idoneidad» pues se aprobó cuando ya se sabía que esos terrenos no iban a acoger el centro científico, sino que este se iba a construir –de hecho se construye en este momento– en Cuevas Blancas, Santa Cruz de Tenerife.

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Además, Luz Casañas considera que el caso Geneto incumple la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas porque el precio «no se corresponde con el de mercado». Según detalló la Fiscalía en su denuncia, admitida ahora por la jueza, el Cabildo compró estos terrenos a un precio superior al real al basarse en una tasación que utilizó precios de zonas urbanas del centro de Santa Cruz de Tenerife, cuando los 30.700 metros cuadrados sobre los que orbita este caso se encuentran en Geneto, a las afueras de La Laguna, una zona mucho más barata. Esta tasación, añade la magistrada, habría además «caducado al tiempo de ser otorgada». La operación, según concluye la jueza, «habría causado un grave perjuicio económico» a Parque Científico y Tecnológico que «la habría llevado a una situación de desequilibrio financiero y a precisar aportación de recursos externos». Todavía hoy el Cabildo sigue transfiriendo importantes fondos públicos a esta empresa pública para garantizar su funcionamiento.

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Julio Pérez era vicealcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que representaba como consejero de Parque Científico y Tecnológico, gestionada por el Cabildo con representación de otras administraciones y entidades locales. El consejero de Justicia votó a favor en uno de los consejos de administración de la operación urbanística que ahora está bajo la lupa de la Justicia. Los nacionalistas Ricardo Melchior, como presidente del Cabildo, y Carlos Alonso, como consejero de Economía, lo hicieron en los cuatro que conforman el caso y apoyaron la compraventa desde el principio, y el otro socialista, José Luis Delgado, en dos consejos como consejero insular de Carreteras.

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También aparecen como denunciados, en el auto de la titular del juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz, y por los mismos delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas– y malversación –administración desleal o impropia de los recursos públicos– los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC) y María del Pino León (CC); y el concejal de La Laguna Sergio Alonso (CC, hermano de Carlos Alonso), que en uno de los consejos de administración investigados representaba a la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna. La lista de denunciados se completa con el exdirector insular de Innovación, Juan Antonio Núñez; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez; y el único de los 10 denunciados que no era consejero, el letrado de Parque Científico y Tecnológico, José Luis Luengo, quien avaló la legalidad del procedimiento seguido en esta operación urbanística.

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La denuncia que ha motivado la apertura de esta investigación –de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que dirige la fiscal del caso Las Teresitas, María Farnes–, se basa a su vez en un informe elevado a la justicia por el actual gobierno del Cabildo de Tenerife, formado por PSOE y Ciudadanos con el apoyo externo Sí Podemos. El 9 de octubre de 2020, Antonio Messía de Yraola, interventor general del Cabildo, firma un escrito que denuncia «un menoscabo de caudales públicos» en esta compleja e intrincada operación por la que el Cabildo compró los terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife. El interventor ve indicios para actuar contra los responsables de esta compraventa por suponer un «uso irregular de fondos públicos».

Una juez investiga una corrupción en la compra de fincas del Cabildo al Tenerife

El escrito del interventor, que se nutre de otros previos del Parque Científico y Tecnológico, alerta de una sucesión de irregularidades en la operación constitutivas de los delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable. La Fiscalía secunda en su denuncia las principales conclusiones del informe Messía pero limita los delitos a prevaricación y malversación y no destaca en sus conclusiones un punto relevante de las del interventor insular: los terrenos se habrían comprado por un valor cinco veces superior al real. La jueza secunda ahora las conclusiones del fiscal Domingo González.

Una juez investiga una corrupción en la compra de fincas del Cabildo al Tenerife La Provincia

Sí coinciden ambos escritos –el del interventor y la Fiscalía– en que la compraventa fue más allá del interés público. El fiscal Domingo González subrayó en su denuncia que «supuso la salida del sector público de una gran cantidad de dinero público con destino al CD Tenerife SAD, que era una entidad privada [y lo sigue siendo], y a la sociedad NAP de África Occidental Islas Canarias SA, cuyo capital, en la época, pertenecía en un 50% al Instituto de Energías Renovables (ITER, entidad pública del Cabildo) y en otro 50% a empresarios de la Isla». Son las dos entidades a las que el Cabildo compró los terrenos por 19 millones de euros.

Para la indagación de los hechos investigados, la jueza pide la práctica de las diligencias solicitadas por el ministerio público: el expediente administrativo completo, la documentación del préstamo que concedió CajaCanarias a la sociedad NAP para que comprara uno de los terrenos que luego vendió al Cabildo, copias de los contratos y resoluciones que desembocaron en la operación, documentación sobre el papel que jugó el CD Tenerife, el informe que defendía que los terrenos de Geneto no reunían las características para la función para la que fueron comprados –albergar un centro tecnológico– y la resolución por la que se aprobó que esa instalación se ubicara en Cuevas Blancas y no en Geneto, anterior a la ejecución de la compraventa.

La otra justificación que se empleó para llevar adelante esta operación fue salvar al CD Tenerife de la precaria situación económica en la que se encontraba entonces, con una deuda millonaria.